La visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) al penal de Ezeiza fue la punta del iceberg: debajo de ese hecho se esconden una serie de maniobras para lograr que los represores de la última dictadura vuelvan a sus casas. Hay dos personajes que son centrales en esa trama: los abogados María Laura Olea y Ricardo Saint Jean. Son los mismos letrados que impulsan una de las causas que le interesan a la vicepresidenta Victoria Villarruel en su proclamada lucha para que “todos los montoneros” estén presos.
Villarruel lleva más de 20 años desafiando las políticas de memoria, verdad y justicia. El martes, hizo la máxima exteriorización de su cruzada: en un acto en el Senado anunció que buscaría reabrir las causas contra los militantes de los años ‘70, a quienes ella acusa de “terroristas”.
Más allá de la puesta en escena, Villarruel no parece haber logrado que el gobierno de Javier Milei se encolumne detrás de su propuesta. Desde su entorno hicieron saber que será la ONG que ella preside, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la que recorrerá juzgado por juzgado pidiendo que se reabran causas por delitos cometidos en los años ‘70 con el objetivo de que algún juez diga que son crímenes contra la humanidad o graves violaciones a los derechos humanos y que, por ende, no están prescriptas.
Más allá del anuncio y la verba inflamada –que incluyó algunos hits procesistas como la alusión al «trapo rojo», no hay indicios de que será una política estatal. En Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni dejó en claro que el Ejecutivo no está embanderado con la propuesta de la vice. “Es un tema de la agenda de Villarruel, y está muy bien que así sea. Es un tema que hoy no es agenda del Presidente”, resaltó en su habitual conferencia de prensa.
La búsqueda de juzgar a quienes sobrevivieron a los campos de concentración, la cárcel, el exilio o la persecución durante los ’70 no es una iniciativa nueva. Es lo que los jerarcas de la dictadura propusieron hacer hace 20 años cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno e impulsó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El Presidente entonces apuntaló el proceso que había iniciado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –el espejo en el que busca mirarse la ONG de Villarruel– para que se declarara la nulidad de esas normativas y se reiniciara el proceso de juzgamiento a los perpetradores de la última dictadura.
En 2003, se inició una causa contra exmilitantes montoneros por la bomba que explotó en julio de 1976 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), anteriormente conocida como Coordinación Federal. La denuncia fue una reacción contra las investigaciones por los crímenes de la dictadura. Fue desestimada en todas las instancias. En 2012, la Corte rechazó los recursos que estaban pendientes.
En noviembre de 2021, los abogados Olea y Saint Jean pidieron que se reabriera la causa. Decían que Montoneros podría haber tenido el apoyo de otros países o del terrorismo islámico. La jueza María Servini rechazó esa pretensión in limine, es decir, sin darle tratamiento. La Cámara Federal revocó la decisión de la jueza, pero Servini insistió. El tema está a estudio de los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Hace meses que decían que podía salir un fallo, pero evidentemente no se construyó un acuerdo. «Sin novedades», repiten.
Olea y Saint Jean patrocinan en ese expediente a la asociación Justicia y Concordia y a Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica –dos entidades que agrupan a abogados que defienden a acusados por crímenes de lesa humanidad. También representan a Eduardo Kalinec, represor condenado a prisión perpetua y repudiado por una de sus hijas, que dice que él fue afectado por la bomba.
Olea y Saint Jean son un nexo entre el mundo de Villarruel –que quiere que se reabra esta causa para sentar en el banquillo a los sobrevivientes de los años ‘70– y el de los diputados que fueron el 11 de julio a fotografiarse con Alfredo Astiz. Los dos abogados son hijos de jerarcas de la dictadura: de Ibérico Saint Jean, gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, y de Enrique Braulio Olea, uno de los jefes del V Cuerpo de Ejército.
Ambos participaron de las reuniones que convocó el cura Javier Olivera Ravasi, que se define como amigo de Villarruel, en la casona de Montevideo 871. Fueron activos participantes de los grupos de chats con los diputados libertarios –que reveló la legisladora Lourdes Arrieta– y todo indica que serían los autores de las iniciativas de plazo razonable –para poner límites a las investigaciones– y de prisión domiciliaria. De hecho, Olivera Ravasi comentó en el grupo de WhatsApp que Saint Jean sería el elegido para explicar las iniciativas si los diputados Beltrán Benedit y Alida Ferreyra Ugalde conseguían llegar hasta «JM» –que todo indica que sería Javier Milei.
El 11 de diciembre, un día después de la asunción del nuevo gobierno, Olea y Saint Jean acudieron a la Cámara de Casación para pedir que el tribunal reuniera a todos sus integrantes para dictar un pronunciamiento sobre las condiciones para acceder a la domiciliaria para mayores de 70 años. La intentona no resultó, pero sus nombres aparecen en un sinfín de iniciativas tendientes a mejorar la situación de quienes están detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer.
