«La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley», tuiteó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar que el Gobierno Nacional «dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas».
Con este anuncio, la administración libertaria intenta nuevamente barrer derechos fundamentales -como es el derecho al trabajo- conseguidos luego de largas y justas luchas, en este caso, aquellos que garantizan por ley que dentro del Estado existan cupos para personas que históricamente han sido excluidas -o han tenido menos chances de ser incluidas-, como las mujeres, las personas con discapacidad o las personas travestis, transexuales y transgénero.
Según trascendió, la eliminación del sistema de cupos podría en el Poder Legislativo: el oficialismo enviará un proyecto al Congreso para dejar sin efecto la Ley de Paridad en las listas legislativas de cara a las elecciones 2025. La «Ley de Igualdad ante la Ley» que presentará Milei reemplazará -de acuerdo a la información que hicieron circular fuentes de Casa Rosada- a la Ley N°27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, una norma pionera en América Latina que había puesto a Argentina en la vanguardia de la región.
La Ley N°27.412 fue sancionada en 2017 y establece que las listas de candidates al Congreso de la Nación y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas «ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente». Esta norma, que tenía como antecedente la Ley N°24.012 de cupo femenino sancionada en 1991 -que establecía que al menos un 30% de las listas de candidates debía estar ocupada por mujeres-, se consiguió luego de un histórico reclamo feminista, que advertía que pese a la habilitación del voto femenino en 1947 los hombres continuaban siendo una abrumadora mayoría en los órganos de decisión política.
Otra ley que peligra con el anuncio de Adorni, aunque el tuit no aclara específicamente cuáles son los cupos que Milei pretende borrar de un plumazo, es la N°27.636, sancionada en 2021 durante el Gobierno de Alberto Fernández, que establece un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, comprendiendo los tres poderes que integran el Estado, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado.
La ley de cupo trans se llama «Diana Sacayán-Lohana Berkins», en honor a las dos activistas trans argentinas que lucharon durante años por los derechos de este colectivo. Para Alba Rueda, quien al momento de la sanción era subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, se trata de una ley fundamental para la comunidad, ya que entre el 80% y el 90% de la población trans nunca accedió a un empleo formal. «Este es un dato crítico porque quiere decir que más del 80% no puede acceder a una obra social ni contar con aportes jubilatorios. Los derechos más básicos que son reconocidos como derechos humanos, en la comunidad trans, no estuvieron presentes hasta ahora», dijo al sancionarse la ley.
Por último, otra normativa que podría verse afectada por el anuncio de Adorni es la N°22.431, sancionada en 1981, que establece que el Estado debe tener empleadas al menos a un 4% de personas con discapacidad, tanto en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, como en los organismos del Estado, las empresas del Estado y las empresas privadas que son concesionarias de servicios públicos.
