La propuesta del primer ministro conservador Rishi Sunak, que busca limitar las crecientes movilizaciones de trabajadores, llega en medio de un clima de descontento generalizado a raíz de la crisis inflacionaria más grande de los últimos 40 años. Su correlato con otros países de Europa y el legado neoliberal de Margaret Thatcher.
El martes 17 de enero pasado, la ley de huelgas o Strikes (Minimum Service Levels) Bill fue aprobada por 309 votos a favor y 249 en contra en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico. En medio de un clima de tensión creciente con los sindicatos, el proyecto del premier conservador Rishi Sunak impulsa la implementación de «servicios mínimos» en algunos sectores claves, y en última instancia podría eliminar el -ya muy restringido- derecho a huelga en el Reino Unido. Aún falta su tratamiento en la Cámara de los Lores.
El invierno del descontento
La situación económica en el Reino Unido es de extrema complejidad. A la inflación más alta de los últimos cuarenta años se le suma un aumento de la deuda pública del 100 por ciento. El Estado enfrenta pagos de 10 mil millones de libras en intereses mensuales, aproximadamente 12 mil millones de dólares. En ese contexto, la conflictividad sindical está en franco aumento y el deterioro de la calidad de vida de los británicos, también.
«Las huelgas vienen desde el verano pasado», explica el periodista y corresponsal en el Reino Unido, Marcelo Justo. «El sindicato de enfermería empezó con un pedido salarial de máxima del 19%. Los sectores del transporte también piden aumentos de por lo menos el 10 u 11%, para que por lo menos empaten o le ganen a la inflación, que en este momento está en 11% anual. Pero lo que ofrece el gobierno es un 4% de aumento», agrega.
La resistencia de la administración conservadora a otorgar mayores aumentos salariales responde, según el propio Sunak, a los pagos que debe efectuar el Estado por la toma de deuda. La promesa de Downing Street es que el año próximo podrían discutirse mayores incrementos salariales, luego de ordenar las cuentas estatales.
«Los sindicatos, con bastante razón, argumentan que es imposible negociar algo con un gobierno que ya es el tercero que tienen los conservadores en menos de un año», detalla Justo. Con diferentes intérpretes al mando, los tories llevan más de una década de austeridad económica en el Ejecutivo.
En qué consiste la ley de servicios mínimos
El proyecto, que ya pasó su primera instancia de discusión parlamentaria, apunta a mantener «servicios mínimos» en distintas prestaciones: el Servicio Nacional de Salud (NHS), transporte, educación, fuego y rescate, seguridad fronteriza y desmantelamiento nuclear.
La iniciativa prevé que los empleadores puedan notificar la cantidad de mano de obra que necesitan para mantener los niveles mínimos de personal. Si los trabajadores notificados luego se declaran en huelga, podrían quedar expuestos a despidos, sin ninguna protección, por incumplimiento de contrato.
Sunak y su secretario de Empresa, Energía y Estrategia Industrial, Grant Shapps, aseguran que la propuesta lleva el «sello de aprobación» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ambos sostuvieron que el organismo dependiente de la ONU respalda este tipo de legislación porque «es una forma proporcional de equilibrar el derecho de huelga con la necesidad de proteger al público en general».
Sin embargo, el director general de la OIT, Gilbert Houngbo, se mostró sorprendido cuando fue consultado al respecto durante su participación en el Foro de Davos.»No estoy al tanto de ninguna conversación bilateral sobre este tema», respondió Houngbo.
El gobierno aún no especificó qué entiende por servicio mínimo, pero se espera que la discusión en torno al criterio comience en los próximos días. Mientras tanto, en la Cámara de los Comunes los tories lograron imponerse, pero en la Cámara de los Lores la historia es diferente. En la segunda fase del tratamiento parlamentario los números de los conservadores aparecen como menos favorables.
En esa línea, Justo vaticina un tratamiento lento y complejo: «En la Cámara de los Lores, cuando hay una ley que es muy polémica, generalmente lo que termina sucediendo es que se le introducen enmiendas, y cuanto más enmiendas se le introducen, por la mecánica parlamentaria, tiene que volver a debatirse en la Cámara de Comunes. Con lo cual, todo el trámite parlamentario va a tomar tiempo, y más que semanas serían meses», señala.
