Al menos 34 personas murieron baleadas en las calles de La Paz en un insólito enfrentamiento entre policías y militares que tuvo lugar en la céntrica plaza Murillo en 2003. Dialogo con testigos que, dos décadas después, recordaron el clima de anarquía generado por un desacertado anuncio del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Por Sebastián Ochoa.
El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) suele ser recordado por su responsabilidad en la llamada Guerra del Gas, que en 2003 costó la vida de al menos 67 personas, mayormente pobladores de la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz. Sin embargo, también hay otra masacre que se le atribuye al exlíder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), desde hace 20 años refugiado en Miami, Estados Unidos.
El 9 de febrero de 2023 se cumplieron dos décadas de Febrero Negro, cuando al menos 34 paceños, policías y militares murieron en las calles de la capital boliviana. Ese día, Sánchez de Lozada anunció por cadena nacional la creación de un nuevo impuesto a los salarios.
Se preveía una escala que iba del 4,2% al 12,1%, según los ingresos del trabajador. En ese momento el sueldo mínimo era de 60 dólares (440 pesos bolivianos). En una población de por sí empobrecida, la medida del Gobierno causó amplio rechazo.
Se movilizaron sindicatos obreros, de docentes, de todo tipo de trabajadores. Y también los efectivos de la Policía Nacional repudiaron el «impuestazo«, por lo cual entraron en huelga. Un hecho imprevisto desató un enfrentamiento entre los uniformados y las Fuerzas Armadas en plena plaza Murillo, en el centro de La Paz. Como resultado, quedaron decenas de fallecidos, 182 heridos de bala y Sánchez de Lozada tuvo que retroceder con su medida.
El 12 de febrero, a tres días del anuncio presidencial, el clima político no dejaba de calentarse. Ese día, estudiantes del Colegio Ayacucho, a cuatro cuadras del Palacio Quemado, marcharon porque «tenían un problema interno», contó a Sputnik el periodista, escritor e historiador Edgar Ramos Andrade.
Esa misma mañana, los policías se habían replegado. No patrullaban las calles. En la capital paceña, se habían reunido en la sede de la actual UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales) a media cuadra de la plaza Murillo.
«Los chicos del Ayacucho entraron a la plaza y no había Policía. Por la protesta que ellos tenían comenzaron a arrojar piedras al Palacio de Gobierno«, contó Ramos. Como respuesta, desde adentro del edificio los militares a cargo de la custodia presidencial lanzaron gases.
«Ahí comenzó la balacera. Los chicos del Ayacucho escaparon, porque eran adolescentes que no esperaban esa reacción», dijo el periodista. Durante toda la tarde, la plaza Murillo fue un campo de batalla. Aún hoy algunos de los edificios que la rodean tienen marcas de balas en las paredes.
Los militares se ubicaron en el techo del Palacio Quemado y en la Catedral de al lado. En la otra esquina, los policías ocupaban la cima de la Cancillería.
Además de los muertos y heridos entre los uniformados, varios civiles fueron alcanzados por las balas mientras hacían sus actividades al mediodía en el centro paceño. «Seguramente han fallecido algunas personas más, porque muchos quedaron moribundos. Algunos estaban por la calle y les llegó una bala perdida», relató Ramos Andrade.
Salven a Coca Cola
Cuando comenzó el tiroteo, todas las instituciones públicas y privadas de La Paz cerraron sus puertas. Se aconsejó a los trabajadores volver a sus casas. Ramos Andrade vivía en la ciudad de El Alto, donde —lo mismo que en La Paz— hubo marchas y saqueos de varios edificios, inclusive en el depósito de Aduana Nacional, la empresa de agua de El Alto y la sede del Gobierno municipal, que desde entonces se conoce como «la Alcaldía Quemada».
En esta ciudad funciona la fábrica de Coca Cola, en cuya puerta se reunieron manifestantes para tomarla. «Pero no pudieron, porque en helicóptero llegaron refuerzos militares para evitar el asalto«, recordó el historiador.
En La Paz los manifestantes saquearon y quemaron las sedes de los partidos políticos que apoyaban a Sánchez de Lozada, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el MNR, además de varias instituciones públicas.
Sangre en la plaza
El fotoreportero peruano-boliviano José Luis Quintana, conocido como El Pata, estuvo en la plaza Murillo en medio de la balacera. Ingresó en un momento en que organizaciones de Derechos Humanos intentaban mediar entre ambos bandos. «Pero no hubo acuerdo, se replegaron y se reanudó el enfrentamiento con disparos y gasificación«, contó a Sputnik.
En una esquina «me cobijé bajo un arbolito cuando empezó la gasificada y la metralla. Sentí que caían hojas sobre mí, me quedé ahí», rememoró Quintana. Cuando se dispersó el gas, vio a unos metros a un bombero de la Policía. «Tenía un lanzagranadas vacío. Y me gritó: ‘Agáchate que esas eran para vos'».
El fotógrafo vio que la pared ante sus ojos estaba repleta de huecos de bala, menos en el espacio del árbol cuyo tronco lo protegía. «Se cayeron las hojas por las ráfagas de metralla», comprendió.
Estuvo varios minutos refugiado hasta que cesó por un instante el fuego. Aprovechó ese lapso para hacer un recorrido y captar varias imágenes que aún conserva. «Hice registro de heridos, policías en actitud de disparo, manifestantes», mencionó. Tiempo después supo que el bombero cercano también había muerto de un tiro en la cabeza.
En 2008 se anunció que se realizaría un proceso contra los implicados en las muertes. En 2021 se anunció el inicio del juicio contra 15 policías y militares, así como cuatro civiles. Las familias de las víctimas recibieron indemnización, pero esperan un castigo proporcional para los responsables.
Pero tanto Quintana como Ramos Andrade coincidieron en que esto no será posible mientras persista el exilio dorado del ya octogenario Sánchez de Lozada y varios de sus colaboradores en Estados Unidos.
@Sputnik
/ Imagen principal: © AFP 2023 / Aizar Raldes
