El viernes había rostros exultantes en el Instituto Patria con semblante de jugada maestra. Había trascendido que la senadora kirchnerista Lucía Corpacci había firmado el dictamen de comisión para que el pliego del juez federal Ariel Lijo pase al recinto para buscar los dos tercios para entrar en la Corte Suprema. Era el noveno voto que faltaba y que no aparecía.
Durante todo el fin de semana, Ámbito consultó con diversas fuentes de la política, la justicia y el Congreso y todos tenían la misma información, pero nadie había visto (todavía) estampada la firma en el dictamen. La divulgación de que esa existía firma también partió de las usinas kirchneristas más que del Gobierno, principal interesado en destrabar los pliegos. Raro.
En tribunales hicieron una lectura más compleja: Cristina Kirchner acababa de hacerle un “abrazo de oso” a Javier Milei, a una semana de que culminen las sesiones ordinarias en el Congreso y tras los mejores días del oficialismo en cuanto a indicadores económicos. La jugada embarraba cualquier escenario de prosperidad para la Casa Rosada en su batalla por completar los casilleros más relevantes del mundo judicial. Y era, prácticamente un desafío a que Milei firme el decreto en comisión para Lijo y Manuel García Mansilla, una vez que se cristalice la salida de Juan Carlos Maqueda, en su cumpleaños y al filo de la feria judicial de enero. Y así asuma el costo político de tomar ese camino. Ese rumor, extendido durante los últimos días y fortificado con las declaraciones del jefe de Gabinete Guillermo Francos siguen siendo “muy pocas” –según pudo consultar este medio cerca de quienes llevan adelante estas decisiones-.
De todas formas, la firma de Corpacci sería un insumo –desde el punto de vista del oficialismo- para fortalecer una eventual designación en comisión que el Senado tendría un año calendario para validar con los dos tercios. Con el mismo argumento, pero leído al revés, significaba que el Congreso está dando los pasos correspondientes para llevar adelante la designación conforme a la Constitución Nacional, casi lo inverso a lo que leen los libertarios.
Eso anularía la necesidad de un decreto porque otro poder del Estado está avanzando en la parálisis en la que quedaron los pliegos, argumento mileista para el decreto. Se deberá prestar atención porque esto último es lo que recogerán hipotéticas presentaciones judiciales que procuren evitar una designación por decreto, si finalmente se consuma. Una cautelar y un vaso de agua no se le niegan a nadie. Pero, como ya se dijo, el costo político para el “republicanismo” se descargaría sobre Milei, parte del abrazo que le acaba de dar Cristina.
Lijo no aceptaría asumir por decreto
El otro problema del decreto es aceptarlo. Ariel Lijo le comentó a sus más cercanos que está lejos de convalidar una designación de este tipo por el daño que implica a futuro y la fragilidad a la que se expone. El kirchnerismo solo firmó por Lijo, no por García Mansilla que insufla la idea del decreto en el Gobierno como la única manera ya de sentarse por un rato en la Corte Suprema. Lo defendió en 2015 y ahora sottovoce trata de convencer de su utilidad, ante una “mini-Corte” a partir de enero. Lijo tiene además de los motivos que esgrime, otros mucho más prácticos: para aceptar una designación de este tipo y jurar debería presentar su renuncia a su cargo de juez federal de instrucción en Comodoro Py, donde construyó todo su poder. Eso, o pedir una licencia. Pero no existen licencias para asumir un cargo más alto dentro del mismo poder. ¿Quién debería aprobársela? La Corte.
Bajo este prisma, Cristina –sigilosamente- consigue el noveno voto que Milei no pudo negociar en la comisión de Acuerdos en ocho meses y muestra que el futuro de la Corte que diseñó el Gobierno está en sus manos. Ya sea que se firme el decreto, como que no. “Dos jueces de la Corte rehenes de Cristina durante un año”, reflexionaban operadores del mundo judicial por lo que representa ese movimiento. Así se podría comprender el júbilo que había generado la jugada que sembraba el germen de un acuerdo Milei-Cristina (mientras en la superficie pelean por la jubilación y la pensión de la ex presidenta), indigerible para todo el aparato de alianzas políticas (y empresariales) que sostiene al Gobierno y que está semana ruega que sus pesadillas no se hagan realidad.
Para la Casa Rosada, que trata de disimular el entusiasmo por un decreto que pase por arriba del Senado y la “casta”, la firma de Corpacci se trata de una invitación a negociar por una ampliación o, con más énfasis, por otro nombre en lugar de García Mansilla. Circularon algunos. En el oficialismo dijeron que no se volvió a hablar de ampliación con los emisarios K. Todo el lío se crea a una semana de que finalicen las ordinarias y todo lo que lo exceda deberá plantearse a temario fijo en las extraordinarias. Dos datos que no pasan desapercibidos en los hipotéticos escenarios que se disparan: el primero viene de la Cámara Federal de Casación Penal donde varios jueces hablaron entre ellos la posibilidad de desconocer revisiones de sentencias que sean firmadas por jueces designados en “comisión”; el otro, tampoco menor, si se firmara un decreto, ¿Qué le impediría a la Corte Suprema diferir cualquier toma de posición hasta el regreso de la feria en febrero? Es solo un mes antes de que se reanuden las ordinarias del Congreso. El tiempo vuela y puede significar una trampa para LLA.
