El colectivo de abogados y abogadas “Mario Bosch” denunció que el gobierno de Javier Milei desmanteló áreas que contribuían a los juicios de lesa humanidad mientras hace una reivindicación permanente del terrorismo de Estado. La Corte Suprema, señalaron, atraviesa una fase de “descomposición terminal” mientras sigue sin convocar a la comisión encargada de hacer que avancen las investigaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura.
Los querellantes que intervienen en las causas de lesa humanidad se reunieron viernes y sábado en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital para analizar la situación de estos procesos en un contexto marcadamente adverso. Al final de las jornadas, hicieron público un documento en el que expresaban su repudio a las manifestaciones negacionistas que se impulsan desde el gobierno de Javier Milei y a la visita que el año pasado hicieron diputados oficialistas a los represores que están presos en Ezeiza y Campo de Mayo. Hablaron, además, de la «complacencia» de algunos jueces, juezas y fiscales con el estado de la situación.
El colectivo, además, denunció que existe un desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que queda en evidencia con la decisión de desarmar las estructuras que contribuían a las investigaciones desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). También se manifestaron en contra del intento mancomunado de Javier Milei y Victoria Villarruel de impulsar la reapertura de causas contra militantes de los años ‘70 y de la posibilidad de implementar los juicios en ausencia para los genocidas.
“Señalamos la impúdica situación que caracteriza a la cabeza del Poder Judicial en la Argentina en la actualidad, que ha cobrado formas inauditas, transformándose en un verdadero esperpento, que expone a la luz pública la descomposición terminal que la atraviesa y a la que sin solución de continuidad estamos sometidos”, resaltaron. Recordaron que, desde hace meses, vienen pidiendo sin éxito que la Corte convoque a la comisión interpoderes, que debe velar por acelerar los procesos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
En esta edición de las jornadas, el colectivo Bosch decidió homenajear a abogados que los precedieron en la denuncia de los crímenes del terrorismo de Estado. Fueron distinguidos Lucila Larrandart, Javier Percow y Mirta Mántaras –que fallecieron recientemente– así como Luis Zamora –que no pudo asistir, pero mandó un mensaje a través de Pablo Llonto– y Carlos Zamorano, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).
Zamorano, que también fue preso político, recordó varias de sus proezas durante las postrimerías de la dictadura. Cerró su intervención recordando al poeta Raúl González Tuñón, cuando escribió: “Marchemos, gritemos, protestemos… que cuando se escriba la historia de este tiempo que nos tocó vivir, se sepa que no estuvimos de acuerdo».
Llonto, que ofició de maestro de ceremonias, introdujo el homenaje a los sobrevivientes que testificaron en el Juicio a las Juntas, de cuyo inicio se cumplieron 40 años recientemente. “Para nosotros, siempre son los testigos la columna de todos los juicios”, dijo.
Adriana Arce, Iris Pereyra de Avellaneda, Héctor Ratto, Miriam Lewin y Carlos Apezteguía recibieron los reconocimientos. Estaba también Zulema Chester, que fue la última testigo en el juicio a los excomandantes.
“Tenemos que estar firmes para que el Nunca Más sea realmente Nunca Más”, afirmó Lewin, mientras en la sala había aplausos y abrazos.
