Mientras el presidente Javier Milei asegura que las jubilaciones mejoran a paso firme, un informe privado reveló el fuerte deterioro que tuvieron en su capacidad de compra. Un deterioro concentrado, sobre todo, en los beneficiarios de los haberes mínimos.
La Fundación Éforo calculó que la jubilación de agosto de 2024 abonada por la gestión de La Libertad Avanza fue de $227.265, lo que significa un incremento del 4,8% respecto a la de noviembre de 2023. «En febrero de 2024 se liquidó el haber mínimo más bajo de los últimos 15 años. Fue de $152.900 a valores constantes de agosto de 2024», explicó.
Acto seguido calculó el impacto del ajuste sobre el gasto previsional a lo largo de la administración mileísta: «La jubilación promedio liquidada por la gestión de gobierno iniciada en diciembre de 2023 y que llega hasta agosto de 2024 fue de $203.900, lo que representa una caída del 35% respecto al haber mínimo promedio de la gestión 2019-2023″.
El informe recalca que, en los últimos 15 años, se consolidó una tendencia a la baja de las jubilaciones, acelerada en los últimos nueve meses, que devino en un desplome de en torno al 34% de las jubilaciones promedio liquidadas por las últimas cinco gestiones del gobierno nacional.
Jubilaciones: ¿ANSES acumula superávit?
El informe de Éforo resalta que esto ocurrió mientras la ANSES obtenía un balance financiero superavitario de $4,7 billones en los primeros nueve meses de 2024 «en un hecho sin precedentes en los últimos años».
«A lo largo del año, los recursos de ANSES han crecido mes a mes. Entre enero y septiembre de 2024, el organismo recaudó $32,11 billones, provenientes en su mayoría de aportes y contribuciones ($16,89 billones). Si bien los gastos del organismo también fueron elevados, alcanzando los $27,40 billones en el mismo período, los ingresos superaron con creces las erogaciones. En términos de prestaciones de la seguridad social, el gasto acumulado llegó a $19,7 billones. Sin embargo, y a pesar de este superávit, el Poder Ejecutivo no ha destinado recursos adicionales para reforzar las prestaciones sociales o las jubilaciones», recalcó el estudio.
En ese sentido, recuerda que, a lo largo del año, se suspendieron las transferencias a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación, se vetó la ley de movilidad jubilatoria que proponía mejoras en los haberes y se ajustaron los criterios de acceso a las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y para las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Éforo recuerda que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la deuda acumulada a julio de este año con las nueve cajas provinciales por parte de Nación asciende a $703.353 millones, lo que equivale a 0,13% del PBI. Y que el gasto adicional en jubilaciones y pensiones del impacto pleno de la ley de movilidad vetada hubiera sido del 0,44% del PBI, «lo que equivale a un monto aproximado al ahorro actualmente vigente en las cuentas financieras de ANSES».
«La única medida de alivio adoptada por el Gobierno en el último tiempo fue el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en junio, que ajustó su valor real a niveles similares a los que tuvo durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri», señaló.
Y concluyó con algunos interrogantes para el debate: «La acumulación de superávit en un organismo como la ANSES, que gestiona las jubilaciones y prestaciones sociales de millones de argentinos, debería abrir un debate serio sobre cuál es el mejor uso de estos recursos. ¿Deberían destinarse a otras áreas o partidas (como al pago de los intereses de deuda)? ¿Deberían reforzarse las políticas de seguridad social para quienes más lo necesitan? ¿Es el ajuste sobre las cuentas presupuestarias de ANSES más profundo del necesario?».
