El último estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sostiene que el 89% desaprueba el trabajo del Congreso que destituyó al expresidente Pedro Castillo. El 69% reclama una Asamblea Constituyente. ¿Qué reflejan estos números y las protestas en las calles?
Por Sebastián Ochoa.
La falta de popularidad del Congreso peruano es un argumento más para el reclamo de la presidenta Dina Boluarte que pide adelantar las elecciones generales para 2023.
El rechazo a las instituciones del Estado es la constante de las protestas. Un 76% de la población rechaza al Gobierno de Dina Boluarte, señala la encuesta de IEP, 75% considera que la presidenta, quien ocupa el cargo desde el 7 de diciembre pasado, debería renunciar y un 69% considera necesaria la realización de una Asamblea Constituyente.
El cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte y la redacción de una nueva Constitución son los tres reclamos que reúnen a miles de peruanos en las rutas de todo el país, donde en casi dos meses murieron más de 60 personas.
Betty Izaguirre, coordinadora del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular (Conaicop), está desde diciembre documentando lo que ocurre en las calles. En diálogo con Sputnik, consideró que los datos de la última encuesta «responden a lo que visibiliza la prensa alternativa. Es reflejo de lo que evidencian a través de las redes sociales».
Izaguirre destacó el alto apoyo para «los tres puntos básicos» que exigen los manifestantes: la renuncia de Boluarte, un referéndum para definir si se quiere una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso.
La coordinadora de Conaicop consideró que las elecciones deberían tener lugar en un plazo no mayor a cuatro meses.
El pedido de Boluarte
La presidenta solicitó al Congreso que adelante las elecciones para octubre de este año, pero la mayoría del Congreso no lo aceptó. Boluarte advirtió que si esta traba persistía, presentaría dos propuestas de ley: una para que se recorten los mandatos de ella y de los congresistas. La segunda, para que la Comisión de Constitución del Congreso se encargue de redactar una nueva Constitución.
Izaguirre comentó que algunos legisladores se inclinan por aceptar la propuesta de Boluarte para acortar el mandato, pero que luego aprobarían una ley para tener un nuevo Congreso hasta 2026, cuando tenían que realizarse las elecciones al terminar el mandato de Castillo. Para aquel hipotético escenario, los actuales legisladores podrían presentarse a la reelección, algo ilegal hasta ahora.
Protesta que no para
En el último día de enero, miles de personas se reunieron en Lima para movilizarse, mientras en el Congreso debatían nuevamente un posible adelantamiento de elecciones sin llegar a un acuerdo. Los manifestantes también recordaron a Víctor Santisteban, un manifestante presuntamente asesinado por la Policía, como muestran varias grabaciones.
«De acuerdo a las cámaras ha sido asesinado. Pero desde el Gobierno pretenden instalar que murió por un objeto contundente, como si los mismos manifestantes le hubieran lanzado una piedra, lo cual es totalmente falso», indicó Izaguirre.
Las encuestas y el clamor de las calles coinciden en el anhelo de llevar adelante los cambios que el país necesita.
«La presión también les llega de parte de los mismos empresarios, que es lo que más les preocupa a ellos. Los empresarios, tanto agroexportadores como mineros, no pueden trasladar su productos para la distribución y la venta», explicó Izaguirre.
La encuesta de IEP fue realizada entre el 21 y 25 de enero de 2023 a 1.214 personas de 18 años a más, residentes de Lima Metropolitana y otras regiones del país. Aseguraron que su margen de error es de +/- 2,8 puntos porcentuales.
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