El jueves de la semana pasada el Senado de la Nación sancionó la ley de Financiamiento Universitario. Después de idas y vueltas, finalmente el texto de la norma fue enviado desde la Cámara alta –con la firma de Victoria Villarruel– a la Secretaría Legal y Técnica, que conduce Javier Herrera Bravo. A partir de ese momento empezó a correr el reloj y el Poder Ejecutivo tendrá diez días hábiles para cumplir con lo que Milei ya anunció en reiteradas ocasiones que hará: un veto total. La comunidad universitaria, en tanto, anunció su plan de lucha: lunes, martes y miércoles de la semana que viene habrá jornadas de visibilización del conflicto, jueves y viernes se realizará un paro de actividades y el miércoles dos de octubre otro paro y una gran marcha nacional. Así lo anunciaron desde la CONADU, después un plenario de secretarios generales en el que se votaron las medidas.
La norma que busca, entre otras cosas, recomponer los vapuleados salarios de los docentes universitarios, fue aprobada en el Senado con 57 votos a favor, solo diez en contra y una abstención. En Diputados, en tanto, 143 legisladores acompañaron el proyecto, 77 votaron en contra mientras que uno también se abstuvo. Sin importar la voluntad y las definiciones del Poder Legislativo, el Presidente ya adelantó que vetará la Ley, tal como lo hizo con la de movilidad jubilatoria que iba a mejorar de manera ínfima el haber de los jubilados. En sus redes sociales, tras la aprobación del texto, el mandatario citó las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien denunció que la medida tiene artículos que son “populismo legislativo”, y escribió: “Veto total”.
Milei también anunció que rechazaría esta ley frente a los diputados «héroes», a los que les ofreció un asado en la Quinta de Olivos el martes por la noche, después de que lo ayudaran a blindar el veto contra los jubilados. Más allá del apoyo que tendrá por parte de su bloque, también sumará el acompañamiento del PRO. Uno de los legisladores referentes de ese espacio confirmó a este diario que van «a acompañar todo lo que sea para sostener el equilibrio fiscal, por ende también el veto al financiamiento universitario». Habrá que ver qué hacen en esta ocasión el bloque de la UCR, que fue impulsor del proyecto. Hay cinco de los diputados radicales que ya acompañaron el último veto contra los jubilados y todo indica que también lo harían en contra de los universitarios.
El anuncio presidencial, sin embargo, no fue sorpresa. Cuando se comenzó a tratar el proyecto de financiamiento universitario en Diputados, Milei había dicho que los legisladores son «degenerados del gasto público», y que «lo único que hacen es mandar proyectos para rompernos el equilibrio fiscal». Por último, en una oda al republicanismo, disparó: «les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden y quiera tocar la caja se los voy a vetar. Me importa tres carajos».
El vocero presidencial Manuel Adorni, cuando fue consultado por el tema en su habitual conferencia de prensa, afirmó que «cuando la ley llegue inmediatamente va a ser vetada y publicada la firma del veto».
En la Casa Rosada explican convencidos que el veto, bajo ningún concepto, dependerá de la movilización de los gremios universitarios. Sin embargo, lo cierto es que, durante el último conflicto con las universidades que desembocó en la masiva movilización del 23 de abril en defensa de la educación pública, el gobierno tuvo que retroceder y sentarse a negociar.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14 por ciento del PBI. Más allá de eso, desde el oficialismo no lo quieren pagar. En el Presupuesto 2025 que Milei presentó en la Cámara de Diputados con bombos y platillos el domingo pasado, hay destinados 3,8 billones de pesos para las Universidades Nacionales. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sin embargo, exigen $7,2 billones. Es decir, necesitan casi el doble del presupuesto para que las universidades puedan seguir funcionando y pagar los salarios de los docentes.
En medio del conflicto entre el gobierno y las universidades, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a echar leña al fuego. En un acto que encabezó esta semana en el Senado en conmemoración del Día del Profesor, denunció la existencia de una supuesta “oligarquía universitaria” y de un «adoctrinamiento ideológico que penetra la mente de los estudiantes”. También defendió el equilibrio fiscal de la gestión libertaria y atacó, sin mencionarlo, al vicerrector radical de la UBA, Emiliano Yacobitti, y al kirchnerismo.
Uno de los que salió a responderle fue el diputado Leopoldo Moreau: «Villarruel se puso el uniforme de general de los 70 y se lanzó a despotricar contra las Universidades con los mismos términos que usaban los dictadores en décadas pasadas cuando la emprendían a palos contra estudiantes y profesores», dijo y añadió que el gobierno «usa el ajuste para asfixiar la Universidad pública, laica, gratuita y de calidad, pero con el pasado no le ganarán al futuro».
