Entre el bando leal al líder opositor Luis Fernando Camacho y el sector que propone seguir sin él se evidenció una grieta que quedó de manifiesto en el carnaval cruceño, que se realizó pese a las protestas de los camachistas radicales, para quienes no son tiempos de festejos.
Por Sebastián Ochoa.
El carnaval 2023 será recordado en la ciudad de Santa Cruz por los obstáculos que rodearon al festejo. Esta población, muy orgullosa de sus comparsas carnavaleras, estuvo a punto de suspenderlo como reclamo a lo que consideran la «injusta» detención del gobernador Luis Fernando Camacho, preso en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro (en La Paz) por su participación en el golpe de Estado de 2019.
Pero la alegría cruceña pudo más y finalmente se celebró el corso, aunque con menos gente de lo habitual.
Con el carnaval afloraron las diferentes vertientes políticas que dominan al departamento cruceño. Un bando opositor al presidente, Luis Arce, que exige la liberación inmediata de Camacho y de los que consideran «presos políticos» y otro sector, también adverso al actual mandatario, pero que propone seguir con la vida normal mientras se espera el dictamen de la Justicia sobre el gobernador.
Santa Cruz tiene un Cambódromo, un predio de 4,5 kilómetros de longitud situado entre el cuarto y el octavo anillo de la ciudad. Esta urbe fue construida en torno a anillos concéntricos, de modo que en el centro del primero está la plaza principal, llamada 24 de Septiembre, donde se emplazan la Gobernación, la Alcaldía Municipal, la Legislatura y la Catedral.
Días atrás, el sector más radical tomó el Cambódromo para evitar que se realice allí el carnaval.
«Los grupos cívicos lamentablemente quisieron impedir que la gente ejerza su derecho a celebrar. Ahí hubo una división en las mismas comparsas. Y hay que decir que el movimiento cívico se nutre de las comparsas carnavaleras», señaló a Sputnik el periodista cruceño Marcelo Patzi.
Explicó que estas comparsas «se convierten en fraternidades. Y las fraternidades, las más poderosas económicamente, son las que integran las logias Caballeros del Oriente y Toborochi, que controlan al Comité Pro Santa Cruz«. Por ello definió a las comparsas carnavaleras como «la base social del Comité Cívico».
A Patzi este particular carnaval cruceño le dejó postales hilarantes.
«Decían que no iban a permitir que haya corso, pero resulta que la misma Unión Juvenil Cruceñista (UJC) con 800 integrantes dio seguridad al corso. Fue otra situación muy contradictoria porque se suponía que los más radicales iban a impedir el corso. Y se suponía que los más radicales son los de la UJC».
La UJC fue considerada como grupo «parapolicial» en el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre el golpe contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), por lo cual exigió su desarticulación. Pero «como te digo, terminaron dando seguridad al lado de los policías, es lo chistoso, para que se desarrolle el corso de manera normal», relató Patzi.
Esta situación podría dar a entender que los leales a Camacho son una minoría en la Gobernación y el Comité. Esta institución, llamada «el Gobierno moral de los cruceños» realizó elecciones semanas atrás. Y ganó el único candidato que se había presentado, Fernando Larach. Para Patzi, Larach es un «conciliador» con el Gobierno de Arce.
«El Comité Cívico está integrado por grupos empresariales que no están de acuerdo con este conflicto porque simplemente les perjudica a sus actividades económicas. Hay una presión fuerte de los grupos empresariales para que la actividad económica vuelva a la normalidad en Santa Cruz».
Entre octubre y noviembre de 2022, este departamento estuvo sumido en un paro de actividades de 36 días, azuzado por Camacho y por el Comité Cívico. Exigían que el censo de población y vivienda se realice en 2023 y no en 2024, como planteó el Gobierno de Arce. Finalmente, primó este último criterio, lo cual significó una derrota política para Camacho. Un mes después fue detenido.
Silencio de Larach
El nuevo presidente cívico no se manifestó públicamente sobre la realización o no del carnaval. Pero este 22 de febrero, concluidos los festejos, dio una conferencia de prensa junto al expresidente del comité, Rómulo Calvo, quien dejó su cargo entre cuestionamientos de los sectores más radicales por su falta de apoyo al apresado Camacho.
El pasado 25 de enero se realizaron cabildos en las principales ciudades bolivianas. En manifestaciones con mediana asistencia determinaron dar un mes de plazo al presidente Arce para que libere a los «presos políticos» como: Camacho, la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) y otros.
«Señor Luis Arce Catacora, estamos a 72 horas de cumplir el plazo que el pueblo boliviano le dio a usted y a su Gobierno para pacificar el país y construir una real y verdadera paz social para poder concentrarnos todos los bolivianos en fortalecer la maltrecha economía y las deficientes políticas macroeconómicas que su Gobierno viene ejecutando», indicó Calvo.
Asimismo, inisitó en la posibilidad de «un proceso revocatorio» del mandato de Luis Arce a pesar de que varios políticos del arco opositor ya reconocieron que es imposible llevar a la práctica el referéndum revocatorio. No obstante, Calvo sostuvo que el 27 de febrero el cívico Larach recolectará los requisitos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para iniciar el procedimiento.
«Tiene tiempo para hacer el decreto supremo de amnistía, que es un mandato del cabildo y de los ciudadanos», advirtió Calvo.
Polarización creciente
La abogada cruceña Arlety Tordoya, integrante del movimiento feminista Mujeres Creando, no defiende a Camacho, ni a su partido Creemos, ni al presidente Arce ni al Movimiento Al Socialismo (MAS). Según ella, para quienes tienen su pensamiento es difícil expresarse en esta ciudad.
«Hay una polarización que te obliga a ponerte de uno u otro bando. Si expresas tu opinión sobre esta persona [Camacho] eres del MAS. Y si no, eres de Creemos. Se ha visto que la sociedad ha estado dividida, especialmente a finales del año pasado», comentó a Sputnik.
«Se notó que la gente por miedo a la represalia no festejó el fin de año. Santa Cruz es una ciudad bastante fiestera, sobre todo en carnaval. Y la sociedad se vio presionada, al mismo tiempo una parte estaba convencida para no tener festejos», indicó.
Tordoya evaluó el rol del alcalde cruceño, Johnny Fernández.
«La Alcaldía tiene posiciones contrarias a la Gobernación departamental. Se podría decir que la Alcaldía está aliada con el Gobierno de Arce. Por ello, la Alcaldía ha mostrado total indiferencia a la situación del gobernador [cruceño]», señaló.
Actualmente, como interino asumió el vicegobernador de Camacho, Mario Aguilera. Pero este político, leal al detenido en Chonchocoro, recibe presiones para asumir como gobernador ante la reclusión del líder. También se le exige que llame nuevamente a elecciones.
Para Tordoya, «debería asumir [Aguilera] como gobernador porque estando aquí Camacho, sin detención y con libre tránsito, no asumía bien su cargo. Menos lo va a poder hacer desde Chonchocoro. Correspondería que el vicegobernador asuma [el cargo] como manda el Estatuto Autonómico».
@Sputnik
/ Imagen principal: © AFP 2023 / Aizar Raldes
