Mientras Casa Rosada termina de pulir el veto a la ley de movilidad jubilatoria, el Senado ya prepara la contraofensiva: el rechazo al DNU de los 100 mil millones de pesos para los fondos reservados de la SIDE y la sanción definitiva del aumento al presupuesto universitario. Victoria Villarruel, insisten en la oposición, solo logró postergar lo inevitable. Peronistas y radicales vienen conversando y poroteando, negociando una salida con los aliados más mileístas -y la propia Villarruel- que garantice una sesión que, si bien no será win-win, al menos le permita al oficialismo llevarse un premio de consuelo cuando termine la noche. Esto es: la aprobación (con modificaciones) de la Boleta Única de Papel. Opositores y oficialistas negocian, así, una mega sesión para el jueves que podría incluir, en solo una jornada, el primer rechazo en la historia a un DNU presidencial, la sanción de una nueva ley opositora que Javier Milei también quiere vetar y, por último, una reforma que modifique de raíz el mecanismo de votación argentino.
Son días frenéticos en el Senado. En un salón del primer piso, hace una semana, se vienen tratando los pliegos de los dos candidatos del gobierno para ocupar la Corte Suprema. Ni Ariel Lijo ni Manuel García Mansilla tienen el número para ser designados y hace días que los despachos de la oposición son escenario de debates internos sobre qué hacer con la postulaciones. La semana pasada, mientras tanto, los senadores sancionaron el aumento de las jubilaciones – que desató la ira presidencial – y aceptaron dejar sin efecto el aumento que había llevado sus dietas a casi 9 millones de pesos. El oficialismo, por otro lado, acaba de expulsar del bloque a uno de los pocos senadores que tiene por haber cuestionado en público al asesor estrella del presidente. Villarruel, además, encabezó un acto pidiendo el encarcelamiento masivo de montoneros y, como si fuera poco, el peronismo atravesó una feroz batalla a cielo abierto respecto a la relación con la vice y la posibilidad de un juicio político al presidente.
Es en este escenario que, en las últimas horas, peronistas y radicales comenzaron a acercarse para definir qué hacer con la frutilla del postre de la semana negra del gobierno nacional: el rechazo al DNU que le otorga 100 mil millones de pesos más a los fondos reservados de la SIDE. Hubo un intento de sesionar el jueves, pero nadie tenía el número. No lo tenía ni el peronismo para voltear el DNU ni la propia Villarruel que, por separado, intentaba juntar avales para aprobar una reforma política que el gobierno viene prometiendo hace medio año y que, hasta ahora, no ha tenido mucha suerte en mover medio centímetro: la Boleta Única de Papel.
En total hay tres iniciativas en el tintero – Boleta Única Papel (BUP), el DNU de Inteligencia y el aumento del presupuesto universitario – y el desafío es diseñar un temario para la semana que viene que los incluya a todos. Villarruel, que no quiere que Casa Rosada la convierte – de nuevo – en la cara de la derrota, sugirió convocar dos sesiones distintas, una para BUP y otra para el proyecto de presupuesto universitario (que incluiría, aunque ella se resista, el DNU de la SIDE). La oposición se negó. «Se piensan que comemos vidrio, que vamos a dejar que convoquen solo la de Boleta Única y después se olviden de la otra sesión. Ya no convocaron el plenario para dictaminar el proyecto de universidades y ahora esto», se quejaba un radical díscolo que viene conversando para convocar una sesión para el próximo jueves que incluya los tres proyectos.
DNU, Universidades y BUP
El mayor problema para el oficialismo es el DNU de Inteligencia, cuyo certificado de defunción, en el caso de llegar al recinto, ya está casi firmado. A los 33 diputados de Unión por la Patria se le suman casi todo el bloque radical – a excepción de los más mileístas, como los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo – y algunas figuras del PRO, como Guadalupe Tagliaferri. Habrá hasta (¿ex?) libertarios como Francisco Paoltroni, que ayer mismo expulsaron de la bancada por su guerra declarada a Santiago Caputo. «Yo voy a rechazar los fondos de la SIDE. ¿No hay plata para los jubilados y sí para los fondos de Caputo para la SIDE?», había asegurado, hace un par de días, el formoseño.
Si bien en Casa Rosada sacan pecho y aseguran que gran parte de los 100 mil millones ya se devengaron, que en todo caso se sacarán otros DNUs o se utilizarán otras herramientas para justificar los gastos – los dirigentes oficialistas se ríen cuando se les pregunta si el gobierno devolverá la plata -, el oficialismo está presionando para evitar que se rechace. Está presionando a aliados y gobernadores, y en el peronismo sospechan que, hasta la semana que viene, estas presiones no harán otra cosa que aumentar.
El proyecto de financiamiento universitario, mientras tanto, es otro dolor de cabeza para el gobierno. La iniciativa cuenta con el respaldo de casi todo el arco político – en Diputados se aprobó con 147 votos a favor – y, de sancionarse, constituirá una nueva afrenta a Milei. Dado que el proyecto actualiza por inflación el presupuesto destinado a los salarios y los gastos de funcionamiento de las universidades, el presidente cuestiona que la medida pone en riesgo las metas fiscales y sostiene que, por lo tanto, deberá vetarlo.
Por último está el proyecto de BUP, que fue aprobado hace dos años durante el gobierno de Alberto Fernández – impulsado por la oposición de entonces – y que el oficialismo viene intentando sancionar hace medio año. Villarruel intentó avanzar con la aprobación el último jueves, pero se dio de frente con que no tenía el número: las reformas electorales necesitan una mayoría especial – la mitad más uno del recinto – y el poroteo le estaba dando un empate de 36-36 en el que ella no podía intervenir.
El proyecto modifica el mecanismo de votación para las elecciones nacionales, reemplazando las boletas partidarias por una única papeleta que presenta todas las opciones a elegir. El proyecto, sin embargo, no saldrá tal cual fue aprobado en Diputados. Todavía se están negociando las modificaciones – de ellas depende que el oficialismo consiga el número -, pero los últimos borradores incluyen la eliminación de la casilla que permitía votar una lista completa, así como otros cambios en el diseño – no será más el modelo cordobés, sino el mendocino – y los plazos del período electoral. De aprobarse la BUP con estos cambios, el proyecto pasaría a Diputados. Ahí se abre ya otro debate y en UxP esperan que se dilate y dilate y nunca termine sancionando.