«Subieron a Leandro, golpeado, esposado y vivo a la parte de atrás de la patrulla, y lo bajaron en camilla en el hospital, ya muerto con la boca abierta». Con estas palabras describió la muerte de Leandro Bravo –fue en Charata el 26 de febrero de 2022– su pareja en aquel momento. Lo hizo en su declaración testimonial del juicio oral y público que este miércoles tendrá la audiencia de alegatos. En tanto, Pañuelos en Rebeldía y otras organizaciones que acompañan el reclamo de justicia de la familia denunciaron que el sábado pasado otra de las testigos fue intimidada por un grupo de hombres. «Tenemos probado que hubo persecución y hostigamiento sin orden judicial, hubo golpes y quemaduras cuando lo subieron a la camioneta, como declaró la testigo Romina Aguirre, como una bolsa de papas, y hubo compresión de cuello y tórax de los policías que le provocaron a Leo Bravo la asfixia mecánica traumática», dijo a Página12 el abogado de la familia, Jorge Ferronato.
Leandro Bravo tenía 37 años y dejó huérfanos a dos hijos. Le faltaba poco para recibirse de abogado y trabajaba en el Poder Judicial. Con los videos de las cámaras de vigilancia de los vecinos y los testimonios recabados se pudo reconstruir que Leandro salió aquella tarde con su primo en moto a comprar cerveza. En un momento dado, la policía comenzó a perseguirlo. Él se bajó en la casa de una vecina para pedirle ayuda porque tenía miedo. Cuando salió a atenderlo, vio a Leandro media cuadra más adelante siendo reducido por policías. Lo pisaron y lo golpearon en el piso. Luego lo tiraron dentro de la caja de la camioneta boca abajo. Dos policías se le subieron encima. Cuando lo llevaron a Sanidad Policial la enfermera se negó a atenderlo y ordenó que se lo lleven de inmediato al hospital. Cuando llegó, ya estaba muerto.
El juicio oral y público por este crimen comenzó el 14 de octubre y en el banquillo de los acusados están los policías Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz, imputados de tortura seguida de muerte, que tiene una pena de prisión perpetua, y de falsedad ideológica. El tribunal está compuesto por los jueces Juan Carlos Clauster, Lorena Cimbaro Canella y Sergio Benito, en tanto Silvana Rinaldis es la fiscal de Cámara. Ferronato tiene a su cargo la querella de los familiares de Bravo, mientras que los querellantes institucionales son Romina Duarte y Roberto Sotelo, por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco; y Germán Dellamea y Adriana Acevedo por la subsecretaría de Derechos Humanos provincial. Tras los alegatos del 23, el tribunal tiene un mes para emitir el veredicto.
Cada jornada es acompañada por banderas, pancartas y fotos con consignas de la lucha por justicia por Leandro colgadas en los alrededores del tribunal. En el segundo día de audiencia hubo siete testigos, entre ellos una enfermera de la División Medicina Legal, que ese día cuando lo llevan a la revisión lo recibió, y dijo que Leandro no se pudo bajar por sus propios medios porque estaba totalmente descompensado. Ahí ordenaron su traslado a un hospital por la gravedad de su estado. «Declaró Déborah, mi hermana, contando la llamada telefónica que tuvo con Leandro una hora antes del crimen, cuando le dice que se estaba resguardando en la casa de un vecino porque tenía miedo, que quería hacer la denuncia, fue contundente porque también recordó que no nos dejaban ver el cuerpo, nos dijeron que no tenía lesiones, pero el encargado de la funeraria le había advertido que era evidente de que no había sido una muerte natural», explicó a Página12 Florencia Sánchez, hermana de Bravo.
¿Leo estaba marcado?
Déborah Sánchez también explicó lo sucedido en 2017, en el primer episodio de represión estatal, cuando lo detuvieron en la vereda de su casa, fue golpeado y torturado, hechos de los cuales tienen evidencias en video que fueron presentadas en un expediente adjunto como prueba de la sistematicidad de la violencia policial. En los cinco años siguientes, Leandro tuvo temor porque aquella golpiza lo dejó 15 días en terapia intensiva, hasta el episodio de 2022 que terminó con su vida. En esa audiencia declaró también la doctora que ratificó que recibió muerto a Leandro. «En la sala los abogados de la defensa tienen una actitud hostil y de amedrentamiento hacia los testigos, y con Déborah no fue la excepción, tuvieron que intervenir varias veces las querellas del Comité y de la familia para impugnar preguntas o pedir que se trate con respeto a la víctima», describió Sánchez. No es la primera vez que el entorno de los policías imputados protagoniza acciones contra la querella, como el 24 de marzo de 2022 cuando realizaron una marcha.
En la tercera audiencia fueron proyectados los videos que reconstruyeron el hecho, y declararon Romina Aguirre y Beatriz Scalone. «Romina vió toda la golpiza en esa siesta y la detención ilegal, y Bety, la vecina que salió a tratar de ayudarlo, a quien después llevan engañada a hacer una falsa denuncia contra mi hermano», dijo Sánchez. Ella en la instrucción aclaró que nunca denunció a mi hermano, que salió a socorrerlo. También fueron citados los peritos de la primera y de la segunda autopsia. Y dió su testimonio quien fuera su pareja en aquel tiempo. Contó cómo una vecina le dijo «le pegaron re feo a Leo», y denunció cómo los policías «con el agua de un bidón, limpiaban las manchas de sangre de dónde lo habían golpeado y detenido».
Protocolo de Minnesota
Durante este proceso se empezó a dilucidar por qué la primera autopsia a Leandro apuntaba a la impunidad. En cambio, la segunda, con los elementos, protocolos y personal idóneo, concluyó que la muerte se dio por «asfixia de origen traumático» en el contexto de su detención. El forense que realizó la primera autopsia, declaró que «no sabía el contexto, no sabía por qué había muerto».
Luego declaró la directora del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial del Chaco, Gabriela Lamparelli, quién estuvo a cargo de la reautopsia, bajo el protocolo de Minnesota, que permitió dar un vuelco a la investigación. «Siempre preguntamos por el contexto del caso, no encontramos signos de defensa, pero sí de compresión, en el cuerpo hubo uno o más momentos de asfixia», expresó la forense. Su presentación fue acompañada por fotos del procedimiento, donde «los raspones» pasaron a ser «marcas de escopeta», las «marcas en los hombros» a «quemaduras de 3º grado, infringidas sobre un elemento con una temperatura superior a los 70 grados». La forense también se refirió que Leandro sufrió «mecanismos de asfixia no continuos, intermitentes». También planteó que la primera autopsia duró sólo una hora, en tanto la suya bajo este protocolo que corresponde en casos de muertes bajo custodia del Estado, duró más de cuatro horas. Las defensas intentaron, sin éxito, que sea excluida esa pericia que Lamparelli realizó junto a la forense Virginia Creimer.
El próximo miércoles tendrán lugar los alegatos, y en ese momento la familia planea transmitirlos en la plaza, y a su vez intervenir el espacio público con fotos de Leandro y consignas de la campaña por justicia por Leo. «Sabemos que más allá del caudal probatorio que hay en la causa, y de los testimonios contundentes, durante estos años garantizaron la impunidad y en esta instancia eso puede volver a ocurrir, por eso hace falta activar la lucha en la calle», indicó Sánchez.
«Aunque este mismo sol se nuble después, sos alma de diamante», reza uno de los carteles que sus familiares y amigos llevan cada día a la plazoleta que está frente al tribunal de Charata. Se sabe, Leo amaba la obra de Luis Alberto Spinetta.
