Lo impulsan nueve organizaciones cercanos a la familia militar. Piden su liberación o morigerar las penas. Entre los beneficiarios se encuentran condenados como Alfredo Astiz y Jorge «Tigre» Acosta.
Organizaciones no gubernamentales cercanos a la familia militar presentaron un hábeas corpus por las represores de la última dictadura (1976-1983) mayores de edad que se encuentran en las penitenciarías federales. El pedido trascendió este martes. La Justicia lo había rechazado, pero sus impulsores lograron que se siga analizando.
El habeas corpus fue presentada por nueve organizaciones, entre las que se encuentran La Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina que dirige Cecilia Pando y la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina, cuya vicepresidenta, Silvia Ibarzábal, es asesora en el Ministerio de Defensa.
En la presentación incluía a “todas las personas mayores detenidas”, según informó la periodista Luciana Bertoia. Esta condición incluye a la mayoría de los represores detenidos entre los que se encuentran Alfredo Astiz, Jorge Acosta y Adolfo Donda, visitados por diputados de La Libertad Avanza en julio pasado. Sostienen que son una población vulnerable y dicen que su detención es violatoria de lo establecido en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
El habeas corpus recayó en el juez Martín Yadarola, quien lo rechazó in limine porque consideró que era un pedido genérico e indiscriminado. En todo caso, entendió que ese pedido debería ser resuelto por cada juez que tenga a su cargo una detención.
El pedido por 80 represores
El grupo de organizaciones, patrocinadas por los abogados Laura Olea y Ricardo Saint Jean, insistieron y lograron que la sala de Hábeas Corpus de la Cámara del Crimen revocara el fallo de Yadarola, argumentando que debió haber hecho una audiencia antes de resolver. En el fallo pidieron a los peticionantes que aportaran una lista de los presos a los que buscan favorecer con su acción.
Las organizaciones presentaron una nómina con 80 nombres de represores, pero no trascendieron los nombres. Desde el lunes pasado, el juez Yadarola recaba información de la situación procesal de cada uno para luego convocar una audiencia para tratar el tema en profundidad.
