Un paro convocado por mineros informales de la zona colombiana del Bajo Cauca, ubicada al norte del departamento de Antioquia, no solo derivó en desmanes y un toque de queda para seis municipios, sino que incluso podría complicar los diálogos hacia la Paz Total al involucrar, presuntamente, al Clan del Golfo.
El paro se inició el 2 de marzo, cuando trabajadores de la minería informal de la zona comenzaron a bloquear carreteras y caminos en el marco de su protesta por lo que consideraban una persecución por parte del Gobierno de Gustavo Petro, luego de que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, celebrara la destrucción de dragas utilizadas por la minería ilegal en el marco de una «guerra total contra las finanzas criminales«.
«El Ejército Nacional seguirá realizando operaciones militares conjuntas, con el fin de avanzar en la desarticulación de estructuras criminales que se financian de economías ilícitas, las cuales destruyen la fauna, la flora y las fuentes hídricas de esta región del país», añadió la dependencia de seguridad.
Los trabajadores de la minería informal decidieron responder con un paro que, según estimaciones, afectó la movilidad de unas 250.000 personas del norte de Antioquia y el departamento limítrofe de Córdoba.
Poco a poco, el paro minero comenzó a incluir episodios de violencia. El sábado 11 de marzo, encapuchados que presuntamente participaban del paro detuvieron dos ambulancias que intentaban atravesar un corte de ruta, una de ellas con una mujer embarazada en su interior.
Los manifestantes hicieron descender de los vehículos a los ocupantes e incendiaron las ambulancias. En otro punto de los cortes, manifestantes atacaron a efectivos y dependencias policiales.
«¡Bárbaros! ¿Esto es protesta pacífica? Esto no se ve ni en los conflictos más agudos. La fuerza pública, con firmeza, con legalidad, debe continuar en la tarea de restablecer el orden y las libertades», lanzó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a través de Twitter, luego de la quema de las ambulancias.
El mandatario local se mostró duro con las manifestantes en redes sociales y organizó el envío de medicinas y alimentos a las comunidades que comenzaron a sufrir desabasto por la continuidad de los cortes.
Gaviria también coordinó acciones con el presidente, Gustavo Petro, que encabezó una reunión del Consejo de Seguridad en el departamento de Córdoba y dispuso el envío de unos 10.000 efectivos de la fuerza pública para atender la situación.
Por su parte, la Asociación de Mineros del Bajo Cauca apuntó contra el Gobierno de Petro por supuestamente no tener voluntad de dialogar o formalizar a los trabajadores de la minería informal del país sudamericano.
Pero el conflicto comenzó a complejizarse todavía más cuando el propio gobernador Gaviria aseguró, en declaraciones a Noticias Caracol, que detrás de las manifestaciones está la influencia de grupos criminales y que «el de mayor incidencia es el del Clan del Golfo«.
El gobernante dijo tener la información de que «este grupo criminal estuvo en varios municipios obligando a hombres y a jóvenes a montarse a volquetas para ir a los sitios de obstrucción».
Además, indicó que la influencia del grupo está acreditada por filmaciones que muestran cómo el grupo armado realiza un «chantaje» para obligar a los mineros a obstaculizar caminos y provocar desmanes.
El propio Petro dio validez a esta hipótesis en una conferencia realizada el 12 de marzo, cuando deslizó que «muchos de los indicios demuestran» la presencia del Clan del Golfo. El presidente enfatizó que, de confirmarse este extremo, la participación del grupo criminal perjudicaría su posición en las negociaciones de paz.
«Hay que decirlo: (el Clan del Golfo) no tiene voluntad de paz. No puede acercarse ninguna organización a ninguna negociación con la Justicia para un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tiene es defender a ultranza las economías ilegales, como la minería ilegal o el narcotráfico«, explicó el presidente.
En esa línea, apuntó que «la paz no es para mantener el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal» y reforzó que «toda agrupación que quiera acercarse al Estado y al poder judicial debe tener absolutamente claro que ni el Gobierno ni el Estado son para engañar«.
Un día antes, el propio Clan del Golfo había negado estar detrás del paro a través de un comunicado recogido por el medio Semana: «Una vez más lo aclaramos y le manifestamos al señor Gaviria, no estamos promoviendo ni apoyando el paro minero que lleva más de una semana y al cual se han sumado mineros de muchos municipios de Córdoba y Antioquia. Cosa diferente es que respetemos la protesta social porque vivimos en los territorios».
Desde el comienzo del Gobierno de Petro, el Clan del Golfo —originalmente conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— había manifestado su intención de participar de las negociaciones de paz. Sin embargo, varios episodios distanciaron a la parte y llevaron a que el presidente colombiano considere que la organización «ha roto el cese al fuego» que había acordado en enero de 2023.
A comienzos de marzo, el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, entrevistado por Caracol, había cuestionado las condiciones que el Gobierno pretendía imponer al grupo a través de la Ley de Sometimiento que ponía a sus integrantes a disposición de la Justicia. «Si uno analiza en detalle esta ley de sujeción, no creería que haya una sola persona que se vaya a someter a los requisitos de esta ley», aseguró.
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