«Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos. Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas», afirmó la cartera que conduce Sandra Pettovello a través de un comunicado difundido esta noche.
El Gobierno, en pie de guerra con las universidades públicas, afirmó que están «al día» y que se han pagado los fondos reclamados «para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada».
El Gobierno negó el desfinanciamiento de las universidades públicas
A continuación, reiteraron que «nunca se desfinanció la educación universitaria pública» y que el compromiso del Gobierno con el sector «se ha mantenido firme». «Simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron», remarcaron.
El ministerio aseguró que, pese a lo que denuncian tanto las universidades como los gremios, se transfirieron 192 mil millones de pesos «cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento». Según el comunicado oficial, el desembolso representó un incremento del 270%.
Desde el Ejecutivo afirman que se asignaron «partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional«. Y que la propuesta presentada a los gremios el lunes «alinea las remuneraciones del sistema universitario con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)».
En ese sentido, el comunicado ministerial afirma que las universidades «han decidido rechazar una propuesta de aumento salarial adicional del 6,8% para el mes de octubre, equivalente a $17 mil millones mensuales y $56 mil millones acumulados hasta fin de año». Y denunciaron que es una decisión que «impacta directamente en el sistema educativo» y que pone en riesgo la educación de miles de estudiantes.
También aprovecharon para cruzar a los gremios por negarse a aceptar la oferta salarial. «No hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios», cuestionó el Ministerio.
Luego de que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, afirmara que más del 60% de los trabajadores docentes y no docentes son pobres, desde el gobierno recogieron el guante y dieron a conocer el escalafón salarial. «L os docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente», por lo que afirmaron que «no existe pobreza entre estos sectores».
De todas maneras, reconocieron que aquellos que son de dedicación simple «perciben salarios más bajos», aunque se escudaron en que «dan clase solo una vez por semana».
Capital Humano tildó a la marcha universitaria de ser «política»
En ese sentido, desde el Ministerio que conduce Pettovello rechazaron «enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo» y acusaron a la marcha de ser «política» y no reflejar «un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes».
Además de cuestionar la convocatoria a la marcha, el Gobierno criticó a las universidades por «no dejarse auditar». «Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos», expusieron en el comunicado.
El extenso documento difundido esta tarde a horas de la nueva marcha también extiende su cuestionamiento al costo de los extranjeros. Si bien manifestaron que en la Facultad de Medicina hay un 21,8% de alumnos provenientes de otros países, cálculos oficiales aseguran que en la currícula nacional apenas representan un 5%.
Por último, en sintonía con la denuncia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien acusó a las universidades de «inventar alumnos» para ampliar los cargos, el comunicado de Capital Humano asegura que «solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares», mientras que hay un 38,4% de los que no se cuenta con información clara sobre su actividad académica.
