Las preguntas para intentar entender cómo se llegó a que un sujeto gatille una pistola a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner son inagotables y podrían multiplicarse de un modo proporcional a la cantidad de disparos previos que se sucedieron contra ella de un modo tan obsesivo, incesante y perpetuo, como impiadoso, cruel y violento.
Si nuestro compromiso con la convivencia democrática es real, lo que planteó mafiosamente el diario Clarín como “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, debería enrocarse por: “La bala que pudo salir y los fallos que sí dispararon odio”. Porque fueron muchos e incesantes los disparos antes del gatillazo que quebró el pacto democrático. La génesis de la violencia y la trazabilidad de su implantación sistemática durante años frente a la figura de Cristina, son la clave para encontrar algunas respuestas ante uno de los actos más aberrantes de la historia argentina reciente.
Semejante hecho fue consecuencia, indubitablemente, de una planificación del odio, pensada, articulada, financiada y ejecutada, por aquellos que se vieron afectados en sus intereses y privilegios durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Lo han dicho sin ruborizarse: “Queremos eliminar al kirchnerismo”. Son los mismos que ni siquiera se solidarizaron con la víctima la noche en la que una pistola cargada de odio casi se lleva, en definitiva, la vida y los sueños de millones de argentinos. Se venía señalando y advirtiendo desde distintos ámbitos institucionales y políticos, acerca de la persecución contra Cristina, que fue visiblemente articulada desde los medios hegemónicos, con un sector judicial muy chico pero muy poderoso y con actores de la política que no solo no frenaron a tiempo los niveles de violencia, sino que fueron los arquitectos del ataque.
Durante años se destiló odio en las tapas de los diarios y revistas con tirada masiva, fueron ríos de tinta y océanos de transmisiones de radio, tv y editoriales que crearon estigmas e instauraron la demonización.
Apedrearon su despacho, distribuyeron bolsas mortuorias, marchaban con guillotinas y arrojaban antorchas con fuego en la plaza de mayo. Nadie puso un freno. Venían desde hace años con una obsesiva persecución política manipulando jueces, fiscales, pruebas, derechos y códigos. No respetaron límite alguno, ni político, ni personal, ni familiar. No se detuvieron ni siquiera los días de luto ante la pérdida física de su compañero de toda la vida.
A Cristina no le respetaron sus derechos cuando la persiguieron judicialmente como acusada y tampoco se los respetaron como víctima, ni como mujer.
47 millones de argentinos y argentinas vimos por tv a los autores materiales que intentaron llevar a cabo el magnifemicidio pero aún nadie respondió quién planificó y financió el atentado y esta no es una respuesta que solo le deben a Cristina y a su familia, sino a toda la sociedad en su conjunto. Esa deuda la debería saldar la justicia argentina, pero -una vez más- está empecinada, desde el día mismo del atentado hasta el presente, a encubrir y permitir todo tipo de irregularidades.
Como en otros tantos lamentables y penosos antecedentes (por caso, el más notable: la investigación del atentado contra la sede de la AMIA), sectores inescrupulosos de la justicia y la política pretenden dejar a las víctimas y a toda la sociedad en la nebulosa insoportable de la impunidad:
* El contenido del celular del atacante se borró, de manera inexplicable, al otro día del atentado, ocultando información imprescindible y estando secuestrado y en poder de la jueza de la causa.
* Se niega sistemáticamente profundizar la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes (Revolución Federal, nueva Centro Derecha, entre otras). Esas organizaciones nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político, y desaparecieron al otro día del 1 de septiembre de 2022.
* Sus integrantes se paseaban y fotografiaban con Patricia Bullrich y su entorno y recibieron decenas de millones de pesos de la familia Caputo los meses previos al atentado.
* Quince días antes del atentado, en una reunión virtual, habían explicado cómo matar a Cristina. Exactamente la misma mecánica del hecho que ejecutaron los atacantes.
* Un testigo oyó decir a Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, dos días antes del atentado: «Cuando la maten voy a estar camino a la Costa”.
* La justicia esperó todo lo que pudo, esperó que lo sepa Milman, y meses después le ordenó que entregue sus teléfonos. El contenido de los celulares de Milman y sus secretarias estaba completamente borrado. Es más, entregó un modelo de teléfono que salió a la venta tiempo después del atentado.
* Estando preso, el atacante dijo por escrito que de su situación debía hacerse cargo Hernán Carrol (líder de Nueva Centro Derecha). La jueza otra vez se encargó de esperar hasta que Carrol lo sepa. Cuando le pidió su teléfono. También había sido completamente borrado los días previos. La jueza nunca lo investigó.
* Carrol compartió un viaje al exterior con el jefe de gabinete de Milman. Tras un año y medio de negarse siquiera a chequear la información, lo hicieron hace un mes. El viaje existió pero parece no ser necesario indagar mucho más.
Si ante la mirada del mundo ocurrió este atentado y no se avanzó ni un ápice, cabe preguntarse qué justicia le quedará a cualquier ciudadano, que todos los días merece tener a resguardo su derecho a vivir.
La única certeza que la sociedad argentina tiene respecto a este hecho es que hasta aquí un sector del poder judicial y del poder político no esclareció el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner y lo que resulta aún más desesperanzador es que casi nadie cree que exista la vocación, la responsabilidad, el compromiso, y la ética necesaria para llegar a la verdad.
