Los amigos de los represores no cejan en sus intentos por sacarlos de las cárceles. Distintas organizaciones que se reivindican de “memoria completa” presentaron un hábeas corpus por los detenidos por lesa humanidad que se encuentran en las penitenciarías federales. Los patrocinan los abogados María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, que compartían los chats con los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que en julio pasado fueron a reunirse con Alfredo Astiz y compañía en el penal de Ezeiza.
El pedido incluye a “todas las personas mayores detenidas” en distintos establecimientos penitenciarios del país. Los califican como población vulnerable y dicen que su detención es violatoria de lo establecido en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La presentación fue hecha ante la justicia nacional ordinaria. El juez que recibió el hábeas corpus, Martín Yadarola, lo rechazó in limine –es decir, sin adentrarse en el estudio del caso. Entendió que era un pedido genérico e indiscriminadamente abarcativo. Dijo, además, que quienes tienen que resolver los pedidos de libertad o de morigeración de la pena son los jueces que tienen a su cargo a los detenidos.
Sin embargo, el sábado la sala de Hábeas Corpus de la Cámara del Crimen –integrada por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Magdalena Laiño– revocó la decisión de Yadarola. Los camaristas entendieron que el magistrado debió haber hecho una audiencia antes de resolver. En su resolución, Pociello Argerich y Laiño pidieron que los presentantes –o sea, los grupos de amigos de los represores– aportaran una lista de los presos a los que buscan favorecer con su acción.
La nómina con los nombres de unos 80 represores se aportó en el juzgado en el que subroga Yadarola. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay menos de 130 detenidos por delitos cometidos durante los años del terrorismo de Estado. Entre ellos, hay varias celebridades del horror como Astiz, Eduardo “Tigre” Acosta o Adolfo Donda (que viene pidiendo el arresto domiciliario).
Desde el lunes, Yadarola empezó a recabar información en los distintos juzgados, tribunales y fiscalías sobre los detenidos de lesa humanidad. Les pide que le informen en qué causa están detenidos, cuál es el lugar de detención, cuál es la situación procesal, quiénes lo defienden, si hay un legajo de salud o si hicieron pedidos de morigeración de pena.
Cuando reúna esa información, el juez tendrá que fijar una audiencia para analizar el planteo de las organizaciones que piden la libertad de los represores. En esa instancia está previsto que participe la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad. Esto implica que un enviado de Patricia Bullrich tendrá que decir en qué condiciones están los detenidos de lesa humanidad. En lo que va del año, la ministra ya comparó el proceso de justicia con la venganza y exageró diciendo que había personas mayores de 90 años con cáncer terminal.
En la audiencia tendrán que estar también la defensa pública y el ministerio público fiscal –representado por Marcelo Munilla Lacasa. La Cámara del Crimen ordenó poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la tramitación del hábeas corpus y de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Plantear un recurso de hábeas corpus por los represores presos parece una provocación. Eran las acciones que presentaban las Madres, muchas veces firmadas por ellas mismas ante la ausencia de abogados que se animaran a acompañarlas, en plena dictadura para saber dónde estaban sus hijos o hijas. Los hábeas corpus se emplean también cuando las condiciones de detención de una persona se agravan.
Será curioso que los grupos pro-represores digan que las condiciones de detención empeoraron durante los últimos meses cuando las cárceles están bajo la tutela de Bullrich y su jefe de gabinete, Carlos Manfroni. Además, recibieron visitas de diputados –que no expresaron su preocupación por el estado de las cárceles ni de los detenidos– y de funcionarios que dependen del ministro de Defensa, Luis Petri.
En los tribunales de Comodoro Py miran con atención el proceso que está sustanciando Yadarola. “Es fórum shopping”, se alarma un juez. La competencia en causas de lesa humanidad es federal y no de los tribunales ordinarios. Yadarola tendrá que decir si es competente después de la audiencia.
El fans club de los criminales de lesa
La presentación a favor de los represores es motorizada por distintas organizaciones de la familia militar:
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Justicia y Concordia, que reúne a abogados defensores en causas de lesa y que se creó en 2009;
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El Centro de Estudios Salta;
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La Unión de Promociones, que se conformó en 2005 para resistir el avance de los juicios. Su principal dirigente, Guillermo César Viola, está detenido en su casa por el operativo en el que murió María Victoria “Vicki” Walsh;
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La Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), que el año pasado pidió la disolución de la Secretaría de Derechos Humanos y el despido de tres de sus trabajadores –dos peritos y un abogado– por su rol en las causas;
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El Foro de Generales, que motorizó propuestas hace 20 años para reactivar causas contra los militantes de los ‘70 y, de esa forma, forzar una amnistía general;
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El Foro de Almirantes –conformado en 1998 a imagen y semejanza del Foro de Generales;
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La Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo, que integra el carapintada Gustavo Breide Obeid –que se vanagloria por su rol en el Operativo Independencia;
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La Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, que dirige Cecilia Pando;
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La Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina, cuya vicepresidenta, Silvia Ibarzábal, es asesora en materia de “derechos humanos” de Luis Petri en el Ministerio de Defensa.
Todos ellos tienen el patrocinio de Olea, Saint Jean y Guillermo Fanego, que estuvieron detrás de otro intento para que los represores salieran de las cárceles: le habían pedido a la Cámara Federal de Casación Penal, tan solo un día después de que asumieron Milei y Victoria Villarruel, que hiciera un plenario para establecer las condiciones para acceder a la domiciliaria por parte de los mayores de 70 años. El tribunal no accedió al pedido.
Olea y Saint Jean, por su parte, integraban los chats que organizaba el cura Javier Olivera Ravasi y en los que participaban los diputados oficialistas. Ellos motorizaron distintas iniciativas para conseguir el arresto domiciliario automáticamente a los 70 años y para ponerles coto a las investigación que están en curso.
