El otro hito fue la construcción del operativo clamor para que la ex presidenta comande el destino del PJ Nacional que se gestó al calor del escenario adverso a nivel judicial. No es que los efectos políticos de la jugada de Cristina para encaramarse al frente de un ordenamiento del peronismo no tuvieran su propio peso. Pero el disparador para lanzarse con energía en esa interna pivoteó en el segundo rumor que llegó a oídos de los operadores del kirchnerismo: que automáticamente la Cámara de Casación ratificara una condena con pena de prisión, elevaría el correspondiente recurso extraordinario y la Corte Suprema, previo a que finalice la vigencia de Juan Carlos Maqueda en el máximo Tribunal (antes de fin de año), aplicaría por mayoría el mentado Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar el recurso extraordinario que le permite hacerlo sin expresar motivos, lo que dejaría la condena firme y, sobre todo, ejecutable.
Ante este escenario, no hubo ideas originales. El cálculo se volvió lineal y en la arena de la política, donde a Cristina se maneja ampliamente mejor que en su relación con los tribunales: si todas esas confirmaciones llegaran a encadenarse, serían en cabeza de la (ya consagrada) líder institucional del principal partido de la oposición al gobierno de Javier Milei. Todo un titular de cara al mundo occidental, con la imposibilidad, además, de presentarse a cargos electivos. Se activaría de verdad el efecto proscripción –no como ocurría realmente en los últimos comicios- y hasta se podría sumar una ejecución de la pena de forma domiciliaria. En el imaginario de quienes acercaron las ideas de Cristina dirigiendo el PJ como respuesta política a una adversidad fuera de control hasta entra en escena una centralidad sobre el peronismo al estilo “Puerta de Hierro”.
Todo esto ingresa en el plano de la hipótesis –no sobre lo que active Casación-, sino sobre todo, en el periplo imaginado dentro de la propia Corte Suprema que debería acelerar sus plazos habituales de forma vertiginosa. Sin ser imposible, tampoco sería la primera vez que en dirección al Instituto Patria se dirigen mensajes envenenados para usufructuar inseguridades en la eterna interna palaciega del cuarto piso. Lo pueden contar en Casa Rosada que ya cayeron varias veces con una ingenuidad que enternece. Por ahora, persiste una posición irreductible en cuanto a aportar los votos del bloque que le responde en el Senado para aprobar los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema que propuso el oficialismo. Domina la desconfianza en otros interlocutores que pueden estar negociando en simultáneo con el Gobierno y en una marcada ausencia de garantías de que algo solucione el panorama de obstáculos que la rodean. Máxime cuando perciben movimientos de comunicar presuntos avances en las negociaciones que no son tales.
Primer día del segundo mandato
Aunque la tentación sea enredar interpretaciones sobre los deseos del Gobierno y el accionar del Poder Judicial hay otros signos para leer cómo se posicionan los distintos vectores de poder en la era Milei. Una muestra gratis la ofreció el despliegue ofrecido para la premiación del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti para el galardón “Justicia 2024” que entregó la universidad UCES, a comienzo de mes. En rigor, el acto fue planificado como “el primer día del segundo mandato” del santafesino, cuya reelección anticipó Ámbito que se iba a desencadenar en el último acuerdo de septiembre de la Corte Suprema, y que tenía preparada una elección remota desde tierras cordobesas, en caso de que hubiera algún boicot.
En un “vip” especialmente dispuesto frente a la tarima del homenajeado se dispusieron lugares para una selección de magistrados de Comodoro Py con expedientes relevantes. Casi toda la Casación con Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Carlos Mahiques y hasta Alejandro Slokar –que no suele dar presente en estos eventos- ocuparon sus lugares reservados. De primera instancia, Julián Ercolini, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti. Pablo Yadarola del penal económico participó. Juan Manuel Olima Espel representó al Ministerio Público Fiscal y a la Asociación de Magistrados, su presidente Andrés Basso. Varios consejeros de la Magistratura ocuparon las últimas líneas.
El camarista platense, Roberto Lemos Arias y Aníbal Pineda, de Rosario también ocuparon sus butacas y más lejos el director de la Dajudeco, Juan Tomás Rodríguez Ponte. Algunos parecieron fichajes que en otros momentos hubieran estado firmes detrás de Ricardo Lorenzetti, ausente porque era la figura de otro acto simultáneo en el que el camarista Mariano Borinsky presentaba un libro llamado “¿Puedo ir preso?”, en la Facultad de Derecho con un análisis sobre la privación de la libertad durante el proceso penal. Allí, las autoridades académicas eludieron cualquier referencia al conflicto universitario que estaba copando la agenda y se concentraron en el motivo del convite. De todas formas, Lorenzetti envió su adhesión al acto de Rosatti en gesto de camaradería. Barroetaveña, Petrone y Mahiques volaron de la UBA a la UCES para tener asistencia perfecta.
El objetivo en UCES era agrupar figurones y enviar señal monolítica de unidad dentro del Poder Judicial. Juan Carlos Maqueda, Inés Weinberg de Roca (TSJ porteño) y presidente y vice de la SCBA marcaron asistencias institucionales de relevancia. No hubo presencia oficial de nadie del Gobierno. ¿Tampoco fueron invitados? Si algo debe llamar la atención era la presencia fugaz del camarista Sergio Fernández, más que influyente dentro del poderoso fuero Contencioso Administrativo Federal que se escabulló apenas culminó la ponencia de Rosatti. José Luis López Castiñeira del mismo fuero se quedó hasta el final.
El Contencioso fue uno de los pocos que “mojó” en el gobierno de Milei. En rigor, consiguió renovación por cinco años más de su presidente Jorge Morán que junto a Roberto Hornos de penal económico fueron los únicos dos magistrados de la era Milei en lograr que les envíen sus pliegos al Senado para un nuevo aval. El Contencioso ha logrado coleccionar una impresionante cantidad de planteos judiciales contra las medidas del Ejecutivo que podrían ponerlo en jaque o salvarlo con el paso del tiempo. Más que nunca se transformó en el fuero de la gobernabilidad con materias tan disimiles como amparos por los comedores comunitarios, la elección de la AFA, los despidos en el Estado o los cambios en Ganancias. Tienen en sus manos el corazón de todo lo que le importa a la Casa Rosada.
En el salón más amplio, afuera, en una suerte de segunda platea donde se televisaban los discursos que ocurrían en el “vip”, todos los principales secretarios de Corte y personal jerarquizado de “planta” se distribuyó en sillas de madera lo que transmitía una imagen marcial de alineamiento con Rosatti. O con la Corte y su mayoría. Esas señales no se decodifican en el afuera –donde transcurre la vida real- pero son semióticamente relevantes para el mundo judicial que utiliza como combustible la sobre interpretación.
La discusión que se avecina y la pulseada con el Gobierno es presupuestaria pero también tendrá un capítulo de poder donde –en época de crisis- el instinto manda abroquelamiento. Las señales están en el aire y parecen haberse desplegado desde el primer día de un nuevo mandato.
