Marcos Wolman (Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de Argentina), Nora Biaggio (Plenario de Trabajadores Jubilados) y Rubén (de Jubilados Insurgentes) integran tres de las agrupaciones que encabezarán la marcha contra el veto de Milei. En la previa de la protesta en unidad con sectores de la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales, hablaron con Página/12 sobre lo que se pone en juego en la sesión de Diputados. Los dirigentes cuestionaron el giro de los legisladores radicales que, tras reunirse con el Presidente, dieron vuelta su voto (“unos sátrapas que se venden al mejor postor”, los definieron). Y advirtieron que el Gobierno libertario va hacia la desfinanciación del sistema jubilatorio con el fin de ir hacia un sistema privatizado.
-¿Qué se pone en juego este miércoles?
Marcos Wolman: La mayoría de los jubilados y pensionados, más de 5 millones de un total de 7 millones de jubiladas y jubilados nacionales, cobran la mínima, que hoy es de un neto de 297.550 pesos sumando la jubilación más el bono, una cifra con la que es imposible subsistir. El aumento que Milei vetó es un aumento insuficiente, de apenas un 8,1 por ciento que llevaría el haber mínimo de 316 mil pesos. Es decir que no resuelve la situación, pero es un pequeño avance y hay que defenderlo. Nosotros marchamos por eso y en defensa de todo el sistema jubilatorio, que este gobierno está desfinanciando.
Nora Biaggio: Al vetar la ley, el gobierno de Milei veta también pagar lo que le debe a las provincias por coparticipación de los fondos previsionales, impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Veta además pagar los juicios con sentencia firme que ganaron los jubilados, es decir que veta una ley que dice que tiene que cumplir con una ley. Esto expresa que hay un gobierno que ejerce poderes dictatoriales con los DNU y que sólo se sostiene con el apoyo de una oposición que no es dialoguista, sino sostenedora de las políticas de hambre contra los jubilados y los trabajadores
Rubén: A los jubilados nos sacaron además el 40 por ciento de los medicamentos, es una animalada. Creo que esta marcha no es solamente por los jubilados, es para torcer el brazo y la mala dirección en la que va la política económica y su orientación de derecha.
-¿Qué expectativas tienen en la sesión? Un grupo de diputados radicales, que votó la ley, se reunió con MIlei y ahora aprobaría su veto.
NB: La posición de los diputados radicales que ahora están planteando que apoyan el veto en nombre de las cuentas fiscales es una verdadera calamidad, en el sentido de que hacen sospechar que se mueven por coimas. No hay razón para ese cambio, salvo haber sido comprados.
R: La verdad es que no tenemos muchas expectativas con estos sátrapas, que se venden al mejor postor. Todo va a depender de la cantidad de personas que vayamos a manifestar.
MW: El Poder Ejecutivo está haciendo todas las maniobras para impedir que el veto sea anulado. Estos diputados radicales aprobaron la ley, pero ahora parece que van a cambiar su postura a cambio de cosas que han conseguido sus provincias o vaya a saber para quién. Es de una gravedad absoluta, porque afecta a la representatividad del sistema político.
-¿Cuánto han crecido las agrupaciones de jubilados a raíz de esta crisis?
R: En septiembre del año pasado eramos 17 o 20 los que empezamos a concentrarnos frente al Congreso. Hacíamos un semaforazo, hasta que nos planteamos dar la vuelta al Congreso, como las Madres a la Plaza de Mayo. El miércoles pasado eramos 2500. Nosotros empezamos a manifestar en el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, porque ya estábamos mal, y ahora estamos peor.
MW: Las marchas de los jubilados, los días miércoles, no empezaron ahora sino en 1993, con la ley de creación de las AFJP. Lo digo para poner en dimensión que esto no se trata sólo del problema puntual que tenemos hoy, sino que es una discusión que va a seguir. La jubilación es una conquista de la clase trabajadora, pero ante la prolongación de la expectativa de vida, que es una conquista del pueblo, un avance logrado por la ciencia, los sectores de poder, el FMI y estos gobiernos que representan los intereses de los grupos económicos buscan instalar la idea de que las jubilaciones son un gasto “y hay que ver cómo se afronta”. No se trata del problema de hoy, en la Argentina, sino que hay un plan que es global: quieren ir a un sistema privatizado, en el que el estado no tenga ninguna responsabilidad sobre los jubilados.
