El escrito, que lleva la firma del secretario general de la UTA, Roberto Carlos Fernández, detalla: »Desde hace tiempo, las empresas concesionarias de Servicios de Transporte Urbano de Pasajeros, tanto de jurisdicción Provincial como Municipal, enfrentan una situación crítica a consecuencia de la falta de reconocimientos de los costos necesarios para operar, que deben cubrirse con tarifas y subsidios».
»Nuestra organización ha mantenido una postura tolerante, respecto al derecho de los trabajadores a percibir sus salarios en tiempo y forma, especialmente considerando que dichos ingresos representan el sustento alimentario básico, para más de 20.000 familias en el área del AMBA, bajo jurisdicción provincial. (más de 80 mil personas ubicadas en distintos puntos, de las zonas socialmente más vulnerables)», ampliaron.
En puertas de un nuevo »conflicto de carácter social»
Bajo esa línea, se mostraron preocupados ya que »las cámaras empresariales» les informaron »muchas empresas no podrán afrontar el pago de los salarios correspondientes al mes de diciembre, ni el aguinaldo y vacaciones». Según explicaron, se debe a que »recurrentemente se han calculado de manera errónea sus costos».
»Señor Gobernador, como comprenderá, de concretarse esta situación, estaríamos frente a un conflicto de carácter social, que debe evitarse. Por lo tanto, solicitamos su urgente y directa intervención en este asunto, convencidos de que es el único camino posible para resolver una situación de tal gravedad», expresaron en la nota.
Y concluyeron: »Sin más, quedamos a su disposición, para colaborar en la búsqueda de soluciones que eviten el problema anunciado por las cámaras empresariales del sector, confiando en recibir una respuesta favorable».
»No les vamos a dar más plata»
Casi una semana después de haber alcanzado un nuevo acuerdo salarial, las cámaras empresarias del AMBA compartieron un comunicado donde aseguran que se firmó un ajuste salarial »a pesar de no contar con información alguna respecto a cuándo se ajustará la tarifa, o en su defecto subsidios, para financiar este incremento», entendiendo que »es el Estado quien ha establecido que el 100% de los costos de los operadores sea cubierto indefectiblemente por una de las dos vías».
Dicho acuerdo, estableció que los choferes cobrarán por noviembre un salario básico de $1.140.000, por diciembre un salario de $1.160.000 y por enero un mínimo de $1.200.000.
Seguidamente, las cámaras resaltaron: »Hemos arriesgado este acuerdo, con la confianza de que ni tarifa ni subsidios quedarán congelados en simultáneo hasta enero, ya que de otra forma será imposible pagar los salarios acordados o comprar los insumos necesarios para sostener el servicio».
Desde la Secretaría de Transporte, en cambio, sostienen tajantemente: »no les vamos a dar más plata». También descartaron aumentos del boleto mínimo, ubicado en $370 en el AMBA. La UTA había propuesto elevarlo a $500, una suba de $130 que hubiera alcanzado para financiar la actualización salarial, según el sindicato. Sin embargo, para el Gobierno nada de esto es posible: ni aumentos ni subsidios.
Asimismo, desde el sector privado describen lo que podría ser un “escenario complejo”: “de no tener tarifa antes de fin de año o una eventual actualización del subsidio, puede que haya que pagar el aguinaldo en cuotas”. De esta manera, podría pagarse en dos veces, algo que pondría todas las miradas en la reacción de la UTA: »Si pocas empresas llegaran a dividir el aguinaldo, quizás no reaccione, pero si la mayoría acata, podría aparecer una medida de fuerza».
