La posibilidad de que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se enfrente a un juicio político es cada vez más cercana y revive a la muerte cruzada, un mecanismo que también implica la disolución de la Asamblea Nacional. De todas maneras, son varios los pasos que deben cumplirse para concretar un juicio político.
El mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, podría ser sometido a juicio político por una presunta trama de corrupción, conocida como el caso El Gran Padrino, que involucraría a allegados del presidente, empresas estatales y nexos con el narcotráfico.
Con 104 votos a favor, la Asamblea Nacional ecuatoriana se inclinó a favor de esta posibilidad el 4 de marzo. El pleno aprobó un informe elaborado por una comisión legislativa multipartidaria, que recomendó enjuiciar a Lasso por delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública.
Sin embargo, como el reconocimiento del informe no es vinculante, para proceder a un juicio político un legislador deberá encabezar el proceso de interpelación y presentar la solicitud ante el presidente del recinto legislativo, en este caso Virgilio Saquicela, con al menos 46 firmas y pruebas que la justifiquen.
Cuando eso se concrete, Saquicela tendrá un máximo de tres días para notificar al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que verificará el cumplimiento de los requisitos antes de que la solicitud ingrese en la órbita de la Corte Constitucional.
Los magistrados de la Corte Constitucional tienen, a su vez, seis días para pronunciarse sobre la continuidad del proceso. Si el tribunal dictamina la admisibilidad del caso, se deberá poner en conocimiento al CAL, que dirigirá el proceso a la Comisión de Fiscalización, que dispondrá de 30 días para elaborar un informe que será elevado a la Asamblea Nacional, de acuerdo con el medio local El Universo.
En este punto se abren dos escenarios: que la Asamblea alcance los 92 votos necesarios para destituir al presidente o que el mandatario se adelante y en el transcurso del juicio aplique el recurso conocido como «muerte cruzada», una figura constitucional que permite al poder ejecutivo disolver al legislativo y convocar a elecciones.
No es la primera vez dentro del mandato de Lasso que se presume la aplicación de este recurso. En junio de 2022, en el marco de las protestas indígenas que paralizaron al país, legisladores de la oposición solicitaron la destitución del presidente, pero alcanzaron tan solo 80 de los 92 votos necesarios para apartarlo del Gobierno.
Tanto en ese momento como ahora, Lasso tenía la facultad de aplicar la «muerte cruzada», un recurso permitido dentro de los primeros tres años del mandato presidencial y que no es impedida por la existencia de un juicio político en contra.
En el caso de invocar esta herramienta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a nuevas elecciones, tanto presidenciales como legislativas.
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