La exsecretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, y el broker Héctor Martínez Sosa declararán este jueves en la causa seguros luego que el exmandatario lo hiciera en la jornada del miércoles.
Sobre Cantero, el juez Julián Ercolini puntualizó que «poseía un lugar de privilegio» porque era «la secretaria histórica» del expresidente, «luego devenida en secretaria presidencial y sin que existieran procesos de selección alguno».
En tanto, Martínez Sosa, esposo de Cantero, es quien recibió 366.635.744 pesos por comisiones durante el gobierno de Fernández y tuvo contratos con 19 organismos públicos, según una auditoría de Nación Seguros.
Los abogados defensores del broker adelantaron que podrían presentar escritos para defenderse de las acusaciones, mientras que también están citados a indagatoria Pablo Torres García y Oscar Castello.
A los acusados se les imputa «haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´NACIÓN SEGUROS S.A.´».
Alberto Fernández declaró por la causa seguros: negó las acusaciones y entregó un escrito
El miércoles Fernández aceptó responder preguntas de su abogada defensora, Mariana Barbitta y presentó un escrito, mientras que se negó a contestar preguntas del fiscal Carlos Rívolo y del juez federal Julián Ercolini.
El exmandatario llegó a Comodoro Py por la mañana minutos después de que ingresarán a la Secretaría del Juzgado Federal 11 donde se cumplió el trámite, Ercolini y Rívolo.
El exmandatario entró a la sede judicial en medio de un estricto operativo de seguridad que incluyó policías federales distribuidos a lo largo del cuarto piso.
En la víspera el juez federal Julián Ercolini rechazó «in limine» el planteo de nulidad hecho por la defensa del expresidente contra la citación. Fernández había reclamado que se declare la «nulidad absoluta» de la citación a declaración indagatoria y que se la suspendiera hasta que quedara firme una decisión sobre el planteo, pero el juez Ercolini rechazó la presentación y ratificó la convocatoria.
Fernández tuvo su primera declaración indagatoria en una causa penal desde que dejó el gobierno e intentó dar explicaciones sobre la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través de su amigo, el broker Héctor Martínez Sosa, a quien definió como uno de los más importantes intermediarios de seguros del país.
El exmandatario aseguró que su intención fue «evitar la cartelización» del sector. Cuando su defensa le preguntó si mostró interés para la designación de algún productor de seguros, Fernández respondió: «Terminantemente no. Y quiero aclarar que jamás nadie me consultó por la contratación de seguros del estado. Es un tema menor. Los presidentes no intervienen, como no intervienen en licitaciones públicas, no tengo nada que resolver al respecto».
Además, su abogada le preguntó si deseaba que esta declaración se integrara con su descargo del 28 de agosto de 2024, el expresidente contestó: «Sí, y además me gustaría que además de tenerlo presente, lo lean». A esto, su señoría le preguntó si entendía que el juzgado no leía, a lo que Fernández respondió que sí.
La Justicia ratificó que Alberto Fernández tendrá que pagar el 30% de su jubilación para la manutención de su hijo
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó que el expresidente Alberto Fernández tendrá que continuar pagando el 30 por ciento de su jubilación de privilegio en concepto de «alimentos provisorios» para Francisco, el hijo que tuvo con la exprimera dama Fabiola Yañez. De esta manera, le corresponde depositar $5.100.000 mensuales para la manutención del menor.
El tribunal rechazó la apelación que había presentado el exmandatario, al considerar que el 30% de un total de $17 millones era excesivo. Tampoco prosperó su planteo para ponerle plazos a la medida y la mantuvo por tiempo indeterminado. El menor, que tiene dos años y ocho meses, vive actualmente con su madre, Fabiola Yañez, en España.
Según argumentó la sala E de la Cámara Civil, «no parece previsible que pueda consagrarse» una «situación de abuso que justificaría la fijación del plazo solicitado. Basta para ello advertir la edad del menor beneficiario de la cuota».
A su vez, remarcó que ya comenzó un proceso de mediación previa al inicio del juicio alimentario, donde se fijará una cuota definitivo en caso de no llegar a un acuerdo.
En ese sentido, agregaron, en cuanto a los alimentos provisorios, que «la espera hasta la finalización del juicio, por breve que sea, puede privarlo de los rubros esenciales de su vida«.
