ENTREVISTA – Defensores piden a CIDH que recomiende a México corregir la reforma al Poder judicial

Víctor Flores García
Ciudad de México, 14 nov (Sputnik).- Juezas y defensores de víctimas esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomiende a México corregir la reforma constitucional que establece elegir por voto popular al Poder Judicial, dijo el miércoles a la Agencia Sputnik la secretaria técnica del colectivo La Justicia que Queremos, Marisol Méndez.
«Esperamos que la CIDH defina las consecuencias negativas de la implementación de la reforma al Poder Judicial y haga recomendaciones al Estado mexicano para corregirla», dijo a esta agencia la defensora que participó la víspera en un audiencia con el organismo interamericano con sede en Washington.
La aplicación de los cambios a la carta magna generan la abolición de la carrera judicial para llegar a los tribunales y el despido masivo de 1.782 personas juzgadoras federales.
«La primera votación para elegir jueces en 2025 permitirá a la CIDH determinar sus efectos y podrá recomendar un viraje ante el impacto negativo en la procuración de justicia para las víctimas de abusos y grupos vulnerables», dijo la integrante del colectivo y ponente ante el organismo interamericano.
Las medidas electorales que contiene la reforma promovida por el oficialismo están en marcha hacia la primera votación en junio de 2025 para elegir a la mitad de los jueces federales, seleccionados al azar por una tómbola en el Senado.
La red que aglutina a decenas de organizaciones civiles que proponen una «justicia imparcial, independiente y confiable», es la solicitante de la audiencia de la CIDH celebrada con participación de representantes del Estado mexicano.
Tras la audiencia pública, las organizaciones civiles, junto con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) -que realizó un paro laboral de más de dos meses en los tribunales del país-, emprendieron gestiones ante el Gobierno y el Capitolio de EEUU, con organizaciones aliadas.
«En Washington estamos sosteniendo reuniones con senadores del Congreso estadounidense, autoridades del Departamento de Estado de EEUU y organizaciones aliadas», informó la entrevistada vía telefónica.
El colectivo que también integran las organizaciones Buscando Desaparecidos, Centro de Investigación de Crímenes Atroces, Litigio Estratégico Mexicano, e Impunidad Cero, entre otras, tiene como contrapartes en EEUU al Centro para la Justicia Internacional «Cyrus R. Vance» y al Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de Stanford.
PROLONGADO LITIGIO
Méndez explicó que la CIDH tiene varias vías para escuchar a denunciantes de violaciones de derechos humanos, y algunas pueden ser contenciosas y vinculantes, es decir de cumplimiento obligatorio, y otras son audiencias para escuchar a las víctimas y emitir recomendaciones no imperativas al Estado, que son las que se presentaron en esta ocasión.
«Hay probabilidad de que casos individuales lleguen a litigios y originen un informe de fondo, que si el Estado mexicano no cumple pasaría al ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en procesos que pueden durar entre cinco y ocho años», dijo la representante del colectivo.
La Corte regional con sede en San José, Costa Rica, abriría entonces un proceso que desembocará en una sentencia de cumplimiento obligatorio.
«En esos casos podría emitirse una sentencia para reparar el daño, medidas de no repetición de violaciones, e incluso establecer una medida para adecuar la normativa interna cuestionada, en este caso la reforma constitucional», explicó la experta.
LOS RIESGOS
En su exposición, la representante de especialistas señaló la preocupación por los riesgos que la reforma judicial plantea para la independencia del Poder Judicial y el acceso a la justicia en el país norteamericano.
Los cinco ejes de la demanda comienzan por plantear, en primer lugar, que el sistema de justicia mexicano impide el acceso a la justicia para todas las personas y la reforma no atiende esa realidad.
«La reforma no prioriza ni atiende las necesidades de las víctimas: sólo en 2023, el 92,9 por ciento de los delitos no fueron denunciados, debido a la desconfianza en las autoridades», argumenta la ponente.
Las fiscalías, las policías y las defensorías públicas, han quedado fuera del alcance de la reforma, sin mecanismos para mejorar la atención a las víctimas y la eficacia de las investigaciones contra la impunidad.
El siguiente argumento señala riesgos para la independencia judicial.
La elección de tribunales del Poder Judicial por voto popular, «se hará sin mecanismos que aseguren la definición de perfiles idóneos e independientes, por el contrario, los hace susceptibles a presiones políticas, económicas y populares», según la demanda.
Méndez señala que la elección de juzgadores por voto popular «podría corromper su imparcialidad y su función de proteger derechos fundamentales, al priorizar la popularidad sobre una justicia objetiva e imparcial».
El tercer punto descalifica el proceso porque la nominación de candidaturas se hará a través de comités elegidos por cada poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que «no aseguran la imparcialidad ni calidad de los perfiles».
Al destituir a todas las personas juzgadoras del país en los años 2025 y 2027 -la mitad cada año, seleccionadas al azar en una tómbola- «generará un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en el sistema de justicia que perjudicará a todas las personas usuarias».
Al 30 de septiembre de 2024, 190 mujeres son juezas de distrito y 156 mujeres son magistradas, es decir, 44 y 21,5 por ciento del total, respectivamente, y para 2027, un total de 346 mujeres verán el fin de sus carreras .
La carrera judicial es el método para construir un sistema de justicia «confiable, transparente y eficiente», y con el voto popular «se desvaloriza el esfuerzo y la dedicación de quienes han construido sus carreras a través de años de estudio y capacitación».
El cuarto argumento señala el impacto en los derechos y la democracia mexicana.
«Al debilitar la independencia judicial y la imparcialidad para que la justicia sea pareja, se compromete la protección de derechos fundamentales, bajo el argumento de una supuesta ‘democratización’ de la justicia, se hará la justicia más lenta y menos eficiente», advierte el colectivo.
Finalmente, denuncian que la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial de única instancia abre la puerta a «sancionar a las personas juzgadoras de manera arbitraria», que podría usarse para presionarlas y controlarlas.
Entre las 12 peticiones a la comisión, destaca que la CIDH solicite al Estado mexicano de un informe público, que el tema se eleve al informe anual de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la realización de una observación ‘in loco’, y considere aplicar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.
La Relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, señaló en un mensaje a la audiencia la importancia de «evitar la elección de personas juzgadoras por intereses o motivos ajenos a la capacidad, integridad e independencia para juzgar».
El comisionado de la CIDH Carlos Bernal, dijo a los ponentes que la reforma «es un ejemplo de constitucionalismo abusivo (…), donde un Gobierno que arrasa en las urnas en todos los cargos de elección popular, es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces».
Los requisitos para participar en las elecciones de jueces son: promedio mínimo de 8 en la licenciatura de Derecho, cinco años de experiencia laboral, carta bajo protesta de buena reputación, ensayo de tres cuartillas de postulación y cinco cartas de referencia de vecinos o colegas. (Sputnik)
zzz/yyy/vf/pa