Este lunes, Javier Milei oficializará el veto al aumento de las jubilaciones que había sancionado el Congreso y dará comienzo a una batalla desesperada para evitar que la oposición consiga hacerse con dos tercios para revalidar la ley en la Cámara de Diputados. El presidente ya dio el primer paso y consolidó una base sólida de 80 libertarios y macristas que lo ayudarán a blindar el veto en el recinto, pero no es suficiente. La distancia que separa al oficialismo para hacerse de los 10 votos que le faltan para superar el tercio de la cámara es la misma que separa a la oposición para consolidar la mayoría que supo conseguir en junio cuando aprobó la ley. Peronistas, radicales y pichettistas también jugarán a presionar. Cuentan a su favor con el rechazo social que genera el veto (ver nota aparte) y lo utilizarán para evitar que se den vuelta algunos votos. El resultado dependerá, sin embargo, de la actitud de los gobernadores: ellos son la clave para definir la votación y hacia allí se encaminarán los esfuerzos del oficialismo y la oposición.
El viernes, luego de reunirse con legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y el MID, Javier Milei volvió a la Quinta de Olivos satisfecho. Tras una semana de humillaciones en el Congreso, había logrado reunir a la tropa y asegurarse de que el escenario no se repetiría cuando publicase el veto total a la ley que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria e incrementaba en un 8,1 por ciento las jubilaciones. Ese día, Cristian Ritondo, en nombre del PRO, y Oscar Zago, en nombre del MID, le garantizaron su apoyo absoluto a vetar la ley. En números, esto significa que los 37 diputados de La Libertad Avanza – eran 38, pero la renuncia forzada de Lourdes Arrieta los dejó con un poroto menos -, los 37 diputados del PRO y los 3 del MID estarían firmes para boicotear la restitución de la ley cuando llegase el momento.
No era poco: si bien el PRO, a diferencia de lo que había ocurrido en el Senado, había votado en contra, varios diputados terminaron pegando el faltazo al momento de la votación. Dirigentas muy valiosas para el oficialismo, como María Eugenia Vidal o Silvia Lospennato, se rehusaron a votar en contra con el resto del bloque PRO, molestas por la forma en la que el Ejecutivo había manejado el debate.
Ese día, la oposición logró aprobar la ley de movilidad jubilatoria con 160 votos a favor, 72 en contra, 8 abstenciones y 16 ausentes. Es decir que, gracias a las ausencias, había logrado un tercio de los presentes: un anticipo de la mayoría que la oposición necesitaría cuando Milei se decidiera a vetar la ley. Era, además, una mayoría peligrosa que funciona como advertencia para cualquier presidente que teme que le hagan un juicio político. Milei, entonces, necesitaba asegurarse que contaría con el respaldo del Congreso cuando publicase el veto y que no habría sorpresas. Sus diputados así se lo prometieron, pero el oficialismo no termina de estar del todo tranquilo: el escenario en Diputados está demasiado empatado para eso.
¿Están los votos para resistir el veto total?
Este lunes, cuando el veto se publique en el Boletín Oficial, empezará la cruzada opositora. Los bloques que unieron fuerzas para aprobar el proyecto ya anticiparon que defenderán la ley en el recinto: en las últimas horas, distintos voceros de Unión por la Patria, el radicalismo, y el socialismo y pichettismo de Encuentro Federal (EF) salieron a cuestionar al gobierno y a trabajar en diferentes estrategias para sumar presión contra el veto. UxP comenzó a juntar firmas y algunos dirigentes participarán de una protesta junto a jubilados el próximo miércoles. Incluso el radicalismo, que es la bancada que genera mayor desconfianza, se manifestó en contra de la medida. «Vetar el aumento a los jubilados es una evidencia más de un gobierno insensible y desconectado de las necesidades de la gente», declaró la diputada Danya Tavela, quien agregó: «Los legisladores tenemos la responsabilidad de insistir con el aumento y enviar un mensaje contundente al Gobierno».
Las bancadas que trabajaron juntas para aprobar la ley se miran, sin embargo, con desconfianza. Temen que, cuando comiencen las presiones de Casa Rosada, diputados de los otros bloques cambien su voto o – lo que es más probable – terminen ausentándose a último momento para beneficiar al gobierno. El desafío de la oposición, más que a ir a la caza de nuevos votos, es repetir la mayoría que ya supo conseguir en junio: el antecedente es bueno, pero el escenario es distinto y predomina la suspicacia.
