Esta estructura dedicada al narcotráfico y la minería ilegal hace parte de las organizaciones con las que el Gobierno de Colombia quiere negociar. Expertos aseguran que el Clan del Golfo es el grupo más difícil para lograr acuerdos.
Para el Estado colombiano el Clan del Golfo, antes conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan Úsuga o Los Urabeños, es una de las organizaciones más peligrosas del crimen transnacional. Eso no le impidió incluirlos en el proyecto de la Paz Total que busca sentar las bases para negociar con diferentes grupos armados, rebeldes o no, para alcanzar una paz estable y duradera.
Sin embargo, ese deseo del presidente Gustavo Petro se podría estar diluyendo por la presunta instigación violenta del Clan del Golfo en el paro armado minero en el Bajo Cauca antioqueño (noroccidente del país), iniciado el 2 de marzo. El conflicto se inició tras un operativo de la Fuerza Pública que destruyó dragas usadas para minería ilegal, lo cual desató la protesta y los bloqueos por parte de los trabajadores mineros informales.
«Si el Clan del Golfo está detrás del paro, como muchos de los indicios así lo demuestran, hay que decirlo, no tiene voluntad de paz«, dijo el mandatario el 12 de marzo en un consejo de seguridad que lideró en Montelíbano, Córdoba (norte de Colombia).
Para saber qué es el Clan del Golfo en Colombia hay que remontarse al movimiento paramilitar. Historiadores como Germán Sahid marcan 1964 como el año en que nacieron los grupos de contrainsurgencia que tuvieron el aval del Estado con el fin de proteger sus bienes privados de la guerrilla. La periodista María Teresa Ronderos destaca 1979 como un año clave en Puerto Boyacá, a más de cinco horas de Bogotá, para la articulación del paramilitarismo y la creación de las autodefensas.
Lo cierto es que en los años 80 y 90 la violencia paramilitar se recrudeció en el país, introduciendo al narcotráfico como vehículo económico para financiar el conflicto armado, según señala el Informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica, entidad encargada de la recopilación y análisis de la información relacionada con el conflicto armado interno.
En 2006, varios grupos paramilitares se desmovilizaron gracias a la Ley de Justicia y Paz, en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), pero a pesar de esto la dinámica paramilitar no dejó de existir.
De las cenizas del paramilitarismo se reorganizaron viejos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, el más grande grupo de esta naturaleza que existió en el país, para conformar nuevas estructuras. Entre ellas, el Clan del Golfo, la hoy piedra en el zapato para la Paz Total del presidente Petro.
Red de narcotraficantes
«El Clan del Golfo más que una organización es una red dinámica, una franquicia, si se quiere, que tiene como principal interés el control de recursos, lo que los lleva a hacer control territorial y de comunidades», señala Luis Eduardo Celis, sociólogo de la Universidad Nacional e investigador de la Fundación Pares.
Según explica el analista, la estructura funciona con líderes territoriales que no responden a un mando central, lo que la convierte en un objetivo difícil a la hora de contrarrestarlos y también para negociar un proceso de sometimiento, entrega de armas y recursos.
«En las guerrillas hay unas jerarquías identificadas, en el clan no. Son muchos jefes, unos son más importantes que otros por su antigüedad o tradición, pero es un grupo acéfalo. Ese es el gran reto y creo que el Gobierno lo sabe», recalca.
Esta franquicia se acentuó más con la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el líder más reconocido del Clan del Golfo, en octubre de 2021, y el hombre más buscado en Colombia. Desde entonces, como lo han analizado fuentes de inteligencia del Gobierno, no parece haber un liderazgo claro y por eso se presentan sucesos en varios rincones de Colombia.
La incidencia de esta estructura paramilitar está sectorizada entre el Urabá, Bajo Cauca y el Chocó, en el nororiente colombiano, limítrofe con el Pacífico y Panamá. «Epicentro del paramilitarismo en los 80 y 90», recalca Celis a tiempo de indicar que igualmente dicho clan ejerce control del microtráfico en Medellín, los Santanderes (nororiente) La Guajira (la punta norte) y Valle del Cauca (al suroccidente).
Sin embargo, el Clan del Golfo no tenía el poder que ostenta hoy. «Sin duda se ha fortalecido en los últimos seis años. Ha ganado más espacio en los territorios y ha crecido más como estructura. Esto se enmarca en el fracaso del Gobierno [de Iván] Duque (2018-2022) de tener una oferta de control de territorios», opina el investigador.
El poder en las regiones
En varias oportunidades, el Clan del Golfo ha apelado a los paros armados para presionar al Gobierno. El más reciente es el paro minero en el Bajo Cauca, donde, según el Ministerio de Defensa, este grupo está detrás del caos generado en la región y que detonó por la quema, por parte de la fuerza pública, de maquinaria destinada para la minería ilegal además del supuesto incumplimiento de acuerdos con las autoridades para formalizar esta actividad.
Sectores cercanos al Gobierno califican estas instigaciones del Clan del Golfo como un acto de sabotaje a la Paz Total de Petro. El mensaje del presidente a los miembros de la estructura en sus declaraciones, tras el consejo de seguridad del domingo 12 de marzo, fue el de trazar las líneas para continuar una negociación: la renuncia a las economías ilegales (minería y narcotráfico). «Ni el Gobierno ni el Estado son para engañar«, dijo Petro.
Ricardo Giraldo, abogado que representa al Clan del Golfo, considera que la propuesta del Gobierno es inviable, puesto que no deja claro temas como la no extradición. Asuntos como esos son los que se tendrán que negociar entre ambas partes con el fin de buscar la verdad y la reparación de víctimas a cambio de beneficios judiciales.
«Aunque el Clan del Golfo es un hueso difícil de roer y no va a ser para nada fácil, el presidente [Petro] debe persistir hacia un camino de sometimiento de estas estructuras, entendiendo las complejidades y dinámicas de esta red», advierte Celis.
«Esta ley que está en trámite en el Congreso es un referente porque no deja ninguna organización por fuera con el fin de no generar un efecto de reciclaje de la violencia, que ha sido la historia del país. Hay que ver qué tan atractivo es para esas estructuras», concluye el investigador.
Según la fundación Pares, en la que trabaja Celis, el Clan del Golfo tiene presencia en 241 municipios de nueve departamentos del país.
@Sputnik
/ Imagen principal: © Foto : Twitter/COL_EJERCITO