Más especulación, menos Estado: Thatcher y la austeridad, 40 años después
Ya en 2017, la periodista y editora de la revista inglesa Red Pepper, Hilary Wainwright, advertía en una entrevista en el medio La Vanguardia que el triunfo de la política económica thatcherista en la década del ’80 había generado una «burbuja especulativa» que «ejercía una presión importante sobre la economía real» del Reino Unido.
«El mercado de vivienda se ha vuelto insostenible. Los empleos en la industria son como polvo de oro. Las regiones ubicadas más allá de Londres, especialmente en el sureste, carecen de fondos necesarios para garantizar una vida digna y de infraestructura”, describe Wainwright al respecto de una economía que, como tantas otras, se volcó a la especulación en detrimento de la producción y destruyó así el mercado laboral formal.
Por su parte, la columnista de The Guardian y autora del libro Necesitamos nuevas historias. Desafiando los mitos tóxicos detrás de nuestra Era del Descontento, Nesrine Malik, escribe: «Esta red, emergente y distópica como se siente en el clima económico específico de Inglaterra en este momento y en Gran Bretaña en general, no es única. Es parte de un patrón global que existe en todos los países donde el estado se ha retirado o nunca estuvo presente en primer lugar».
En ese sentido, Marcelo Justo rescata una reflexión del expremier laborista Gordon Brown (2007-2010), quien en 2021 advertía que el Reino Unido corría el riesgo de convertirse en un «Estado fallido«, un concepto que hace alusión a un aparato estatal que no logra garantizar el acceso a servicios básicos de su población.
Años atrás, esta característica se observaba en países en vías de desarrollo, como Argentina durante el estallido social de 2001, pero hoy también es posible encontrarla en el Primer Mundo, en medio de la crisis económica global por la pandemia del covid-19, las consecuencias del conflicto en Ucrania y las políticas de austeridad.
Sobre este punto, Malik es categórica: el problema de la retirada del Estado es la naturalización de la pérdida de derechos adquiridos. «Esto no crea un lugar físico, sino un lugar mental, donde renunciás por completo al gobierno. Este es un lugar donde percibís lo que antes eran derechos como lujos: donde cada casa o comunidad de autoabastecimiento se convierte en un mini-estado».
Un fantasma recorre Europa: el descontento
El malestar no es exclusivo de los británicos. En Francia, la reacción a la reforma previsional del presidente Emmanuel Macron derivó en una movilización de más de dos millones de personas en distintas ciudades del país. En Madrid, España, trabajadores de la salud salieron a manifestarse en reclamo por mejores condiciones laborales.
En este clima de crispación social, la pregunta por el margen que tienen los gobiernos europeos para profundizar el ajuste vuelve a aparecer en el horizonte. Al respecto, el cientista político Heber Ostroviesky señala que eso dependerá de la resistencia que opongan «la gente de a pie» y los sectores organizados. Los conflictos en el Viejo continente, sostiene, son la expresión de un debate que resuena en todo el mundo: quién financia la salida de la pandemia.
«En el caso de Macron, el presidente francés se juega su herencia, ya que no puede ser reelecto y ya asumió su primer mandato con esa promesa de modificar el sistema de jubilación. Lo que está en discusión es si se financia la jubilación con más trabajo de los activos o con impuestos a la riqueza. Un montón de esos impuestos fueron suprimidos en su primer mandato«, explica Ostroviesky, integrante del colectivo editorial de la revista Crisis.
Además, para el cientista político, especializado en políticas culturales por el Instituto de Estudios Políticos de París, el salvataje de los Estados a los salarios durante la cuarentena fue significativo, ya que fueron financiados casi en su totalidad, por lo que los gobiernos debieron salir a endeudarse drásticamente.
«Lo que se está viviendo tiene que ver con cuál es la salida, es decir quién paga el precio de todo el sostenimiento del sistema que implicó un endeudamiento. Hay qué ver quién financia el pago de esa deuda: si la gente, laburando más años, o a través de impuestos a los que tienen más guita y han sido beneficiados con quita impositiva en este último tiempo«, concluye.
Por Rosario Radaelli.
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/ Imagen principal: © Jose Sarmento Matos / Bloomberg
