Al Gobierno se le escapó la tortuga. Pocos minutos antes del inicio de la sesión en Diputados que volteó el veto a la Emergencia en Discapacidad, el vocero Manuel Adorni salió a anunciar que la Rosada estaba «considerando» finalmente otorgarle «un aumento» a los prestadores de salud, educación y transporte. El anuncio fue intento desesperado, de último momento, para evitar lo inevitable: que la oposición lograra primero el quórum y luego los dos tercios necesarios para insistir con la ley. Los hilos se le notaron pronto: según pudo averiguar Página/12, la ANDIS ni siquiera tiene una fecha prevista para convocador a los prestadores a la reunión de directorio donde se fijan los valores de los servicios. Más humo que algo concreto. La jugada, además, fue tardía: apenas alcanzó para convencer a un grupo de legisladores aliados, como el sector de la UCR de Pablo Cervi, que habían votado a favor del proyecto en junio, antes del cierre de listas, y le venían pidiendo a la Rosada algún tipo de compensación para el sector a cambio de darse vuelta y apoyar el veto, tal como terminaron haciendo. Pero fue insuficiente para torcer al resto de las voluntades que terminaron siendo claves en el resultado final.
El contenido del anuncio, de hecho, parecía hecho a medida de los pedidos que los radicales con peluca –y otros legisladores del grupo inicial de los «héroes» que en 2024 habían sostenido el veto a las jubilaciones– le venían planteando a la Rosada para cambiar su voto y alinearse. Básicamente, les exigían que para no votar a favor del veto a la ley de emergencia esperaban una compensación únicamente para los prestadores. La norma tiene muchas otras aristas, por ejemplo, la flexibilización del acceso a las pensiones por invalidez, con las que ese sector de la UCR no estaba de acuerdo. El tuit de Adorni, de hecho, planteaba que los fondos para ese supuesto «aumento» a los servicios de salud y educación saldrían del recorte de beneficiarios de las pensiones, que ya superan los 100 mil este año, y contando. Todo eso estuvo sobre la mesa de discusión del bloque de radicales incorporado a LLA que encabeza Cervi a partir de este lunes.
Con ese «hueso» para los prestadores, el sector de legisladores aliados de la Rosada esperaba poder militar el apoyo al veto, pero el anuncio llegó muy tarde, ya sin nada por hacer, y cuando la oposición ya había hecho su trabajo. En el medio, un fallo judicial a principios de esta semana, a cargo del juzgado federal de Campana, declaró la invalidez del veto a partir del amparo de una familia con dos hijos con discapacidad. Fue la crónica de una derrota anunciada.
Si bien Cervi y los diputados que le responden (Luis Picat, Mariano Campero, Francisco Monti y Federico Tournier) se alinearon con la Rosada, hubo otros aliados que optaron por un rol más decoroso. Los cuatro libertarios que habían votado a favor de la ley en junio (Carlos D’Alessandro, Eduardo Falcone, Marcela Pagano y Oscar Zago) optaron por seguir en la misma línea y rechazaron el veto. Lo propio hicieron incluso siete diputados del PRO (Karina Bachey, Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Gabriel Chumpita, Álvaro González, Verónica Razzini y Ana Clara Romero). María Eugenia Vidal, que había votado en contra del proyecto, este miércoles prefirió abstenerse.
Otro voto que se le escapó a la Rosada y que resultó clave fue el del cordobés Rodrigo de Loredo. En junio, cuando se dio media sanción, se abstuvo. Dos meses más tarde, postergado en las listas libertarias –caso contrario al de Cervi–, votó en contra del Gobierno.
Un aumento… en veremos
El anuncio de Adorni no especificaba ni los montos ni los plazos del «aumento» anunciado para los prestadores. A juzgar por las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respecto de que el Gobierno «no podrá implementar» las leyes aún si el Congreso devuelve los vetos, ese incremento estará muy lejos de los que establece la ley de Emergencia.
Según pudo averiguar Página/12, uno de los números que estaban circulando por los corrillos del Congreso era de apenas un 20 por ciento. Muy poco: el valor de los servicios de discapacidad está congelado desde diciembre del año pasado, por lo que apenas alcanzaría para empatar la inflación acumulada en lo que va de 2025.
Con un costo fiscal del 0,03 por ciento del PBI para este año, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la ley de Emergencia proponía un bono compensatorio para los profesionales en discapacidad de 100 mil pesos en mano. También establecía que el valor de la hora de servicio se actualice en base al IPC de inflación. La compensación del Gobierno quedaría muy por debajo de lo establecido por la ley.
El mecanismo para determinar los aumentos tiene un aspecto burocrático: el nomenclador se negocia en una mesa conjunta entre el Estado, las obras sociales y las organizaciones de la sociedad civil, que lleva el nombre de Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La última vez que el titular de la ANDIS, Diego Spagnulo — envuelto en el último escándalo de corrupción del Gobierno– convocó a una reunión de directorio fue en septiembre del año pasado. Según supo este diario, a pesar del anuncio, no estaba previsto en la ANDIS volver a convocarlo. Los representantes de las ONG tampoco habían sido notificadas de una fecha probable: no les contestaban ni los llamados ni las cartas documento.
