Un proyecto de Ley aprobado el 12 de noviembre por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires generó mucho ruido político y encendió todas las alarmas por lo que implica para el control de una caja que recaudará, se estima entre este año y el próximo, $ 1.200 millones que pagan todos los ciudadanos que litigan en la jurisdicción bonaerense. Todavía no arribó al Senado que mira con lupa lo que podría ocurrir de aprobarse: reduce a la mitad lo que se denomina “sobretasa” del 10% sobre la propia Tasa de Justicia que deben abonar obligatoriamente quienes pretendan acudir a tribunales.
Esa sobretasa pasa automáticamente a la Caja de Previsión Solidaria del Colproba -Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires-, cuyo último ciclo cerró en $670 millones pero que puede duplicarse para el siguiente ejercicio. La curiosidad central que generó gran parte del ruido fue que se trata de un proyecto originado por La Cámpora en PBA, con la firma de Facundo Tignanelli como propulsor, jefe de bloque de Unión Por la Patria.
Pero -de tener éxito-, impactará de forma directa en el Colproba que es presidido por Bienvenido “Bebe” Rodríguez Basalo, un hombre alineado con el intendente de Lanús Julián Álvarez y con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, camporistas full life. Fuego cruzado. El Colproba sacó, inmediatamente, un comunicado quejándose de que no fueron consultados y rogando una convocatoria, de cara al Senado.
El proyecto con media sanción identificado como D-3320/24-25 modifica dos artículos y esencialmente reduce a la mitad la “sobretasa” (la baja al 5%) que se abona por sobre la Tasa de Justicia (la que es derivada para el sostenimiento del Poder Judicial), y modifica los requisitos para ser director en la Caja de Previsión Social para Abogados. Entre los fundamentos esgrimidos en el proyecto de ley resalta que la sobretasa es considerada una barrera económica que disuade y por lo tanto impide al ciudadano el acceso a la justicia garantizado constitucionalmente.
De fondo hay mucho más: desde el sector de Tignanelli apuntan a que el Colproba tiene 43 directores y 20 revisores de cuentas, quienes utilizan una parte del presupuesto recibido a través de contribuciones para justificar viáticos, alojamientos, traslados, refrigerios y otros gastos de representación. Pero también que el Colegio se financia de múltiples formas (porcentaje de honorarios y cuotas anuales por lo que perderían solo un 2,85% de sus ingresos para las prestaciones que, en realidad, resultan de disponibilidad discrecional. El camporismo le pasó el escáner a las inversiones del Colegio en el que aparecen títulos públicos en moneda local y extranjera y rendimientos en bancos de Estados Unidos cuyas colocaciones habrían pagado altas comisiones.
Tocar la sobretasa era algo que se mencionaba en los pasillos como un verdadero costo extra para quienes litigan en toda la Provincia –no está basado en los honorarios que perciben los abogados, sino en la valoración económica del asunto a tratar y es indispensable para que los tribunales den curso a las peticiones-, pero jamás supusieron que alguien se atrevería a modificarlas porque no eran un costo alto de forma singular. Sin embargo, en sumatoria, la caja en disputa es millonaria y el proyecto en sí raspa el organigrama del Colegio y pone la lupa en la discrecionalidad del uso de fondos de representación.
La cuestión también derivó en una tensión entre La Cámpora y el intendente de La Plata Julio Alak porque una de las firmantes del proyecto de Tignanelli era Lucía Iañez, una diputada alineada al alcalde platense y cuyo colegio de abogados, de los más importantes, con su armado permitió ganar con gran esfuerzo. Pidió, por nota, que se deje sin efecto su firma antes de que pase a comisión. Las otras firmas que acompañan el texto original son las de Gustavo Sergio Cuervo (bloque Unión, Renovación y Fe que entró con la boleta de Javier Milei pero se escindió de LLA) y la de Juan Ariel Archanco de UxP.
En el Senado miran de reojo la disputa y leen que, como quedó redactado, los viáticos que se utilicen los directores no pueden superar el haber jubilatorio mínimo que paga la Caja a los afiliados, y que para ser director no es compatible ser miembro de los consejos directivos de los colegios o tribunales de disciplina, además de tener arraigo en el departamento judicial por el que son elegidos.
Los colegios de abogados se pusieron en pie de guerra porque denuncian desfinanciamiento, la política ve ruido y la iniciativa va a buscar un impulso fuerte en el delicado juego de alianzas que domina el Senado.
