Desde Resistencia
El escándalo por las presuntas afiliaciones apócrifas en La Libertad Avanza del Chaco sumó este lunes un nuevo capítulo: el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó a la jueza Zunilda Niremperger que cite a declaración indagatoria a Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente del partido libertario en la provincia y actual delegado regional de ANSES. La acusación no es menor: 40 hechos de falsificación de instrumento público agravado por su condición de funcionario y abuso de autoridad.
“Les molesta que tenga espacios de decisión, que no me puedan comprar y que tenga la cola limpia”, se defendió Rodríguez al medio local CIUDAD TV. Aunque aseguró no haber sido notificado aún por la Justicia, minimizó la causa al calificarla de un “tema menor” y acusó al fiscal de hacer un trabajo “muy desprolijo”. Aun así, reconoció que todavía mantiene sus aspiraciones de ser candidato a senador en octubre.
A pesar del ninguneo de ‘Capi’, los elementos reunidos por la fiscalía Federal indican que su situación es, cuanto menos, complicada. La acusación se desprende de una investigación más amplia, vinculada a presuntas extorsiones a empleados de ANSES y PAMI para que cedieran parte de sus sueldos al partido. En paralelo, y según pudo establecer la fiscalía, Rodríguez habría utilizado bases de datos de ambos organismos para detectar personas en situación de vulnerabilidad física, baja instrucción o salud deteriorada y afiliarlas sin su consentimiento.
Las fichas partidarias revisadas para esta causa estaban acompañadas por fotocopias de DNI, todas certificadas por Rodríguez. Jóvenes del partido habrían sido convocados para rellenar las planillas falsificando las firmas, tomando como modelo esos documentos.
Formalmente, los avales correspondían al partido SOI (Sociedad Organizada Independiente), una agrupación con la que Rodríguez superó ―de manera presuntamente irregular― las 4 mil afiliaciones requeridas para obtener la personería jurídico política de distrito y así competir en las elecciones para cargos nacionales. Una vez conseguido el objetivo, el dirigente chaqueño cambió el nombre por el actual, tras ser autorizado por Karina Milei, titular de La Libertad Avanza a nivel nacional.
De manera aparentemente paradójica, mientras se materializaban afiliaciones apócrifas, se bloqueaba el ingreso de nuevos afiliados reales. La sospecha apunta a que el objetivo de Rodríguez era blindar su rol como presidente y obturar cualquier disidencia interna.
En los últimos meses, la fiscalía convocó a 60 personas tomadas al azar de la lista oficial de afiliados. De los 45 testigos que finalmente declararon, 40 afirmaron nunca haberse afiliado.
Los casos
Las historias que surgen de esos testimonios son contundentes. Página/12 pudo conocer el contenido de las declaraciones de varias personas incluidas en la nómina de afectados. La hija de un testigo declaró que su padre padece demencia senil y está en un geriátrico, y que su pulso no es firme como se visualiza en la ficha de afiliación. Otro caso involucra a una persona que sufrió un ACV, lo que le impide caminar desde hace dos años.
Un artesano jubilado, peronista de toda la vida, se sorprendió al enterarse que figuraba en las filas libertarias. Un mecánico jubilado descubrió su supuesta militancia en La Libertad Avanza navegando por Internet.
La lista de casos incluye a una mujer de 75 años con Parkinson, un hombre de 71 que no sabe leer ni escribir, y una jubilada de 78, también analfabeta. Todos coincidieron: no firmaron nada y no sabían que integraban la estructura partidaria libertaria.
Con todo, el fiscal Sabadini señaló que la conducta presuntamente desplegada por Rodríguez, por su gravedad, no solo afectan su función como presidente de LLA en la provincia, sino también su rol como delegado de ANSES, donde tiene acceso a bases de datos sensibles de todos los ciudadanos de la región. En lugar de velar por la custodia y correcto uso de esta información “tomó el camino opuesto que es utilizarlos para fines personales, quizás con ansias de una eventual expectativa política en dicho espacio o bien de puro servicio hacia el mismo”, señaló.
De la investigación se advierte además que Rodríguez no habría actuado solo. Varios testigos señalaron que un grupo de personas de su entorno colaboró con las maniobras: transportaban fajos de fotocopias de DNI hasta la sede del partido, donde se falsificaban las fichas. Uno de los apuntados es Alfredo Moreno, actual tesorero de LLA en Chaco y coordinador administrativo del PAMI. No solo habría participado del armado de las fichas, sino que también estaría implicado en la recaudación de aportes partidarios extorsivos a empleados de los organismos nacionales, bajo amenaza de despidos o freno en sus ascensos.
Antes de que estalle el escándalo judicial, los desmanejos partidarios llegaron a oídos de la cúpula libertaria. Ileana Leticia Aguirre, vicepresidenta de LLA en la provincia y segunda de Rodríguez, declaró ante la fiscalía local que le advirtió en reiteradas ocasiones a Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) y a su primo Eduardo “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) sobre lo que pasaba en el partido. Lo hizo por mensajes directos a través de WhatsApp e Instagram. Nunca recibió una respuesta.
