«Se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa», expresó la entidad ante la decisión.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionó la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8, por la cual se prohíbe “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre” al periodista Jorge Lanata y a su esposa. Mientras el periodista transita una situación de salud, crece el conflicto entre sus hijas y Elba Marcovecchio.
Bárbara y Lola Lanata, hijas del periodista Jorge Lanata, hicieron una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Civil de Familia N°8 en la que solicitan “en forma urgente” la designación de una red de apoyo provisoria para su padre, que permanece internado en el centro de rehabilitación Santa Catalina, en la Ciudad de Buenos Aires.
En la demanda, las hijas Lanata argumentan que la salud del conductor de PPT ha sido frágil durante varios años, y que, luego del paro cardiorrespiratorio sufrido el 14 junio, su situación es crítica, lo que las lleva a tomar medidas para garantizar su cuidado en relación a su salud y tratamientos médicos y preservar su patrimonio. El petitorio se centra en conformar una “red de contención” del que formen parte ellas y sus personas de confianza, para tomar decisiones en nombre de su padre durante el tiempo que dure su recuperación.
Asimismo, el juzgado aceptó el pedido de prohibir a los medios informar sobre la situación de salud y el conflicto entre las hijas y Marcovecchio por el patrimonio del periodista.
«Se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa. El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado», expresa el comunicado de ADEPA titular «un inaceptable caso de censura judicial».
ADEPA recuerda que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa»
«El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación», señala la asociación.
Y concluye: «La censura judicial, en tanto puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público».
