El fiscal federal porteño Franco Picardi determinó que debe cerrarse por inexistencia de delito la denuncia con que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, intentó amedentrar al sindicalista aeronáutico Pablo Biró, al que acusó insólitamente de «extorsiones y amenazas».
En un dictamen presentado ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá tomar la decisión final, Picardi no impulsó la denuncia de Bullrich y advirtió que la actitud de Biró «lejos de exhibir un accionar ilícito, refleja la potencial utilización de herramientas legales por parte del representante del sindicato», porque en esas declaraciones también anunció su intención de recurrir a la Justicia.
El delito de amenaza debe implicar un peligro de daño futuro, grave y posible.
El fiscal interpretó que «nada de esto sucedió en el caso» y que los dichos de Biró se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión en medio de un conflicto gremial.
«Las expresiones del representante gremial podrían encuadrarse como parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión -que incluye el de peticionar ante las autoridades-«, expresó el fiscal.
También recordó que se trata de reclamar por «derechos laborales y sindicales, todos de raigambre constitucional que, a la vez, forman parte del corpus del derecho internacional de los derechos humanos».
Picardi advirtió, por otra parte, sobre la judicialización de «conflictos de diversa índole» como los que reflejan «situaciones sociales».
«El derecho penal debe ser únicamente utilizado cuando existan elementos suficientes que lo tornen legítimo; y cuando se determine que es la herramienta que resolverá de manera eficiente el conflicto de fondo», concluyó en su dictamen que ahora evaluará el juez Lijo.