Las idas y vueltas por el decreto “en comisión” que para el Gobierno es una posibilidad pero que no superan las bajas chances, si bien son rumores, le comieron la lengua al onegeísmo y a las espadas defensoras de todo lo republicano que suelen inflamar las redes y los editoriales. Las asociaciones ligadas al derecho o a lo constitucional que se irritan con cualquier acción política que no siga el derrotero institucional esperado están en pausa hasta el 30 de diciembre, fecha en la cual se prevé una firma si todo indica que la Corte quedará ultra reducida. El mundo jurídico que no comulga con la idea recuerda el fallo “Aparicio”, donde en 2015 la Corte Suprema declaró nula una lista de conjueces que no había sido aprobada con los tercios del Senado. Si los “suplentes” requieren del aval del Senado, ¿los titulares no?
Gobierno confirma que no es prioridad la Procuración
Ante la consulta directa de Ámbito que confirma su adelanto, el Gobierno no tiene previsto este año abrir la discusión por la Procuración General y por la jefatura de los fiscales. El dato se revalida porque podría ser uno de los puntos de negociación que forman parte de la invitación del kirchnerismo con la firma del expediente para Lijo. Es algo que quedará –en el mejor de los casos para 2025- o en el peor, un nuevo espaldarazo para el procurador de “no consenso” que es nada menos que el interino Eduardo Casal, guiness en permanencia como interino. Viene a consideración del rol del viceministro de Justicia Sebastián Amerio, propuesto de adentro y de afuera (un poco para quemarlo también) como un eventual candidato potable y un hombre de confianza del “Triángulo de Hierro” del Gobierno.
El problema con Amerio es que su rol como Ministro de Justicia –con decisión ampliamente superior sobre la desdibujada figura de Mariano Cúnero Libarona- es que también ocupa la poltrona en el Consejo de la Magistratura. El gobierno carece de recursos para cubrir con gente de confianza lugares tan inhóspitos y que requieren expertise. No piensan dar la discusión este año.
Comienza a delinearse una nueva Casación
Entre todos los vaivenes y bajo el radar, se terminó de confeccionar el primer listado de orden de mérito en el concurso para cubrir tres vacantes en la poderosa Cámara Federal de Casación Penal. Muy preliminar porque solo considera antecedentes y prueba de oposición, empezaron a recortarse algunos nombres que por cálculo podrían tener chances de terminar conformando el máximo Tribunal penal del país. Obvio que todo de cara al 2025. Dato aparte fue la pobreza de puntajes en la prueba escrita que tiene a quien lidera con 80 sobre 100 como la evaluación más destacada, y con un promedio de 60 puntos en el pelotón que le sigue.
Lo interesante de Casación es que se renuevan dos vacantes de mujeres, Ana María Figueroa y Liliana Catucci lo que, a prima facie, debería darle preponderancia en las ternas y en la elección para equilibrio de género. De todas formas es algo que el Gobierno ha mostrado que desdeña pero que no pasa desapercibido en el resto de los actores del sistema. La jueza María Gabriela López Iñíguez encabeza por puntaje y antecedentes; la sigue de cerca el juez de TOF José Michilini –que tiene que dirimir el caso Hotesur- y el tercer lugar es para el fiscal Leonel Gómez Barbella. El cuarto lugar provisorio es para Fernando Machado Pelloni que tuvo a su cargo el caso Oil Combustibles. Si se tienen en cuenta los primeros diez, con la salvedad de que las posiciones se terminan alterando con la llamada entrevista con los consejeros que reordena toda la discusión final, hay que destacar que Mariano Pérez Roller – el secretario general del Consejo de la Magistratura y casi un “organizador” administrativo de los concursos- que está séptimo. Le sigue el juez en lo penal económico Diego Amarante que supo estar cerca de Patricia Bullrich en su etapa de campaña presidencial para acercarla a parte del mundo judicial. La jueza de Ejecución Penal Jimena Monsalve aparece en décimo lugar y, en rigor, es la segunda mujer en el listado. Bastante cerca está Jorge Gorini uno de los jueces de Tribunal Oral más conocidos por la cantidad de casos políticos resonantes donde intervino. Los operadores señalan que hay que prestar atención a la jueza federal chaqueña Zunilda Nieremperger que está ahora 16, pero que podría escalar con muchas chances por trayectoria y por toda una constelación de apoyos transversal que la tienen bien considerada.
Número 22 quedó la salteña Mariana Catalano que algunos decían que tenía chances de ser postulada a la Corte Suprema si fracasaba el plan Lijo. Le sigue el trasladado juez Pablo Bertuzzi que no deja concurso por participar pero que arrastra el papeleo incompleto para su permanencia en la Cámara Federal. Esta vez sí sería por concurso. El resto de la lista puede ofrecer sorpresa pero por ahora mantienen lugares expectantes. Todo depende de las entrevistas y de que se logre un consenso para conformar tres ternas, con mujeres y que tengan el visto bueno del plenario de consejeros. Ya después, lo que decida Milei enviar al Senado entra en un cono de sombra, pero no es algo menor dado que sería un gobierno que tiene en sus manos definir el futuro de la Corte y de un tercio del máximo Tribunal penal del país.
Es una oportunidad inmejorable desde el pizarrón, o puede desatar una gran crisis mal ejecutado.
