El presidente Javier Milei arremetió nuevamente contra la comunidad educativa, esta vez apuntó hacia la Universidad de Buenos Aires (UBA). Insistió con la idea de avanzar con las auditorías a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y prometió que «los chorros no van a tener paz en la Argentina». Fue en respuesta a un comunicado de las autoridades de la UBA en el que denunciaron que el Gobierno busca “una intervención” por lo que acudirán a la Justicia para que defina si efectivamente la SIGEN es el organismo indicado para el control. “Si la Justicia le da la razón presentaremos todos los papeles, pero nosotros no vamos a seguir el capricho del Presidente”, indicaron desde esa casa de altos estudios. Además, denunciaron que se trata de una maniobra distractiva para desviar el punto central del conflicto que son los salarios depreciados y el Presupuesto 2025.
«Los vamos a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina porque el que las hace las paga”, afirmó Milei ayer en una entrevista radial. “Voy a ir a buscar los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina; se acabaron las castas», agregó el presidente en una nueva descalificación hacia las autoridades universitarias a las que ya había calificado de “delincuentes”. La ira de Milei recrudeció tras la denuncia pública de la UBA por el intento de la administración de La Libertad Avanza de “intervenir en las universidades públicas para controlar lo que se enseña y aprende”. Indicaron que detrás de las acusaciones de falta de transparencia, hay un “ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva” y manifestaron que el Poder Ejecutivo quiere controlar la libertad académica.
La semana pasada, el Gobierno anunció que la SIGEN, a cargo de Miguel Blanco, comenzará a auditar la UBA este lunes por lo que desde la universidad anunciaron que recurrirán a la justicia. Indicaron que ese organismo depende directamente del Presidente y la Constitución Nacional sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo por lo que no tiene competencia para auditar. “Las Universidades son autónomas”, explicaron. Es por eso que pidieron una declarativa de certeza que indique si es correcto que la SIGEN sea la encargada de los controles y anticiparon que van a acatar lo que defina la Justicia, pero que no no a dejarse auditar por un “capricho” de Milei. “Que ingresen funcionarios designados por el Presidente es una intervención, la Constitución nos da autonomía”, indicaron fuentes de esa institución.
Además, afirmaron que los mensajes violentos de Milei esconden la verdadera estrategia: instalar el tema de las auditorías para correr el eje de que están desfinanciadas las universidades para que solo los ricos puedan acceder a una educación de primera calidad. Los gremios que tienen presencia en la UBA acompañan la decisión de las autoridades, que también anticiparon una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno. “Detrás de esto se esconde un impulso interventor. Poner el foco en las auditorías es alejarnos de la discusión central, que son los salarios y el presupuesto”, le dijo a Página 12 la secretaria adjunta de FEDUBA, Belén Sotelo. Y además, indicó que se ataca a esa universidad porque es la que mayor protagonismo tiene el reclamo: “El ataque no es novedoso, poner el foco en los `curros´ es correr el foco del conflicto”.
Por su parte, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, dijo que el Gobierno quiere construir un enemigo porque intenta mostrar como una discusión partidaria lo que es un debate educativo. “Es un relato que quiere distraer a la sociedad de las verdaderas cosas que pasan, esconden el debate profundo que quieren dar sobre la universidad: a quién formamos, para qué y por qué”, indicó. Además, expresó que es una forma de amedrentar al resto del sistema universitario: “Si después de 10 meses no pudieron llevar a la justicia una sola denuncia de corrupción sobre alguna cuestión que toca a alguna de las 62 universidades, ya lo hubieran hecho. No hacen nada porque no hay nada y entonces construyen un relato”.
Las rectores de todas las universidades coinciden en que la SIGEN no es el órgano encargado de auditar, sino que le corresponde a la Auditoría General de la Nación aunque algunas prefieren no dar el debate para evitar que se instale el discurso del Gobierno que indica que “no se dejan auditar porque son chorros”. Hace dos semanas, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra emitió un dictamen para que la SIGEN retome las auditorías, una tarea que desde 2022 había quedado a cargo exclusivamente de la AGN. En aquel año, el exprocurador Carlos Zannini había limitado esa atribución de la SIGEN al considerar que «no resultan aplicables por valorar su autonomía». “A nosotros nos tiene que auditar la AGN, no la SIGEN, pero hay que dejarse auditar y tema terminado. Porque es muy difìcil explicarlo comunicacionalmente”, indicó una fuente de los rectorados. El martes habrá una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de la que se espera alguna definición al respecto.
“Los mecanismos de control a los cuales estamos sujetos las universidades hace que sea realmente imposible utilizar en forma espuria cualquier importe”, le dijo a este diario Walter Panessi, rector de la Universidad Nacional de Luján. “Existe una relación entre lo que se destina al pago de sueldos a trabajadores docentes y no docentes y lo que se destina a gastos generales (y pago de autoridades) del 90 / 10 en el mejor de los casos. Esto significa que el 90% del presupuesto que se destina al presupuesto universitario va directamente, desde el Estado, al bolsillo del trabajador (menos los aportes que, como es natural, van al estado o a la obra social). En definitiva, solo el 10% restante del presupuesto puede destinarse a otros gastos y es lo que debe ser auditado”, explicó.
Otra de los funcionarios que hizo declaraciones fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que aseguró que las universidades están «violando» los derechos de los estudiantes. Una opinión que no tiene asidero entre la mayoría de los alumnos. “En ningún momento siento mis derechos vulnerados por esa declaración, siento mis derechos vulnerados cuando mis docentes tienen que renunciar porque no pueden pagar el alquiler o comer, eso vulnera mis derechos como estudiante universitaria”, afirmó Camila Silveira, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la UBA. “Acá la discusión no es la auditoría sino los salarios y la partida presupuestaria. Es todo una movida mediática para desmerecer a la UBA. Si Milei sabe algo que lo declare, si está tan seguro de que hay ladrones y corruptos que lo denuncie”, agregó.
Ayer, una asamblea interfacultades que se reunió en Plaza de Mayo propuso una movilización para el viernes 1 de noviembre frente al Obelisco y llamaron a la Tercera Marcha Federal Educativa para el 12 del mismo mes.
