La Unión de Trabajadores de la Economía Popular volverá a hacer, este martes, la Fila del hambre en la puerta del ministerio de Capital Humano. De esta manera va a reclamar, una vez más, alimentos para sus comedores y merenderos a la ministra Sandra Pettovello. La protesta fue anunciada frente a nueva acción de desgaste del gobierno contra los movimientos sociales; es que hace 15 días, un funcionario del ministerio los recibió y les pidió que enviaran nuevamente la documentación de los comedores, para que recibieran una tarjeta Alimentar. Pero desde entonces, el ministerio no resolvió el tema.
La protesta está pautada para este 8 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. La van a acompañar organizaciones sindicales, sociales, eclesiales y de derechos humanos, con la consigna “El pueblo necesita comer. Contra el ajuste brutal en alimentos, salud, jubilaciones y educación”.
“Durante la última jornada de reclamo de la Utep un funcionario de Pettovello nos atendió (por primera vez en el año) y nos solicitó que enviáramos a un mail del ministerio toda la información sobre nuestros comedores. Desde entonces y hasta el día de hoy no hubo ninguna respuesta, ni por mail ni por otra vía, y tampoco se ha hecho presente ningún agente del ministerio en los comedores”, explicó sobre la situación Johanna Duarte, secretaria gremial de la Utep.
En aquella movilización un operativo antiprotestas impidió a los manifestantes protestar en la vereda del ministerio Capital Humano, ubicado en la avenida Carlos Pellegrini y Juncal. La policía hizo mudarse a quienes se reunieron allí a una plazoleta de enfrente, en un gesto destinado a disciplinar a quienes pedían alimentos. Habrá que ver con qué novedad se despacha la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta semana.
Las organizaciones sociales de la UTEP, con una causa judicial impulsada por Juan Grabois y el Cels, vienen demandando que el ministerio restablezca el flujo de alimentos a los comedores de las organizaciones sociales, específicamente a comedores que están certificados por el propio ministerio y tenían convenios con el programa de Naciones Unidas. La justicia le dió la razón a las organizaciones sociales en primera y segunda instancia, así como en la Cámara de Casación. Sin embargo, para dilatar su cumplimiento, el ministerio fue en queja a la Corte Suprema. Todo esto mientras por la gestión del gobierno libertario, la pobreza aumentaba hasta llegar al 53 por ciento y la indigencia trepaba al 18, los peores indicadores de los últimos 20 años.
