Pese a que fue crítico al despliegue de militares para resolver problemas políticos cuando era diputado, el presidente Gabriel Boric militarizó el sur de Chile para hacer frente al conflicto mapuche y el norte para resolver el descontrol de la migración por pasos no habilitados y la explosiva alza en materia de criminalidad.
Cuando Gabriel Boric era candidato presidencial, una de sus principales promesas de campaña era retirar a los militares de la zona sur del país, que habían sido desplegados en octubre de 2021 por el exmandatario Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) aludiendo a «temas de seguridad».
El 27 de marzo de 2022, Boric cumplió ese compromiso. Sin embargo, el 17 de mayo el Ejecutivo decretó el estado de excepción en las regiones de La Araucanía y Biobío. Esta militarización de la zona fue renovada 19 veces por el Parlamento y pronto cumplirá un año en vigencia.
«Desde el punto de vista de los derechos mapuche, creo que aquí no hubo ningún avance. Estamos donde estamos y en el mismo lugar, no tenemos avance de ninguna naturaleza. Probablemente inclusive estemos retrocediendo«, aseguró Melín Pehuen, representante de la Alianza Territorial Mapuche.
Las regiones de La Araucanía, Bío Bío, Los Lagos y Los Ríos constituyen una zona de pertenencia histórica de la nación mapuche, cuya lucha se centra en la restitución de sus tierras ancestrales. Desde hace décadas, en la zona existe una disputa territorial que enfrenta al Estado, comunidades mapuche y empresas forestales.
Para el dirigente mapuche, al militarizar la zona, el Ejecutivo le demuestra al poder económico lo mismo que realizó la Concertación —coalición de centroizquierda que gobernó Chile posdictadura (1990-2010)— y la derecha cuando les tocó gobernar: «Que saben administrar el modelo neoliberal«.
«En el fondo es garantizar la estabilidad en términos de la mantención del modelo y con paz social, como lo dijo Ricardo Lagos [presidente de Chile en el período 2000 – 2006] en la campaña electoral de 1999. Dijo: ‘te ofrezco lo mismo que este señor [Joaquín Lavín, candidato presidencial de la coalición de derecha], pero con paz social».
«¿Cómo se garantiza esa paz social? Poniendo a los militares. Eso es lo que se implementó con Sebastián Piñera. Se hizo algo habitual, se normalizó y por lo tanto se aprovechó esa coyuntura de normalización de los militares en la calle para darle garantías a los grupos económicos«, señaló Melín.
Para el analista político Eduardo Araya, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Ciencias Políticas, la militarización no puede ser una solución a un problema que en el fondo es político.
«Pero el problema no es solo político en términos de debate sobre lo que haya que hacer con el futuro. Este país tiene un problema de seguridad que afecta principalmente a las zonas del norte y sur del país», advirtió Araya.
«En segundo lugar hay que hacer una distinción: no es lo mismo la situación del norte que la del sur del país» aseveró Araya al subrayar que en el sur hay un tema de reivindicación histórica de pobreza, pero también hay temas de criminalidad. En sus palabras, «hay acciones de tipo terrorista, reivindicativa y, por lo tanto, para los habitantes de esas regiones también está el problema de la seguridad».
En el norte «existe una migración irregular descontrolada que ha llevado a una crisis de seguridad en las distintas ciudades de la zona y un alza en la tasa de criminalidad a más del 100%», indicó el académico.
Sur y norte, ¿una solución para problemas distintos?
El 27 de febrero, las Fuerzas Armadas de Chile se desplegaron en la zona norte del país, con la finalidad de resguardar y contener la frontera a propósito del explosivo ingreso de migrantes por pasos no habilitados.
A diferencia de lo que sucede en el sur, el Gobierno no tuvo que decretar estado de excepción, puesto que la Ley de Infraestructura Crítica permite a las Fuerzas Armadas resguardar la zona fronteriza del país por decreto del Gobierno.
Las FFAA estarán desplegadas por 90 días en las fronteras con Bolivia y Perú. El Ejecutivo informó que los efectivos reforzarán la labor policial en las carreteras para el control de las personas que se movilizan.
«La frontera norte del país es muy grande y compleja de controlar. Además, la migración irregular en las regiones del norte se ha traducido en aumento significativo de criminalidad«, dijo Araya.
En cuatro años, los homicidios subieron un 108% en la región de Tarapacá, ubicada a más de 1.800 kilómetros al norte de Santiago. En los primeros 16 días del 2023, se registraron siete asesinatos en la zona.
Para Araya, más allá de los datos, lo importante es la percepción de las personas.
«Cuando las personas se sienten inseguras, la cuestión de la estadística de asesinato en Arica, Iquique y Antofagasta es para darse cuenta de que efectivamente hay un problema de inseguridad que ha crecido en los últimos años», subrayó.
El analista político recalcó que la principal preocupación de los chilenos, y que ha sido recogida por todas las encuestas, es el tema de la seguridad.
El giro en el discurso de Boric
El presidente Boric se había caracterizado por estar en contra del despliegue de las FFAA en el país para resolver problemas políticos. Incluso, durante el estallido social de 2019, el entonces diputado increpó en duros términos a efectivos militares que habían sido desplegados en Santiago.
Lo mismo hizo con Carabineros de Chile, Boric criticó entonces duramente el actuar de la policía militarizada por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos.
«Mucha gente creyó en Boric. Allá en mi territorio, muchos salieron a celebrar cuando vino Boric. Él lleva un año gobernando y yo me pregunto, ¿cuánto hemos avanzado? Muchos vieron alguna oportunidad de avanzar. Pero es un Gobierno de continuidad de la Concertación», lamentó Melín.
«No es nada nuevo, hay un cambio generacional probablemente, pero en todos los niveles está la vieja guardia de los partidos que administraron y continuaron el modelo neoliberal de la dictadura», agregó el representante de la Alianza Territorial Mapuche.
«El Ejecutivo tiene que hacer algo porque tienen que responder a las demandas de los habitantes de esas regiones», instó Araya.
Refiriéndose a Boric, el analista explicó que una persona puede pensar en transformar la sociedad, pero si no resuelve los problemas del día a día, «no avanza a ninguna parte, pierde apoyo y queda entrampado».
«Este Gobierno ha tenido déficit en eso. No solo por una cuestión ideológica, que yo creo que es real, sino además porque nunca estuvo en la agenda del Gobierno, no era una prioridad», concluyó Araya.
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