La gestión libertaria le colgó el cartel de remate a la Argentina y en un nuevo capítulo del plan de ajuste el Gobierno de Javier Milei proyecta ubicar en la mesa de saldos unas 27 mil hectáreas de terrenos pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicados en distintos puntos el país y valuados en millones de dólares, donde además de desarrollar investigaciones científicas funcionan campos de producción de alimentos que generan recaudación al organismo. El puntapié inicial se verá en las próximas semanas, con la subasta de un predio ubicado en Palermo. También preparan más de 1.500 despidos, según un documento elaborado por las nuevas autoridades del Instituto al que accedió Página|12.
La inmobiliaria del INTA se pondrá en acción el próximo lunes 23 de diciembre: la Navidad llegará con un suculento regalo para quien se haga de los codiciados terrenos que el Instituto posee en Cerviño y Ortíz de Ocampo, a una cuadra de la coqueta avenida Del Libertador, en una de las zonas más caras de la Ciudad de Buenos Aires. El predio saldrá a remate con una base de U$S 6.378.968, cuando según los trabajadores está tasado en U$S 10 millones.
En ese predio del barrio porteño de Palermo trabajan 150 empleados y la puesta en venta fue publicada en el Boletín Oficial a través de una serie de resoluciones en las últimas semanas donde se desafecta el inmueble que es propiedad del Estado en jurisdicción del INTA y se puso a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En la resolución, se determinó que la venta contribuirá con la reducción de costos y para un “aprovechamiento mejor de los los recursos” y que se determinó el “estado de innecesariedad”.
Según informó la propia AABE, el predio que será subastado el 23 de diciembre ya tiene un destino asegurado: “Desarrollo inmobiliario”.
El plan de ajuste lleva la firma de Nicolás Bronzovich, el nuevo presidente del INTA. En una nota que Bronzovich le remitió el 12 de noviembre al titular de la AABE, Nicolás Pakgojz, afirmó que todas las actividades que funcionan en el edificio de Cerviño se pueden “desenvolver en otras locaciones”. Los trbajadores aún no han sido informados de cuál será su nueva sede laboral. En el documento, al que tuvo acceso este medio, además aseguró que el inmueble es “innecesario” y que “la desafectación conlleva una significa reducción de los gastos”. Ahora el Consejo Directivo del INTA deberá votar si aprueba o no la venta, en una reunión prevista para el 28 de noviembre. En alerta, los trabajadores ya convocaron a una protesta para ese día.
La inmobiliaria de Milei y compañía
Como el edificio de Cerviño y Ortíz de Ocampo, el Gobierno de Milei prevé la venta de 27 mil hectáreas de terrenos que están en manos del INTA en todo el país, entre los que se encuentran 22 campos experimentales. Mario Romero, secretario General de la Asociación de Personal del INTA (Apinta), dijo a Página|12 que el otro gran predio que salió a la venta es un campo en Cerrillos, en la provincia de Salta. Pero el plan es aún más amplio y abarca terrenos del INTA en Junín, San Pedro, Concepción del Uruguay y Esquel, entre muchos otros.
Romero explicó que en el caso de los campos experimentales el plan es quitar el 90 por ciento de las tierras y que queden para el Instituto apenas un 10 por ciento. “No son tierras improductivas ni están en desuso. Se utilizan en parte para ensayos de investigadores y están en producción a través de cooperadoras del INTA que trabajan la tierra, venden la producción y con esa recaudación generan recursos para el organismo como refuerzo presupuestario”, dijo, y aclaró que esos fondos se utilizan para financiar obras en laboratorios y la compra de vehículos y combustible.
El propio Gobierno publicita en las redes sociales la venta de terrenos con una producción audiovisual con un estilo calcado al de las inmobiliarias. “Es humillante”, resumió Julieta Boedo, delegada de ATE e integrante de la Coordinación Nacional de ATE-INTA.
Un modelo calcado del menemismo y el macrismo
La proyección del ajuste es cada vez mayor. En un documento elaborado por las nuevas autoridades se habla de un “Capital humano jerarquizado” con “menor dotación, alto nivel profesional y mejores salarios”, así como “mejor influencia de privados en decisiones” y el incremento del aporte privado en la producción, regalías, convenios y servicios. Para Romero, se trata de un plan calcado del menemismo y el macrismo. “Es un copie y pegue. En el menemismo nos prometieron mejores salarios después de los retiros voluntarios y estuvimos diez años con salarios congelados y un presupuesto paupérrimo. Y cuando se habla de achicar estructuras, es un copie y pegue del macrismo”, recordó.
El ajuste está distribuido en tres etapas: la primera de ellas a aplicar entre noviembre y diciembre incluye el recorte de entre 1.500 y 1.700 puestos, entre despidos, retiros voluntarios, “jubilables” – así los menciona el documento – y la revisión de becarios. “Es un plan de entrega de nuestro organismo, comienza con el despido masivo de compañeros que trabajan por la ciencia, la investigación y la tecnología y termina con la privatización. Le van a permitir a privados apropiarse de las decisiones institucionales”, alertó Boedo en diálogo con Página|12.
En la “etapa 1” también se habla del “control de gastos” y se cuestiona la cantidad de vehículos – 2.600 – y el gasto de combustible, viáticos, limpieza y telefonía.
A la venta de terrenos y el recorte presupuestario hay que sumarle el freno de partidas que no fueron actualizadas a pesar de la devaluación aplicada por el gobierno libertario en diciembre de 2023, lo que dificulta la labor científica y paraliza investigaciones y desarrollos clave, tal como ocurre en otros organismos dedicados a la producción de ciencia y tecnología. “El INTA tiene algunos créditos internacionales que no se han utilizado. Cuando hay financiamiento externo y no se ejecuta, se pagan los intereses por no utilizar ese dinero”, resaltó Romero, quien expresó su preocupación por la visión de las nuevas autoridades del organismo, que “no incluye a las economías regionales”.
Para 2025, en lo que las autoridades califican como “Etapa 2”, se prevé una “revisión de estructura” y una “reasignación” de personal, así como una “selección de hectáreas” de las estaciones experimentales que se podrían ceder y un mayor vínculo con el sector privado, a partir de convenios específicos. De cara a 2027, en la “Etapa 3”, se habla de un plan de “eficiencia, impacto y descentralización”, que insiste en la reducción de la estructura del organismo.
Romero fue enfático al alzar la voz contra el ajuste: “Les molesta que un organismo de cinecia y técnica acerque alternativas de producción para que se pueda subsistir en el territorio. Buscan que no se llegue a los pequeños productores y a la agricultura familiar. Van a la destrucción y el desguace”.