«Hay que mirar a los que votaron a favor, hay que que ir a buscar los mismos votos que sacamos hace tres meses», explica Germán Martínez, titular de UxP, que viene de protagonizar dos triunfos legislativos distintos (la presidencia de la Bicameral de Inteligencia y el rechazo del DNU de los 100 mil millones para la SIDE). El hecho que el veto sea total, para muchos, mejora el escenario porque significa que el gobierno no podrá negociar un punto intermedio con los opositores dialoguistas que buscan evitar, a toda costa, enojar al gobierno (como el radicalismo de Rodrigo de Loredo). «El veto total es mejor para insistir», explican en el peronismo.
El poroteo
El objetivo de LLA es hacerse con un total de 88 diputados y boicotear, así, cualquier posibilidad de la oposición de hacerse con los dos tercios. Y Martín Menem se siente confiado. A los 77 del PRO, LLA y el MID, el oficialismo suma también a las dos de Buenos Aires Libre – que lidera Carolina Píparo -, los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo – y que, en la votación de junio, se habían ausentado -, los dos sanjuaninos que responden al gobernador Marcelo Orrego, y a Paula Omodeo de CREO. Suponen que Arrieta, luego de expulsarla del bloque por haber prendido el ventilador respecto a la visita a genocidas al penal de Ezeiza, también acompañará, pero en la oposición se permiten ponerlo en duda.
Los números a favor de la sanción de la ley, mientras tanto, lo componen UxP (99 votos), la UCR (34 votos), gran parte de EF (13 votos) y la Coalición Cívica (6 votos). El FIT, mientras tanto, se abstuvo en la votación de junio, pero adelantó que acompañaría la ley si Milei la vetaba. «Vetar una ley que otorga un módico aumento de 17 mil pesos a jubilados que cobran haberes de indigencia es una burla a quienes trabajaron toda su vida. Hay que derrotar el veto», declaró Nicolás del Caño, anticipando, así, que se sumarían otros 5 votos a favor de la restitución de la ley.
Los bloques opositores, sin embargo, recelan entre sí y varios sospechan que habrá pérdidas. «No existe la disciplina partidaria en ningún bloque», aseguran. En el caso de UxP, el ojo está puesto en los catamarqueños que responden a Raúl Jalil. En EF, mientras tanto, están atentos al voto del chubutense Jorge Ávila y el entrerriano Francisco Morchio: ambos responden a sus gobernadores y, cuando la ley se votó en junio, se ausentaron. Ricardo López Murphy, por otro lado, votó en contra y en EF no creen que vayan a poder convencerlo de que cambie el voto.
Pero si hay un bloque que genera desconfianza en la Cámara es la UCR. El bloque está dividido en tres sectores que funcionan, casi siempre, como entes autónomos: la línea más mileísta que lidera De Loredo y que responde a los gobernadores; la línea más combativa de Facundo Manes; y la línea Evolución que responde a Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau. En el peronismo y EF sospechan que el sector que responde a los gobernadores – especialmente los mendocinos – podrían terminar siendo un problema, pero, por ahora, la postura institucional del bloque ha sido defender la ley. «Apoyamos el déficit cero, pero no puede ser a costa de los haberes de los jubilados», sostuvo el bloque la semana pasada en un comunicado.
La clave, en resumen, será la actitud de los gobernadores. Sin importar el color partidario – peronistas, radicales, PRO o representantes de fuerzas provinciales – la decisión que tomen los mandatarios provinciales definirá el resultado en el recinto. Una decisión que, advierten en la oposición, dependerá de las negociaciones que viene encabezando Casa Rosada para el diseño del Presupuesto 2025.
En el Presupuesto, el gobierno especifica las partidas y obras que se direccionarán a cada provincia. Es la ley principal de cualquier gobierno y la que arrastra, todos los años, las negociaciones más álgidas con los gobernadores. Algunos opositores temen que algunos mandatarios negocien, por ejemplo, la inclusión del pago de la deuda de las cajas provinciales – que estaba en la ley que vetó Milei – en el mismo Presupuesto, quedándose, así, sin una herramienta para presionar a los diputados a que acompañen la ley en el recinto.
En EF, sin embargo, son más escépticos sobre la cintura política del gobierno. «Van a presentar un Presupuesto lavado sin la rotonda ni obra pública ni cajas. Van a cagar a los gobernadores y los va a poner en tensión», pronostica un armador del pichettismo. El debate del Presupuesto 2025: es ahí cuando la oposición empezará a sumar aliados.
