A solo 4 días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni busca ocupar el centro de la escena con anuncios para llamar la atención. Ayer fue la eliminación de los impuestos a celulares importados y hoy fue el turno de congraciarse con el electorado de derecha al anunciar que se modificará el régimen migratorio.
«Tenemos una normativa migratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos», dijo el portavoz y candidato a legislador porteño. Abundó en lugares comunes sobre los «migrantes buenos y malos», afirmó que al país «entra casi cualquiera» y sostuvo que «las condiciones de deportación son demasiado flexibles».
Sin precisar una fuente, aseguró que «en los últimos 20 años ingresaron 1.7000.000 inmigrantes irregulares» y afirmó que esas personas «lejos están de venir a este país de forma honrada». «Lo que es peor hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno eso se termina», amenazó.
«El gobierno del presidente Javier Milei impulsará una serie de modificaciones al régimen migratorio», anunció luego para enumerar los cambios, que no precisó si serán discutidos en el Congreso o lanzados en forma de decreto.
Entre los anuncios de tono trumpista, mencionó:
- «Cualquier condenado que intente ingresar por la frontera será rechazado».
- «El que miente en cualquier información que propicie en su ingreso será expulsado».
- «Todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea».
- «Se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las deportaciones»
- «Los inmigrantes ilegales, redisdntes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud».
- «Van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente. La ciudadanía se va a dar a los que residan 2 años sin abandonar el territorio nacional».
Bombas de humo
Adorni siguió con datos difíciles de comprobar, al asegurar que «solo en 8 hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos para atender extranjeros». En esa misma línea, dijo que se «habilitará» a las universidades a cobrar sus servicios a extranjeros «si así lo desean», algo que las casas de altos estudios ya realizan con los estudiantes no residentes.
El impacto real en las universidades sería prácticamente nulo. Según el último relevamiento de la Secretaría de Educación, hay 122.769 estudiantes extranjeros en el sistema universitario argentino, lo que representa apenas un 4,5 % del total.
En cuanto a la salud, los sistemas dependen en gran parte de cada jurisdicción, que serán las provincias las que deberán decidir si exigen un cobro a los extranjeros no residentes. Por ejemplo, Salta y Jujuy ya avanzaron en modelos en ese sentido.
En diciembre del año pasado, cuando estos proyectos comenzaron a tomar forma, desde la provincia de Buenos Aires aclararon que la atención a personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud: representa solo el 0,2 por ciento de las consultas y el 0,8 por ciento de las internaciones. En tanto, en Córdoba, el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, aseguró que «menos del 1,2% de pacientes extranjeros.
Contra la ley y la Constitución
El propio Javier Milei había adelantado durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso las intenciones de avanzar en la agenda antimigrantes, en espejo a su adorado Donald Trump. “Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”, dijo el mandatario el 1° de marzo pasado.
La Ley Nacional de Migraciones, sancionada en 2003, reconoce el derecho “esencial e inalienable” de toda persona a migrar. Esa norma posicionó a la Argentina como un referente internacional en políticas migratorias inclusivas y recogió lo que dispone el preámbulo de la Constitución Nacional en su invitación al país a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
