Bloqueado por la falta de consenso, al Congreso peruano se le acaba el tiempo para poder convocar elecciones en 2023. De acuerdo al reglamento del legislativo, si los legisladores no logran ponerse de acuerdo antes del 10 de febrero el proyecto deberá archivarse y no podrá volver a presentarse en los meses siguientes.
El Congreso peruano afronta las últimas oportunidades para reconsiderar un adelanto de las elecciones generales que ponga solución a la crisis política que atraviesa el país. Es que los legisladores deberán aprobar la medida antes de que termine el período anual de sesiones de la primera legislatura 2022-2023, cuyo final está previsto para el viernes 10 de febrero.
Inicialmente el plazo culminaba el 31 de enero pero fue extendido hasta el 10 de febrero con el objetivo de que el pleno del Congreso tuviera tiempo para continuar el debate sobre las reformas constitucionales que exige la población en las protestas masivas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
Manifestantes a lo largo de todo el país han reclamado persistentemente la salida del Boluarte al frente del Ejecutivo, la disolución del Congreso, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), detenido desde el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de autogolpe de Estado en el país.
La urgencia para el Congreso radica en que, de acuerdo al reglamento del legislativo, si un proyecto no es tratado antes del final del período legislativo deberá ser archivado. Cuando eso sucede, el artículo 78 del reglamento establece «no podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones«.
Por tanto, si el proyecto no se aprueba antes del 10 de febrero, las elecciones podrían fijarse recién para 2024 o 2025.
De todos modos, la normativa prevé una excepción, si es que «la mitad más uno del número legal de congresistas» está de acuerdo. Para ello, es necesario el visto bueno de 66 congresistas, que implicaría además, la realización de un referéndum. Esto permitiría que den los plazos para convocar a elecciones en 2023.
Otra de las opciones es alcanzar 87 votos de la legislatura e iniciar el primer paso hacia una una reforma constitucional, aunque esta posibilidad es más alejada debido al escaso consenso que ha mostrado el Parlamento.
En caso de alcanzar los 66 apoyos, el Ejecutivo deberá convocar a un referéndum en un plazo no menor a 60 días y que no supere los 90 días.
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