Luego de dos postergaciones consecutivas, la Cámara de Diputados retomará mañana el debate en comisión de los proyectos presentados por la oposición dialoguista y por el oficialismo para reformar el modelo sindical. La comisión de Legislación del Trabajo volverá a debatir desde las 12 hs las 28 iniciativas propuestas por legisladores de la UCR, PRO y La Libertad Avanza para modificar la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y la ley 14.250 sobre Convenciones Colectivas del Trabajo.
El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, tenía todo listo para que el 24 de septiembre pasado se firmara dictamen de mayoría a un texto de consenso entre la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica. Sin embargo, el día previo el Gobierno bajó la línea de que no era aún el momento de acompañar esta iniciativa para no entorpecer el vínculo con la CGT, en momentos en que la energía estaba puesta en encarrilar otras negociaciones paralelas. La Libertad Avanza y el PRO acataron la orden y avisaron que no contribuirían para el quórum, por lo que la convocatoria carecía de sentido.
Así fue que Tetaz, a regañadientes, terminó suspendiendo y reprogramando no una sola vez, sino en dos ocasiones la citación a la comisión de Legislación del Trabajo. Fuentes cercanas al economista de la UCR confirmaron a Noticias Argentinas que la convocatoria para este martes estaba confirmada, aunque no sería para dictaminar.
Diputados: las propuestas del oficialismo y aliados para reformar el modelo sindical
Los proyectos plantean terminar con la reelección indefinida de secretarios generales, establecer la participación de las minorías, disponer la ficha limpia para los gremialistas, eliminar las cuotas solidarias compulsivas, establecer un cupo de género en los órganos de representación y fijar como obligatoria la presentación de declaraciones juradas patrimoniales.
Los autores de proyectos son, entre otros, el propio Tetaz, Roxana Reyes (UCR); Mónica Frade (CC); Luis Picat (UCR); Soledad Carrizo (UCR); Verónica Razzini (Pro); María Eugenia Vidal (PRO); Fernando Iglesias (PRO); Ricardo López Murphy (EF), Rodrigo de Loredo (UCR); Gerardo Huesen (LLA) y Gabriel Chumpitaz (PRO). El despacho de mayoría que promoverán LLA y bloques dialoguistas prohíbe el descuento obligatorio de las cuotas solidarias, uno de los puntos que más rechazan los gremios porque afecta la recaudación de esas organizaciones sindicales.
El borrador de ese despacho, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, fija que «no se podrá exigir ni imponer aportes a los trabajadores de manera obligatoria» y que cualquier descuento deberá tener la «autorización expresa del trabajador», la cual podrá ser revocada en cualquier momento a través de un telegrama o cualquier otro medio de comunicación fehaciente.
Otro punto clave es que elimina la posibilidad de la reelección indefinida, como existe en la actualidad, y dispone una sola reelección. En ese sentido, fija que los «mandatos no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegido por un nuevo período consecutivo de cuatro años. Al finalizar este, deberá transcurrir un intervalo de tiempo de un periodo completo para ser electo nuevamente», añade.
También se fija que se deberá garantizar la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos cuando las mismas hubieran obtenido más del 25% de los votos válidos emitidos de sus afiliados. En el borrador de despacho al que accedió dicha agencia también se fija que para los órganos deliberativos se aplicará el sistema D’Hont, mientras que para integrar la mesa directiva de la conducción el ganador tendrá las dos terceras partes, y la primera minoría el tercio restante.
También establece que para ocupar un cargo en la conducción no se podrán tener inhibiciones civiles o penales, ni condena penal firme, en las mismas condiciones que se establezca en la legislación vigente. En ese contexto será clave si se aprobará próximamente la la ley de Ficha Limpia promovida por el oficialismo y bloques dialoguistas, iniciativa que establece que una condena de segunda instancia inhabilita a una persona a ser candidato a un cargo electivo.
Otro punto del proyecto es que permite la libre elección de obra social del trabajador, luego de haber cumplido con tres meses de permanencia en la misma desde que inició la relación laboral. Unión por la Patria (UP) y la izquierda presentaron sus propios despachos en contra de estas propuestas al considerar que tienen como objetivo la destrucción del sindicalismo.
