Se trata de la empresa que brinda los servicios de rampa y de transporte de pasajeros en 21 de los principales aeropuertos del país. Entre sus acciones, se ocupa del remolque de los aviones, la señalización previa al despegue o aterrizaje, el traslado de los pasajeros desde y hacia las aeronaves, la carga y descarga de equipajes, el suministro de energía eléctrica, agua potable y desagote de baños y la limpieza, entre otras funciones.
Las autoridades están evaluando cuál es el mejor modelo para transferir este servicio a manos privadas. Se dispondría una licitación internacional y una posibilidad sería la venta en conjunto de la compañía, aunque se le asigna mayor probabilidad a la apertura del negocio por punto de interés.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, correspondientes al primer semestre de 2024, Intercargo contaba con 1.580 empleados. La compañía tuvo un superávit financiero de $1.245 millones el año pasado y de $9.636 millones a fines del junio del año en curso, según el sitio Chequeado.com.
El caso Aerolíneas Argentinas
El caso de Aerolíneas Argentinas se encuentra entre los más complejos dentro del proceso de privatización, según reconocen en medios oficiales.
Las últimas novedades consistieron en que los gremios aceptaron recortar los beneficios para los trabajadores, pero quienes tienen una visión crítica del proceso señalan que con esta actitud los sindicatos “lograron ganar el verano”, en lo que se consideran “concesiones marginales que no solucionan el problema de fondo”.
Asimismo, los gremios continúan con su pelea contra la privatización y, por ejemplo, en los micros que llevan a las aeronaves suelen poner carteles criticando al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y apelando a la “soberanía nacional defendiendo a Aerolíneas Argentinas”.
Sin embargo, la determinación del presidente Javier Milei es que la línea se privatice.
Uno de los problemas es que la incertidumbre sobre el futuro de la compañía perfila afectar sus resultados. Por caso, noticias provenientes de Uruguay señalan que la venta de pasajes de Aerolíneas Argentinas desde el vecino país «cayó totalmente» por los conflictos que enfrenta la empresa y desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi) convocan a no comprar tickets en medio de la actual incertidumbre.
AYSA
Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) es otra de las compañías que la Agencia de Transformación y Privatización de Empresas Públicas prevé transferir a privados próximamente. “Hay interesados en hacerse cargo de la operación”, señalaron a este medio fuentes oficiales.
En este sentido, señalaron que “el problema de esta empresa es más político que económico” ya que brinda servicios en el conurbano bonaerense, es decir un territorio en donde tiene fuerte presencia política el kirchnerismo.
De todas formas, indicaron que “la decisión del presidente Javier Milei es resolver la situación de AYSA porque no es justo que todos los argentinos subsidien a los consumidores del Gran Buenos Aires”.
El cierre de la ex Ciccone
En el marco de otro proceso de privatización, en este caso referido a Casa de Moneda, este lunes el Gobierno anunció el cierre de uno de las principales unidades de la empresa, la planta impresora de billetes ubicada en Don Torcuato que perteneciera a la familia Ciccone y que fuera expropiada en 2012.
Esta decisión supone un ahorro anual para el Estado de $5.040 millones y las 270 personas que cumplían funciones en esta planta “serán dispensadas hasta determinar las políticas a seguir”, según señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales.
En paralelo, las autoridades están brindando asistencia a distintas reparticiones oficiales que reciben servicios de Casa de Moneda para que vayan consiguiendo otros proveedores. Debe tenerse en cuenta que hoy la compañía suministra desde estampillas de cigarrillos para la agencia de recaudación hasta chapas patente de automotores para el Ministerio de Justicia. Desde ya, adelantan en fuentes oficiales, “este proceso demandará tiempo, seguramente unos meses”.
En lo inmediato, el Banco Central decidió terminar con los contratos vigentes entre la entidad y la Casa de Moneda, relativos a la impresión de billetes. Los últimos lanzados, de $10.000 y $20.000, fueron importados en una operación que significó “un importante ahorro” para la autoridad monetaria, según sostienen en el Gobierno.
