El Gobierno Nacional redobló la apuesta en su disputa contra la Universidad de Buenos Aires y ayer, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) presentó un informe de contestación de demanda ante la Justicia en el que rechazó la medida cautelar para evitar la auditoría y recusó sin causa al juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick. Según el escrito firmado por el titular del organismo, Miguel Blanco, hacer lugar a la medida «comprometería el interés público de modo irreversible”. Sin embargo, todas las universidades nacionales coinciden en que la institución competente para realizar el control sobre los gastos es la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Poder Legislativo, y no la SIGEN que depende del Ejecutivo.
La presentación de Blanco ante el juzgado federal es la respuesta a una demanda que hizo la UBA semanas atrás cuando denunció el intento de “intervención” por parte del gobierno de Milei y presentó una «acción declarativa de certeza» para que la Justicia defina si la SIGEN puede o no auditarla, al tiempo que pidió que se dicte una medida cautelar. El juez Cormick le había dado un plazo de cinco días hábiles al Gobierno para que produzca el informe de contestación a los argumentos de la UBA. Lejos de buscar un acercamiento, desde el organismo respondieron que el dictado de la medida cautelar «comprometería el interés público de modo irreversible, al afectar en forma directa el cumplimiento de los objetivos constitucionales, tales como el debido contralor de los fondos públicos».
Según Blanco, “impedir que la SIGEN audite los fondos que el Tesoro Nacional le gira a la UBA” podría “ocasionar un grave perjuicio al interés público de efectos irreversibles, porque dejaría sin auditar la aplicación de los cuantiosos recursos asignados a esa casa de estudios que aún no se han rendido». Sin embargo, la UBA no se resiste a ser auditada, lo que pide es que el control lo haga el organismo competente. “De ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, afirmó el rector Ricardo Gelpi antes de hacer la presentación.
La UBA indicó que ese organismo depende directamente del Presidente y la Constitución Nacional sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo por lo que no tiene competencia para auditar a las casas de altos estudios, que son autónomas, sino que es una tarea que le corresponde a la Auditoría General de la Nación. En esa misma línea se expresaron también los rectores y rectoras agrupados en el Consejo Interuniversiatario Nacional (CIN) la semana pasada. “El organismo legalmente competente para realizar las auditorías en las universidades nacionales es la AGN”, señalaron en un dictámen. Remarcaron la vocación de «trabajar con todos los organismos que aporten a la transparencia del uso de los recursos públicos, incluida la SIGEN”, aunque resaltaron que deben ser “siempre en el marco del respeto de la autonomía y la autarquía que la Constitución nacional garantiza al sistema y a cada universidad”.
En la respuesta a la Justicia por la UBA, la SIGEN sostuvo que «auditar no es intervenir, es verificar la gestión económico financiera de una entidad que tiene como fin agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, a la vez que permite rendir cuentas de los recursos públicos utilizados y dotar de transparencia a la gestión estatal» y agregaron que la “auditoría excluye planes de estudio y otros ingresos que pueda tener la universidad por sus propias actividades». Por otra parte, el organismo recusó sin causa al juez Cormick, quién envió hoy el expediente a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que se realice un nuevo sorteo de juzgado.
La AGN auditará a facultades de la UBA y otras universidades
Mientras el gobierno de LLA insiste por la vía judicial, el martes en el Congreso se reunió la comisión Bicameral Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Angel Pichetto, que acordó un plan de trabajo para que el año próximo la AGN audite a doce universidades, entre ellas cuatro facultades de la UBA. En la reunión estuvo el titular de ese organismo, Juan Manuel Olmos, quién anticipó que los próximos informes serán en las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología.
Según el plan puesto a consideración por Pichetto, que se votaría el próximo martes, las auditorías se iniciarían a partir del 1 de febrero del 2025 con el objetivo de tener el primer informe para agosto o septiembre de ese año. Y estaría a cargo de una comisión especial con los «mejores cuadros» de la AGN, según anticipó el titular del bloque Encuentro Federal. «La propuesta no es buscar si alguien se robó una partida, es ver cómo está. La propia autoridad quiere que la auditemos», dijo Pichetto que, también, reconoció que el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, le pidió que sea la AGN la que realice el estudio sobre las cuentas de las facultades de esa institución.
