El gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste sobre el sector público con una nueva disolución de fondos fiduciarios. Luego de eliminar el PROCREAR, ahora dispuso dejar sin efecto cinco fideicomisos vinculados a la promoción de capital emprendedor, asistencia a víctimas de trata, competitividad del sector azucarero en el NOA, refinanciación hipotecaria e inversión estratégica.
Bajo el amparo de la ley Bases que habilitó al Poder Ejecutivo a «modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos», la administración Milei publicó esta noche el decreto 1048 que ordena la disolución de otros cinco fideicomisos bajo el argumento de la existencia de «falencias» y «debilidades» de los mismos, según auditorias internas.
De esta manera, ordenó cerrar el Fondo Fiduciario Para El Desarrollo De Capital Emprendedor (FONDCE) el cual fue creado para «financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor» mediante el otorgamiento de «préstamos a emprendimientos y/o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores», Aportes No Reembolsables (ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor; y otros instrumentos de financiamiento.
El decreto advierte que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó «debilidades en la gestión de inversiones y su recupero», como también la ausencia de «manuales operativos y de procedimientos», además de «debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión».
También se dispuso la disolución del Fideicomiso Para La Refinanciación Hipotecaria que tenía por objetivo implementar el Sistema de Refinanciación instrumentado por la ley 25.798. De igual manera, la SIGEN también informó «la existencia de debilidades importantes respecto del desenvolvimiento del referido Fondo, así como demoras en la rendición de cuentas por parte del Fiduciario y en la contratación de auditores externos para la auditoría de los Estados Contables de los Ejercicios 2021, 2022 y 2023 y falta de una gestión activa de recupero de fondos en mora, entre otros».
Asimismo, dispuso el cierre del fideicomiso del Programa De Inversiones Estratégicas «cuyo objeto es invertir en sectores estratégicos para el Estado Nacional, fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real». Según aducen en el Gobierno, «no se han integrado los bienes al fideicomiso, por lo tanto, ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia».
A su vez, se ordenó la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado “FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY 26.364” destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.
El Gobierno justificó el cierre en base a un informe de la SIGEN que señala «la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros».
Por último, el decreto determina la supresión del Programa Para Incrementar La Competitividad Del Sector Azucarero Del NOA (Proicsa), el cual tenía por fin destinar créditos para promover la competitividad de la industria azucarera del Noroeste argentino.
«En lo referente a la actividad del fideicomiso PROICSA se ha completado el proceso de otorgamiento de la totalidad de las asistencias crediticias que resultaron elegibles de conformidad al Contrato de Préstamo celebrado con la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF). Que, por ello, desde el año 2020 PROICSA no tiene actividad alguna en relación con desembolsos por realizar», argumentó el gobierno.
Uno por uno, los fondos fiduciarios que disolvió Javier Milei desde su llegada al Gobierno
Desde el inicio de su gestión, Milei lleva adelante una auditoria sobre los fondos fiduciarios que derivaron en su disolución. Uno de los primeros en ser eliminado fue el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, creado por el Gobierno de Alberto Fernández para el fortalecimiento bonaerense con recursos obtenidos a partir de la revisión de los montos otorgados a la Ciudad por el traspaso de la Seguridad.
El mismo día también ordenó modificar el Impuesto PAÍS para reducir al mínimo el reparto que recibía, hasta ese momento, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada por el gobierno anterior para la urbanización de barrios populares. El FISU, que antes de la modificación recibía la tercera parte del 30% recadado por el impuesto, vio reducido su financiamiento a la mínima expresión ya que apenas recibirá un 1%.
También dio de baja del Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud (FFCUS). Así se dispuso este viernes, a través, de la resolución Resolución 666/2024 publicada en el Boletín Oficial. Fue constituido en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, y su objetivo era «financiar acciones tendientes a reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud».
En esa línea, el Gobierno también resolvió cerrar un fondo que estaba destinado a la actividad ovina en el país, por el cual se manejaban unos $3.000 millones al año. Se trata del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), que para el Gobierno operaba «sin ningún tipo de transparencia». Productores agropecuarios criticaron la medida del Gobierno y defendieron la transparencia del sistema.
Otro de los casos más recientes fue el anuncio a través del Boletín Oficial del cierre del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP), una herramienta estatal para financiar microemprendimientos a fin de que familias con problemas de empleo puedan desarrollar producciones propias.
El 8 de octubre, el Gobierno avanzó con el cierre de otro fondo fidunciario, en este caso, el financia las Becas Progresar. Lo hizo a través del Decreto 888/2024 publicado en Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de economía, Luis Caputo.
En el escrito, indican que se elimina el Fondo Fiduciario Público creado el 28 de enero de 2022 denominado «Fondo Fidunciario Progresar» cuya finalidad era financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones del «Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos» (Progresar). Según el Gobierno, este fondo «nunca se encontró operativo, por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento».
Creado en 2022 tenía una duración de 20 años contados desde la fecha de su constitución mediante la celebración de un contrato de fideicomiso. A su vencimiento, la propiedad de los bienes fideicomitidos quedará en poder del fideicomisario», que en este caso era el Ministerio de Educación de ese entonces, ahora Secretaría de Educación.
El mismo día, a través del Decreto 888/2024 y con la firma de Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de economía, Luis Caputo, se eliminaron otros dos fondos fiduciarios que apuntan a distintos sectores de la sociedad. Es el caso del Fondo Nacional de Emergencias, que tenía como objetivo financiar acciones de respuesta ante emergencias que afecten al país, y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque).
