“Primero fue el DNU, después la Ley Ómnibus, ahora el control del mar y de los ríos argentinos con buques extranjeros sin autorización del Congreso”, denunció hace unos meses el Dr. César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y ex Secretario de Estado, quien preside el Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL) y es, casi unánimemente, la máxima autoridad argentina en materia pesquera.
Y quien la última semana hizo público un trabajo impresionante, por precisión y espíritu patriótico, titulado «El cometa pesca” y en el que recuerda que “este año vencen las cuotas de captura de varias especies de merluza”, por lo que el mar está revuelto porque el gobierno dizque “libertario» pasó, de pretender licitar el recurso internacionalmente, a que todo siga igual, es decir, concentrado localmente y muy turbio.
Al respecto, Lerena dice que “las principales exportadoras argentinas encabezan las cuotas adjudicadas” y además tienen autorizaciones para pescar langostinos y calamar. O sea: en un escenario donde se capturan unas 325 mil toneladas anuales de recursos pesqueros que son de dominio del Estado y cuyos valores de exportación alcanzan los 26.000 U$S la tonelada, la pregunta lógica es si “ante semejante presente ¿es creíble que no existan ni sombras de corrupción?”
La respuesta es obvia, y tanto así –explica Lerena– que “es común en los ámbitos portuarios argentinos que los permisos de pesca tengan precio, lo que determina que aún los buques pesqueros más caros, sin cuotas ni autorizaciones no tengan ningún valor”. Y es que la adjudicación de cuotas también da lugar a corrupción: “Si el dueño de la pesca es el dueño del pescado, y el Estado le da en concesión la captura de una especie cuya demanda está asegurada, entonces el empresario, sentado en su escritorio y en tiempo real va sabiendo cómo se llena la bodega de un buque para cumplir con la orden de compra que ya fue emitida. El Estado cede así la gallina de los huevos de oro”.
Ya a principios de este año y en otro texto, Lerena denunciaba factores como los altos costos internos, la inflación imprevisible y el rol difuso del Estado. “Este 2024 –explicó para esta columna– comenzó con un intento de reforma del Régimen Federal de Pesca por el cual, mediante el simple pago de un canon, el gobierno podía otorgar todos los recursos pesqueros argentinos a buques extranjeros sin necesidad de desembarcar en puertos nacionales”. Y peor aún, sin utilizar tripulación argentina, sin industrializar las capturas en puertos y territorio argentino, y evitando el pago de impuestos, retenciones, etc”. Joya, nunca taxi. Típico del actual gobierno.
Claro que nada de esto se debe a incapaces –destaca Lerena, con serenidad– sino a quienes “tienen vocación sancionatoria y ejecutan la idea anarcocapitalista de liberar todo”. Lo que equivale a un extraordinario desatino porque nadie puede asegurar la inexistencia de “retornos” millonarios.
“Y así, como no es ni será la primera vez –sigue Lerena– aun fracasando, Federico Sturzenegger consiguió sembrar un estado de pánico en el ambiente pesquero”. Y no sólo en la Argentina sino en todos los países donde vieron peligrar sus negociazos aquí. Por ejemplo los WhatsApp de los gallegos explotaron en ambos continentes porque no querían quedarse sólo explotando ilegalmente en Malvinas”.
Claro que tampoco era sencillo “que todo siguiera igual” y de eso empezaron a hablar algunos medios especializados, como la revista Puerto.com. Y así todo el sector empresario –pesquero, gremial y naviero– empezó a pedir prórroga de las cuotas de captura de todas las especies. Lo que plantea otras preguntas: ¿Son necesarios tales extremos? ¿En las nuevas adjudicaciones no se innovaría en materia de inversiones según la cuantía de las inversiones y su recuperación económica, o aumentando industrialización y valor agregado, y/o con mayor respeto por las autonomías provinciales, así como con planes de desarrollo pesquero y comunitarios auditables?
Lo indudable –sigue Lerena– es que “las cuotas no debe otorgarlas el Consejo Federal Pesquero (CFP) sino una Comisión Técnica ad-hoc designada al efecto” para evaluar y dictaminar previamente la validez de todos los permisos, cuotas y autorizaciones de captura otorgados.
Y además están las exigencias de la ley para que el otorgamiento no produzca concentraciones indeseables en relación al resto de las empresas, para así garantizar la sustentabilidad de las pequeñas sin transferir sus cuotas. Y también para que se incorporen buques con mejor tecnología de eficiencia pesquera y con sistemas de refrigeración para agua de mar que garanticen la calidad del producto capturado y transportado fresco. “Sólo así se podrá mejorar la selectividad de las capturas; que los productos se procesen en el país y se destinen directamente al mercado minorista, nacional o internacional; y que se aprovechen mejor los residuos a bordo o en tierra; y acabar con los descartes en el mar para que se desembarquen y procesen todas las capturas. Y tanto más, como el desarrollo de la producción en acuicultura o maricultura y eso por lo menos”, subraya Lerena.
Tampoco es admisible que, como un coto cerrado, se cierren las puertas a nuevas inversiones. Un porcentual del total de captura debería destinarse a ello, toda vez que se trata de un recurso del Estado dado en concesión a privados para su explotación. Y por supuesto –añade–, alguna vez habrá que poner orden en la administración de los muchos fondos provenientes del pago de derechos, hoy puestos en duda en la Subsecretaría y en el CFP.
Según Lerena hay, además, otro factor importante: la embajada de Estados Unidos, que defiende los intereses de sus empresas radicadas en la Argentina. Nadie antes se había atrevido a tanto, dice, y sostiene que “en muchas escribanías pueden haber boletos de compraventa de permisos, incompatibles con la administración de los recursos del Estado. Antes eran más formales –cierra, con ironía– ahora basta un sótano. Pero en cualquier caso la Justicia debería investigar viejas y nuevas denuncias de corrupción; cuestión que hoy parece una misión imposible.
El texto de Lerena no tiene desperdicio, y no sólo por veraz e incisivo sino porque en los hechos hay coincidencias inesperadas con lo que dijo el presidente la semana pasada en la UIA: “Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”, payaseó Milei. Lo que demuestra confusión acerca de quiénes son los damnificados por los pagos de supuestas coimas. No son sólo los empresarios; es nuevamente el Estado. Y el fantasma de la economía mundial, con el que no bastan funcionarios, empresarios y coimeros de toda laya. No, señores, apareció Tío Sam –sonríe Lerena, quien se comporta, en esta materia, con soltura.
“Y es que aunque Sturzenegger no lo sepa –concluye– en la Argentina hay innumerables empresas nacionales de capital extranjero. Y la actividad pesquera, si bien tiene muchos defectos, no está constituida por un empresariado nacional prebendario y el Grupo Ibérico de Congelados SA (IBERCONSA) solamente. No, ése fue el origen; hoy son accionistas del fondo norteamericano Platinum Equity y otras grandes –cierra, sonriendo– que no me extrañaría que tengan algunos problemas para justificarse.
Por cierto, hay un pedido de informes elevado por el presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires –el ex Intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti– dirigido a la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y al CFP a propósito de reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector, que culminaron con una denuncia efectuada por la firma IBERCONSA ante la Embajada de Estados Unidos, aseverando que se le pidieron coimas de 15 millones de dólares por parte de emisarios del Gobierno Nacional”.
