Cristina Fernández de Kirchner, en su rol de querellante en la causa por la campaña de afiches anónimos con los que empapelaron la ciudad de Buenos Aires en 2022 acusándola de “culpable (de) 35.000 muertes” por Covid-19, apeló ayer la decisión del juez Manuel de Campos de archivar la investigación y solicitó que se profundice la instrucción hasta individualizar a los autores intelectuales y llevarlos a juicio. El cierre de la causa también fue cuestionado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, quien pidió que se avance con las medidas de pruebas pendientes. La expresidenta recordó en su escrito que quien fuera la principal imputada tuvo como abogado defensor al actual ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.
El 28 de marzo de 2022, cinco meses antes de que Fernando Sabag Montiel gatillara a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta, la capital argentina amaneció inundada de afiches con la imagen de CFK junto a la frase “Culpable 35.000 muertes. Asesina. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”, en referencia a los fallecidos por la pandemia de Covid-19.
Durante los siguientes dos años y medio intervinieron en la investigación tres jueces de tres fueros distintos, se realizaron allanamientos, se identificó a dos hombres que fueron contratados para la pegatina, se logró determinar dónde se imprimieron los carteles, pero nunca se llegó a conocer a los autores intelectuales de la operación política para instalar en las calles la campaña de odio sembrada en medios y redes sociales.
Causa congelada
La investigación estuvo frenada durante varios meses por una disputa de competencias que dirimió la Corte Suprema de Justicia: en línea con el pedido de la querella y la fiscalía, opinó que debía tramitar en el fuero criminal y correccional. El lunes último, el juez De Campos decidió cerrar la causa con el argumento de que se habían descartado todas las figuras penales y que no se podía encuadrar como una calumnia o injuria porque la propia afectada no la impulsó como tal.
“Ha decidido archivar la causa con un argumento absolutamente arbitrario y exiguo, cambiando radicalmente la tipificación de los delitos para justificar el absurdo y no cumplir con sus deberes de funcionario público, que es ni más ni menos que investigar un delito que a todas luces es de acción pública”, argumenta el escrito presentado por CFK con el patrocinio de su abogado Gregorio Dalbón. El juez De Campos “pareciera temer a cumplir con su tarea, vaya a saber por qué motivo, ya que jurídicamente el archivo es prematuro y quedan medidas por producir a pesar de la oposición de quien fuera el abogado defensor de la principal imputada”, el actual ministro Cuneo Libarona.
Una de las pistas que piden profundizar es quién fue la misteriosa “Micalea Calvo” que pagó por los afiches, que se comunicaba con la imprenta a través de un número desconocido y un correo electrónico que luego dio de baja. El chofer del Uber que llevó el dinero para pagar la campaña a una imprenta de Lanús señaló a una mujer de recoleta de 61 años que vivía a pocas cuadras del departamento de CFK y que fue identificada con Nilda Lilian Melhem, a quien el juez desvinculó de la investigación. Otra prueba pendiente se relaciona con la empresa “GoDaddy LLC Corporate Headquarters 14445”, de Estados Unidos, que nunca informó quién está detrás del código QR que aparecía en los afiches y del dominio “CRISTINAUTA.ORG”.
El reclamo de la querella
El escrito de la querella interpreta que a la expresidenta “se la trata con desprecio, buscando simplificar las causas donde es víctima y amplificar las causas donde es imputada, corriendo una suerte de justicia personalizada”. Reclama que se le permita declarar para “contar de qué manera afectaron a mi persona aquellas manifestaciones publicitadas en la vía pública” y destaca que “no se le ocurrió al juez de grado detenerse a pensar tan solo un momento la declaración del Sr. Albistur y la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”. El empresario y publicista Enrique “Pepe” Albistur, íntimo del entonces presidente Alberto Fernández, fue quien presentó una denuncia apenas ocurrió el hecho porque se usaron carteles de su empresa para la pegatina.
El fiscal Gómez Barbella también pidió que la causa sea revisada por la Cámara del Crimen y que se tomen las medidas de prueba pendientes. “No se agotó el examen de los hechos en relación con todas las posibles calificaciones legales aplicables al caso, ratificando nuestro convencimiento de que el decisorio a través del cual el Juzgado 5 de este fuero dispuso el archivo de la actuaciones por no poder proceder merece ser revocado, al menos por prematuro”, sostuvo.
Gómez Barbella hizo hincapié además en que la víctima fuera mujer, expresidenta durante dos mandatos y por entonces vicepresidenta, e introdujo el tema de la violencia de género, además de las motivaciones políticas. “En el presente caso se pudo observar cómo el hecho de que una de las víctimas fuera una mujer profesional, que se desarrolla en diversos ámbitos de la política y de poder y que, por cierto, era quien ocupaba las más altas esferas de la vida institucional del país, no impide que haya sido objeto de distintos medios de violencia –eventualmente– por cuestiones políticas”, sostuvo. CFK se sumó a ese enfoque: “No solo adherimos a lo manifestado respecto de la violencia de género sino también no descartamos que mi persona haya sido objeto de violencia por cuestiones políticas”.
