El primer ministro, Alberto Otárola, y el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, son acusados de asociación ilícita agravada, informaron desde la Fiscalía de Perú y anunciaron el inicio de una investigación contra ellos. Otárola está implicado en otras 2 investigaciones por decenas de muertos en las protestas antigubernamentales.
La legislación peruana indica que la conspiración agravada es un delito de defraudación patrimonial al Estado y se castiga con penas de 3 a 6 años de prisión.
Días antes Carola Rodríguez fue nombrada por el ministro Alfonso Adrianzén como asesora de su oficina con un sueldo de 15.500 soles al mes (4.078 dólares). Según el semanario peruano Hildebrandt en sus Trece, Carola Rodríguez Bringas es tía de Luis Eduardo Otárola, hijo de Alberto Otárola, quien no consignó el nombre de su primogénito en su declaración jurada de intereses.
Más tarde, el propio primer ministro peruano, al conocer la investigación, declaró: «No he intervenido en esta designación«.
Por su parte, el ministro de Trabajo indicó que no recibió «indicación o recomendación» para la designación conocida. Asimismo, afirmó que en la actual gestión no existen «delincuentes».
Alberto Otárola está implicado en otras dos investigaciones preliminares de la Fiscalía General contra el alto ejecutivo, incluida la presidenta Dina Boluarte, por la muerte de decenas de ciudadanos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron el pasado diciembre.
Según la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta la fecha son al menos 58 los civiles fallecidos por las protestas sociales como producto de los enfrentamientos con las fuerzas del orden o por hechos relacionados.
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/ Imagen principal: © AFP 2023 / Sebastian Castaneda
