El Gobierno de Perú decretó prorrogar el estado de emergencia en algunas jurisdicciones de la zona centro y sur del país por la continuidad de actividades terroristas.
«Prorrogar, por el término de 60 días, a partir del 11 de febrero al 11 de abril de 2023, el estado de emergencia en algunos distritos [de la zona centro y sur] ante la continuidad de actividades terroristas y la comisión de otros ilícitos», se indica en el decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
La norma señala que el estado de emergencia se prorroga en 44 distritos de los departamentos de Junín (centro), Huancavelica, Ayacucho y Cusco, ubicados en el sur.
En Perú, el estado de emergencia es una medida que implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.
Desde diciembre, diversas protestas ciudadanas se han sucedido en el país, sobre todo en la zona sur.
Los distritos comprometidos pertenecen al área geopolítica conocida como Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), zona convulsionada donde operan remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en actividades de apoyo al narcotráfico.
En reiteradas ocasiones el Gobierno afirmó que en las protestas que ocurren desde diciembre hay «infiltración» de «terroristas».
El 2 de febrero, la canciller Ana Cecilia Gervasi admitió, en una entrevista con The New York Times, que el gobierno no cuenta con evidencia de que las manifestaciones sean impulsadas por grupos criminales, aunque insistió en que se hallarán las pruebas.
En las protestas se exige la salida de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales.
Según datos de la Defensoría, hasta la fecha son 59 los civiles fallecidos por las protestas sociales como producto de enfrentamientos con las fuerzas del orden o por hechos relacionados.
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/ Imagen principal: © Foto : Hector Adolfo Quintanar Pérez
