Más de 200 organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil le pidieron a la Corte Suprema que se involucre en la resolución de los problemas que afectan el avance de las causas de lesa humanidad. Demoras en la instrucción, pedidos de indagatorias que nunca se resuelven, falta de salas, audiencias esporádicas y la decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso a los archivos son algunos de los temas que le plantearon al máximo tribunal.
En 2008, los juicios recién estaban comenzando. Las dificultades eran muchas y la Corte debió involucrarse. En ese momento, creó la llamada comisión interpoderes que reunía a todos los actores involucrados en las causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
La interpoderes se reunió con cierta asiduidad hasta 2016, período que coincidió con la presidencia de Ricardo Lorenzetti. Estaba prevista una convocatoria para mayo de 2017, pero el asunto quedó en el tintero después de que la Corte se despachó con el fallo del 2×1 para los casos de lesa humanidad.
La interpoderes estuvo inactiva durante cuatro años. Carlos Rosenkrantz decidió activarla en octubre de 2020 después de que la diputada Vanesa Siley pidiera su juicio político por su postura frente a las causas de crímenes contra la humanidad. Antes, había hecho caso omiso a los pedidos de organismos de derechos humanos –como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o Abuelas de Plaza de Mayo– y de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) para convocar para ver cómo seguían los juicios durante la pandemia.
En ese momento, la mayoría de los organismos junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Justicia declinaron la invitación ante lo que entendían era una lavada de cara de Rosenkrantz. El CELS acudió y pidió que se le diera máxima prioridad a la revisión de las sentencias de lesa y que el sistema de consulta de la Corte sea más accesible para estos casos. No hubo cambios.
La interpoderes no se reunió durante toda la presidencia de Horacio Rosatti, que está por terminar su mandato. El viernes, 245 organizaciones le pidieron que concrete un encuentro “a fin de tratar con urgencia los graves problemas que afectan el desarrollo de los juicios en distintas jurisdicciones y la delicada situación provocada por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional que afectan seriamente la obligación del Estado argentino de investigar, juzgar y sancionar los más terribles crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país en la historia reciente”.
La nota tiene la firma, entre otros, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), APDH La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Buena Memoria, nueve filiales de H.I.J.O.S y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
“Hay enorme preocupación por el tema de la lentitud de los juicios, sobre todo en instrucción porque hay todavía centenares de genocidas identificados y por identificar que deben ser llevados a juicio oral. Hay, por lo menos, 60 por ciento de las víctimas de privaciones ilegales de la libertad que no han tenido juicio. La comisión interpoderes se creó para acelerar los juicios. Es un contrasentido que no se reúna cuando más demorados están”, dice Pablo Llonto, abogado querellante.
Llonto fue uno de los integrantes del colectivo Mario Bosch –que agrupa a abogados y abogados en causas de lesa de todo el país– que pidió en julio la convocatoria de la interpoderes, pero no obtuvo respuesta. En ese momento, habían detallado que había dilaciones en la instrucción de las causas, falta de llamados a indagatoria, retrasos a la hora de revisar los recursos, falta de personal en las secretarías de derechos humanos de los juzgados, juicios demorados, falta de salas para las audiencias, impedimentos para la transmisión y trabas para acceder a los archivos del Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad y la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –hoy Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
“Hay una necesidad de expresar las dificultades del proceso de juzgamiento en este momento y todo lo que tiene que ver con la revisión de sentencias en las instancias superiores. En el caso particular de La Plata, está la preocupación por la falta de firmeza de varias causas que tienen a Jaime Lamont Smart entre los condenados”, puntualiza la abogada Guadalupe Godoy, de la LADH.
Smart, exjuez y ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, acumula perpetuas desde 2012, pero ninguna fue confirmada por la Corte. En las últimas semanas, este diario reveló que Smart enviaba información a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que participaban de chats en los que se discutían estrategias contra los juicios. Algunos de ellos fueron los que el 11 de julio pasado estuvieron en el penal de Ezeiza para retratarse, sonrientes, junto a una formación del horror encabezada por Alfredo Astiz.
