El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía General de Colombia que abra una investigación en contra de su hijo mayor, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro, debido a los rumores que los implican en haber recibido sobornos de narcotraficantes y otros delincuentes.
Uno de los objetivos del Gobierno colombiano actual es llegar a un Acuerdo de Paz Total con los grupos del crimen organizado y la guerrilla para acabar con la ola de violencia que azota al país latinoamericano desde hace décadas.
A cambio de que estas personas renuncien a las armas y a sus actividades ilícitas o subversivas, las autoridades colombianas les darían beneficios como penas más bajas y la posibilidad de conservar entre el 3% y el 6% de sus ganancias.
Sin embargo, en medios de comunicación han circulado versiones —sin pruebas— de que esa estrategia de conciliación ha sido aprovechada por un par de familiares del presidente colombiano para obtener beneficios propios.
«Debido a la información que se rumorea en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido a la Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades«, respondió Gustavo Petro en un comunicado publicado en redes sociales.
El mandatario latinoamericano reiteró que «el único funcionario que cuenta con el aval de su Gobierno para tener contacto con las organizaciones [criminales] al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda«. «Mi Gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos», precisó el jefe de Estado colombiano.
«Mi compromiso con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y, quien quiera interferir en ese propósito o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso sin son miembros de mi familia», advirtió Petro.
¿Qué se rumora en Colombia?
De acuerdo con algunos medios locales, las versiones a las que hace referencia el presidente Gustavo Petro están relacionadas con las denuncias de personas privadas de su libertad que tienen pedido de extradición. Supuestamente, dichas personas aseguran que han sido extorsionadas por funcionarios y abogados que se encuentran mediando en el proceso de acercamiento entre el Gobierno y las bandas delictivas.
Específicamente, una presunta red de juristas estaría solicitando pagos millonarios a las personas privadas de su libertad a cambio de intermediaciones o beneficios judiciales que no están autorizados a otorgar o cumplir. En esa presunta red estarían involucrados Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, de acuerdo con las acusaciones realizadas desde distintos medios locales.
Esta situación, según diversos medios colombianos, ha sido denunciada en más de una ocasión por la misma Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el propio Danilo Rueda.
«Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición», dijo Danilo Rueda.
En enero pasado, la Fiscalía informó que citaría a declarar al alto comisionado para la Paz y al hermano del presidente.
Por su parte, Juan Fernando Petro, hermano del presidente, ha dicho que existen personas que están usando su nombre para cobrar sobornos, prometiendo facilitar un puente para conseguir beneficios jurídicos. Además, según recoge Infobae, Juan Fernando Petro aseguró que su nombre está siendo utilizado por personas que pretenden desacreditar el proyecto y al Gobierno de Gustavo Petro.
En ese contexto, el 13 de febrero se dio a conocer la renuncia del abogado Álex Alberto Morales, quien trabajaba en las cárceles en Antioquía para consolidar la inclusión de las bandas criminales y los narcos en las negociaciones de paz.
Entre los motivos de su renuncia, Morales aseguró que «hay caos en la paz total» que promueve el Gobierno de Gustavo Petro. Tal como recoge el medio Semana, el jurista declaró que «la paz total se está manoseando» e, incluso, pidió la renuncia del comisionado de Paz, Danilo Rueda.
Paz Total en Colombia
El 4 de noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro firmó la conocida como Ley de Paz Total, una prórroga a una ley que ha existido desde 1997 que le permite a los Congresos delegar funciones para negociar acuerdos de paz con grupos armados.
La legislación, que formó parte cardinal de la campaña presidencial de Petro, incluye al crimen organizado en la política de paz y permite que el servicio militar sea opcional y no obligatorio. Otro punto importante que incluye este proyecto es que el Gobierno podrá reabrir negociaciones de paz con los líderes de las disidencias de las FARC, quienes abandonaron la mesa de negociación entre el Estado y la extinta guerrilla y retornaron a la clandestinidad.
La ley tuvo el visto bueno de la Cámara de Representantes y del Senado. En la primera ronda de votaciones obtuvo 128 votos a favor y 7 en contra, mientras que en el segundo consiguió 63 a favor y 4 en contra.
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