El rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de reforma tributaria de Gabriel Boric dejó en evidencia la tirante relación entre el Ejecutivo y el Congreso chileno, donde el presidente no tiene mayoría. «Un sector intenta hacer que las cosas no cambien», aseguró el mandatario.
La implementación de una reforma tributaria fue una de las promesas más significativas de la campaña electoral que llevó a Gabriel Boric a la Presidencia de Chile. La modificación era vista, a su vez, como una pieza clave para financiar los cambios ansiados por el mandatario en materia previsional, sanitaria y educativa.
Sin embargo, el texto que tenía como puntos centrales reducir las exenciones tributarias, reestructurar el impuesto a la renta, aplicar impuestos correctivos como el «impuesto a los súper ricos» y un nuevo royalty minero a la extracción cuprífera, acabó siendo rechazado en la Cámara de Diputados en la sesión del 8 de marzo, al no superar la barrera de los 74 votos necesarios para su aprobación.
Con 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, la reforma tributaria fue desestimada por los parlamentarios. Ahora, el Gobierno deberá esperar un año para poder presentar la iniciativa nuevamente ante el legislativo. El otro camino para el Gobierno es recurrir al Senado como «cámara revisora», aunque requerirá un quorum superior.
«Debo ser sincero con ustedes, chilenos y chilenas: cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente un sector intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual como están. Pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado», acusó Boric en rueda de prensa tras el revés político.
El mandatario insistió en que en el Congreso «se negaron a discutir la posibilidad de dar un debate en donde se supone debería ser el templo de la democracia y donde se deben debatir estas cosas por el bien común, que yo espero que compartamos».
Boric también intentó responsabilizar a los congresistas por la falta de recursos que el rechazo significará para otros proyectos clave de su plataforma, como el aumento de la PGU (Pensión Garantizada Universal) para los pensionados, para las personas con discapacidad o «las mujeres que están esperando el avance de la sala cuna universal«.
Una relación tirante
Durante el periodo legislativo de 2022, el Ejecutivo chileno ingresó 68 proyectos de ley al Congreso Nacional para su discusión, tramitación y promulgación, entre los que destacan la Ley de Salario Mínimo, la ampliación de la Pensión Garantizada Universal, la Ley TEA para niños con trastornos del espectro autista y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles.
Sin embargo, el Gobierno tuvo que lidiar con más de una derrota política en un Congreso en el que no cuenta con mayorías. Uno de los casos más sonados fue el retiro de fondos de pensión operados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, desestimado por el legislativo y defendido en forma moderada por el Gobierno de Boric.
Además, Boric también tuvo problemas para aprobar la nominación de un fiscal general, cargo propuesto por el Ejecutivo, pero que debe ser validado por los congresistas. De forma inédita, el Congreso recién aprobó el nombre del tercer candidato propuesto por Boric, Ángel Valencia, luego de que los dos primeros nombres enviados fueran descartados.
En tanto, el Parlamento mantiene en trámite legislativo proyectos emblemáticos como la Ley de 40 horas laborales y la Ley de creación de un Sistema Nacional de Cuidados.
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