La tensión diplomática surgida entre Ecuador y Argentina por el asilo de la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte no es la primera desatada entre dos países latinoamericanos a razón de un pedido de asilo.
Desde mediados del siglo XIX, la protección de dirigentes perseguidos en sus países ha alimentado la tensión entre vecinos en la región.
El asilo a dirigentes y referentes políticos en América Latina ha sabido generar diferendos importantes entre los países, aún a pesar de constar en la Convención sobre asilo diplomático firmada por todos los países del continente en 1954.
La Convención, suscrita durante la Décima Conferencia Interamericana de Caracas de 1954, reconoce que «todo Estado tiene derecho a conceder asilo«, aunque recuerda que ningún país «está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega».
Además, en su artículo tercero el documento aclara que el recurso tiene como fin la protección de ciudadanos perseguidos por sus ideas políticas en sus países, por lo que «no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes».
Una de las últimas fricciones entre países motivadas por un asilo se produjo entre México y Perú cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó su voluntad de conceder asilo político al su entonces par peruano, Pedro Castillo, y su familia, luego de que el ahora exmandatario fuera destituido por criterio del Congreso de su país.
Si bien Castillo nunca llegó a México, su esposa y sus hijos fueron recibidos en la embajada mexicana en Lima y desde allí viajaron hacia la Ciudad de México, capital del país receptor.
La decisión de AMLO motivó que la presidenta peruana, Dina Boluarte, declarara persona non grata al entonces embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, quien debió abandonar territorio andino y devolverse a su país.
Algo similar le había ocurrido a México en 2019, aunque con Bolivia. El país norteamericano había otorgado asilo al presidente Evo Morales luego del golpe de Estado contra él comandado por Jeanine Áñez. En diciembre de ese año, Áñez expulsó a la embajadora mexicana, María Teresa Mercado, en represalia por la política protectora de López Obrador.
En 2022, fue el Gobierno boliviano de Luis Arce el que protestó formalmente ante Brasil por la intención del entonces mandatario Jair Bolsonaro de otorgar asilo a Áñez.
Si bien no generó un conflicto diplomático, Uruguay y Perú también atravesaron un tenso momento por un pedido de asilo. En noviembre de 2018, el dos veces presidente de Perú Alan García (1985-1990 y 2006-2011) pidió asilo en la embajada de Uruguay en Lima, asegurando que era perseguido por la Justicia peruana, que lo investigaba por presunto lavado de activos.
El Gobierno uruguayo, encabezado por el entonces presidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) rechazó el pedido del político peruano alegando que «argumentos jurídicos y legales» del caso permitían a Montevideo inferir que no se trataba de un caso de persecución política. García debió abandonar la embajada uruguaya y acabó suicidándose en abril de 2019, cuando la Policía peruana concurrió a su casa a detenerlo.
El propio Ecuador conoce de las tensiones que los asilos pueden despertar entre países. La decisión del entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) de brindarle asilo político en su embajada en Reino Unido al ciberactivista australiano y fundador de Wikileaks Julian Assange puso al país sudamericano en el centro de las noticias internacionales y le valió a Correa la molestia de los gobiernos de EEUU y el Reino Unido.
Londres llegó a presentar una protesta formal contra Quito, asegurando que la protección a Assange impedía que el periodista fuera juzgado por delitos comunes.
También resultó polémico el asilo que Uruguay y Argentina le brindaron al expresidente brasileño Joao Goulart (1961-1964), que fuera depuesto en un golpe de Estado impulsado en 1964 por las Fuerzas Armadas de Brasil con el apoyo del Gobierno estadounidense. El brasileño pasó los siguientes 12 años exiliado, primero en Montevideo y luego en las ciudades argentinas de Buenos Aires y Corrientes.
El expresidente falleció en 1976 y, si bien oficialmente murió por un ataque cardiaco, desde entonces se han replicado hipótesis sobre un posible envenenamiento por parte de las dictaduras que para entonces ya operaban de forma coordinada en Argentina y Uruguay.
Paraguay, en tanto, se jacta de haber sido pionero en los asilos políticos en Sudamérica, al dar protección al prócer uruguayo José Gervasio Artigas. El revolucionario había sido una pieza clase para la independencia de la Banda Oriental, pero decidió exiliarse en Paraguay luego de una serie de derrotas.
Buscado por el gobernador de Entre Ríos Francisco Ramírez, Artigas viajó a territorio guaraní en 1820 y logró que el entonces dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia le concediera el asilo. La decisión molestó a Ramírez, que protestó al entender que Artigas debía ser sometido a juicio en tierras entrerrianas. Sin embargo, Gaspar Rodríguez de Francia rechazó el pedido y mantuvo su protección a Artigas, que no volvería a territorio uruguayo.
Se trató del primer asilo otorgado por Paraguay en su historia y fue clave para sentar las bases jurídicas de asilos políticos en la región.
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