Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires convocaron a una conferencia de prensa para este lunes en la que mostrarán las auditorías que se le realizaron en los últimos años. Su rector, Ricardo Gelpi, acompañado por el consejo superior y los decanos de las facultades saldrán a responder así la ofensiva del presidente Javier Milei. En el encuentro, la UBA presentará su propuesta para sumar a los controles que ya existen una nueva instancia de auditoría extraordinaria “independiente, transparente y de carácter externo”. Mientras tanto, el gobierno filtró a los medios afines el primer golpe de la SIGEN contra las universidades: fuentes del organismo -que no se identificaron-, dijeron que entre 2020 y 2022 la UBA no rindió 8 mil millones de pesos. Este mecanismo de armar denuncias mediáticas, con acusaciones que en muchos casos luego no se comprueban, es el habitual operativo libertario para deslegitimar una política y luego justificar los recortes en su presupuesto.
La UBA presentó días atrás un recurso para que la justicia haga una declarativa de certeza sobre si es la SIGEN, un organismo que depende del Poder Ejecutivo, quien debe auditarla. Plantea que ya está siendo controlada por la Auditoría General de la Nación, que depende del Poder Legislativo y que quedó a cargo de esta tarea en 2022, cuando el ex procurador Carlos Zannini le limitó a la SIGEN tal atribución al considerar que las universidades públicas tienen autonomía.
Hace dos semanas, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra emitió un dictamen para que la SIGEN retome las auditorías a las universidades. Así se llegó a esta discusión: aunque algunos rectores prefieren no entrar en debate para que no se instale el discurso del gobierno (“no se dejan auditar porque son chorros”), otros opinan que no se puede confiar en lo que vaya a hacer un organismo que depende de la presidencia. En la UBA, están convencidos de que Milei «intenta intervenir a las universidades públicas», según señalaron en el comunicado que convoca a la rueda de prensa, prevista para las 8.30 en Viamonte 444.
El motivo del conflicto, sin embargo, no es auditorías sí o no, sino el recorte de presupuesto a las universidades. El 90 por ciento de los fondos son destinados a pagar los sueldos de docentes y no docentes, que en lo que va del año perdieron un 45 por ciento de poder adquisitivo.
Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Universitario Nacional -la coordinación de todas las universidades públicas-, habló sobre este desplazamiento del eje de la discusión. Entrevistado para el programa Rayos X, de Tuny Kollmann, advirtió que si el desfinanciamiento universitario no logra ser revertido, “las universidades nos vamos a replegar a lo mínimo y por ejemplo la UBA no va a poder tener la misma oferta. Nosotros tampoco, vamos a dejar de salir de San Luis, cada uno se va a replegar, las universidades vamos a quedar reducidas a una mínima expresión».
Agregó que por los malos sueldos hay profesores que dejaron de enseñar en las facultades para ir a dar clases a las secundarias, que pagan mejor la hora, y otros directamente se están yendo a universidades de otros países.
«Esa situación va a traerle a la universidad muchos dolores de cabeza, porque no vamos a poder sostener el nivel académico al que estamos acostumbrados. Hoy toda la expectativa está en poder salvar al año que viene. El gobierno propuso un presupuesto de 3,3 billones para las universidades públicas, cuando necesitamos 7. Ojalá que en la discusión por el presupuesto 2025 nos vaya mejor que con la ley de financiamiento universitario».
La información filtrada a los medios hegemónicos fue un documento de la SIGEN que sostiene que “la UBA no rindió entre 2020 y 2022 el 89 por ciento de los fondos que recibió en el marco de diferentes programas universitarios como el FUNDAR”. En el cálculo del organismo, hubo unos 8 mil millones sobre los que la casa de estudios no especificó su destino y utilización. Las mismas fuentes no identificadas de la SIGEN anticiparon que le pedirán a la UBA documentación sobre la compra de materiales, la contratación de servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento en general y el uso de la caja chica.
Milei, que en la semana acusó a las autoridades de las universidades públicas de ser “unos delincuentes” y “uno chorros”, este domingo continuó con su campaña de denuestos. En sus redes insistió en que a la marcha universitaria contra el veto a la ley de financiamiento los convocantes “tuvieron que sumar a los sindicatos y estudiantes truchos”. Su mensaje es que la UBA “no quiere ser auditada” porque tiene cosas que ocultar.
Por otra parte, el sábado la Asamblea Interfacultades, realizada con estudiantes y agrupaciones pertenecientes a la UBA, a la UTN y a la UNA, aprobó realizar una tercera Marcha Federal Universitaria el próximo el 12 de noviembre. La medida es por ahora una propuesta que deberá ser debatida y aprobada por otras universidades del resto del país.
