El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, buscará obtener respaldo político del resultado del referendo convocado para el 5 de febrero, compartió el analista Decio Machado. Según el experto, las consultas «están hechas de tal forma en que la gente esté a favor».
Por Álvaro Roslik.
El próximo 5 de febrero, los ecuatorianos concurrirán a las urnas para aprobar o rechazar ocho propuestas de reforma a la actual Constitución de 2008. Según el sociólogo y analista político español radicado en Quito, Decio Machado, la consulta popular busca dar legitimidad a un gobierno con una popularidad en extremo baja.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, convocó a una consulta popular para introducir ocho enmiendas a la actual Constitución Política redactada por la Asamblea Constituyente de 2008.
Más de 13,4 millones de ecuatorianos están habilitados para sufragar en el referendo, que se realizará al mismo tiempo que la elección de autoridades provinciales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre las preguntas que la ciudadanía deberá aprobar o rechazar aparecen aspectos que van desde la extradición de nacionales al exterior hasta el ámbito medioambiental.
Pero, más allá de los temas que se pondrán a consideración, la consulta puede tener un efecto político en sí mismo y en torno a la figura de Lasso. Decio Machado, sociólogo y analista político español radicado en Ecuador, consideró que la convocatoria es «básicamente es una medida política del Gobierno que tiene una legitimidad tremendamente baja».
Para el experto, una de las claves detrás del referendo es la caída en la popularidad del presidente, que asumió el mando en mayo de 2021. Además de los problemas de seguridad que atraviesa el país, la imagen del mandatario fue golpeada recientemente por una trama de corrupción que involucra a su cuñado, el banquero Danilo Carrera, acusado de liderar una red de corrupción para acceder a compras millonarias del Estado desde empresas públicas.
Machado señaló que el nivel de popularidad del gobierno «está en la lona» y además tiene abierto «un affaire que tiene que ver con una situación de privilegios por parte de familiares directos del presidente en torno a tramas de corrupción en el gobierno».
Si bien Lasso ya tenía un nivel de popularidad muy bajo —apenas un 29,3% de aprobación en diciembre de 2022, según la encuestadora Cedatos— el caso de Carrera «deja al Gobierno con un nivel de popularidad todavía peor al que tenía anteriormente».
El analista advirtió que Lasso intentará utilizar el resultado del referendo en su favor, mostrando que quienes votaron positivamente las propuestas están respaldando al Gobierno.
«No creo que quienes voten Sí estén validando al Gobierno; es el Gobierno el que va a usar esa táctica en comunicación, diciendo que Lasso se está está acercando al pueblo o que el pueblo de alguna forma avala la gestión de Lasso», pronosticó el experto.
En el otro sentido, la caída en la popularidad de Lasso también puede facilitar una victoria del rechazo a las propuestas, ya que, según Machado, muchos ecuatorianos votarán No a las propuestas aún si están de acuerdo con las reformas, solo por no apoyar al presidente.
El analista remarcó que, en este contexto, votar a favor de las propuestas «significa darle un balón de oxígeno al Gobierno de Lasso» porque el mandatario buscará obtener rédito político. La oposición, en tanto, presenta la votación como «un plebiscito sobre el Gobierno» y convoca a votar No sin desglosar las propuestas y con la consigna «yo no creo al presidente Lasso, yo no legítimo a este gobierno».
«Hay una ruptura brutal entre el Estado y el sistema político en general con la ciudadanía, pero hay una ruptura todavía mayor entre el poder ejecutivo y la ciudadanía. Creo que la situación es de crisis y dudo mucho de que el Gobierno tenga condiciones para mantener su mandato hasta mayo de 2025″, subrayó Machado.
La extradición, tema clave
La intención del Gobierno de Lasso detrás del referendo queda en evidencia desde el propio diseño de las preguntas que, según Machado, «están hechas de tal forma que la gente esté a favor, pero que no tengan ningún impacto en el caso hipotético de que se apruebe«.
El experto aseguró que el Gobierno basó el referendo en torno a la primera propuesta, que habilita la extradición de ecuatorianos acusados por crimen organizado trasnacional. Según Machado, «hay un discurso de que quien niegue la extradición, de alguna forma es antipatriota y está colaborando con las redes de narcotráfico».
«Es todo bastante absurdo. Todos sabemos que para que una persona sea extraditada, el delito debe haberse cometido sobre el ámbito de la justicia del país que pide la extradición. El problema de seguridad está en Ecuador, no en el exterior», aclaró el especialista.
Según Machado, Lasso buscó una primera pregunta con amplio respaldo para generar «sinergia sobre las preguntas restantes».
Reducción de escaños y organizaciones en la Asamblea Nacional
Otra de las propuestas con las que el Gobierno espera tener respaldo es la que apunta a reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional, como se denomina al parlamento unicameral ecuatoriano.
Según Machado, Lasso busca aprovechar la baja popularidad que la Asamblea Nacional tiene entre los ecuatorianos para ganar apoyo.
«Cualquier cosa que signifique atentar contra el poder legislativo, como reducir el número de asambleístas o quitarles funciones, es una cosa que la gente ve bien porque es una institución que no genera simpatías, porque es un espacio más de conflicto político que de racionalidad legislativa», argumentó.
Machado señaló que el Gobierno pretende reducir el número de asambleístas «como si eso fuese la solución» a la falta de simpatía en la población. «Si tengo en un colegio un aula con 100 malos estudiantes y expulso a 30, sigo teniendo 70 malos estudiantes», ilustró.
Las propuestas del referendo en Ecuador
* Permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.
* Garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman.
* Reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional a uno por provincia y uno adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior.
* Exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción.
* Eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que la Asamblea Nacional la que designe a las autoridades que actualmente elige el CPCCS.
* Modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos por la Asamblea Nacional.
* Incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
* Que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones por su apoyo a la generación de servicios ambientales?
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/ Imagen principal: © AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI